El 26 de septiembre el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, presentó ante el Congreso un proyecto de ley con el objeto añadir el artículo 315-B al Código Penal, aprobado por Decreto Legislativo N° 635, con la finalidad de definir, prevenir y sancionar el delito de terrorismo urbano en el territorio de la República del Perú y sancionar a los infractores con penas que van de 20 a 30 años de prisión.

El proyecto de ley añade el artículo 315-8 al Código Penal, aprobado por Decreto Legislativo N’ 635, el mismo queda redactado bajo la siguiente fórmula legal: «Artículo 315-11 — Terrorismo Urbano El que, mediante el porte o utilización de armas de fuego, granadas y/o explosivos; comete los delitos prescritos en los artículos 108-C, 152, 189, 200, 297, 315, 317 y 317-B del presente Código Penal, será reprimido conforme lo establecido en el Decreto Ley N° 25475».

El proyecto del alcalde limeño, afirma que el Estado adoptará las medidas preventivas necesarias para evitar actos de terrorismo urbano, en coordinación con las entidades pertinentes y el procedimiento para la persecución del delito de terrorismo urbano y sus formas agravadas se regirá por lo dispuesto en el Decreto Ley N° 25475.

Refiere asimismo que se modifican los artículos 2 y 3 del Decreto Ley N’ 25475, Ley que establece la penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la investigación, la instrucción y el juicio, los mismos quedan redactados bajo la siguiente fórmula legal:

Descripción típica del delito. El que provoca, crea o mantiene un estado de zozobra, alarma o temor en la población o en un sector de ella, realiza actos contra la vida, el cuerpo, la salud, la libertad y seguridad personales o contra el patrimonio, contra la seguridad de los edificios públicos, vías o medios de comunicación o de transporte de cualquier índole, torres de energía o transmisión, instalaciones motrices o cualquier otro bien o servicio, empleando armamentos, materias o artefactos explosivos o cualquier otro medio capaz de causar estragos o grave perturbación de la tranquilidad pública o afectar las relaciones internacionales o la seguridad de la sociedad o de cualquier Estado, y los hechos tipificados en el artículo 315-8 del Código Penal, aprobado por Decreto Legislativo N° 635, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de veinte años.

Asimismo, Penas Privativa de Libertad no menor de treinta años: En el caso de quien corneta los hechos prescritos en el artículo 315-8 del Código Penal, aprobado por Decreto Legislativo N° 635, si a consecuencia de esto se causa la muerte o lesiones graves a personas, se realiza utilizando armas químicas o biológicas, y/o implica la toma de rehenes.