La congresista Patricia Juárez el 25 de agosto, presentó el proyecto de reforma constitucional por el cual pretende modificar el literal f del inciso 24 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú sobre derechos fundamentales de la persona.

Concretamente su propuesta legislativa propone la siguiente redacción: “Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito. La detención no durará más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las investigaciones y, en todo caso, el detenido debe ser puesto a disposición del juzgado correspondiente, dentro del plazo máximo de setenta y dos horas o en el término de la distancia.

Estos plazos no se aplican a los casos de terrorismo, espionaje, tráfico ilícito de drogas y a los delitos cometidos por organizaciones criminales. En tales casos, las autoridades policiales pueden efectuar la detención preventiva de los presuntos implicados por un término no mayor de quince días naturales. Deben dar cuenta al Ministerio Público y al juez, quien puede asumir jurisdicción antes de vencido dicho término”.

En la exposición de motivos del proyecto de reforma constitucional de la congresista Juárez, afirma que la inseguridad ciudadana es uno de los mayores problemas que afecta a la población peruana y a pesar de los esfuerzos del gobierno y de la sociedad civil, los índices de criminalidad en el país siguen siendo alarmantes.

Menciona que los departamentos de Puno, Madre de Dios, Tacna, Cusco, Junín, Arequipa y Lima Metropolitana son los departamentos con alto número de personas que han sido víctimas de al menos un hecho delictivo. Agrega que, en algunos casos, los detenidos pueden ser puestos en libertad debido a la limitación de tiempo para llevar a cabo una investigación completa. Esta situación puede ocurrir en casos de detención por flagrancia, donde las autoridades deben resolver rápidamente la situación, pero a veces se enfrentan a la complejidad del delito y la necesidad de recopilar pruebas adicionales.

Como resultado, el plazo de detención se agota antes de completar una investigación exhaustiva, lo que puede llevar a la liberación del detenido mientras continúa la investigación en curso para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad penal.

La parlamentaria fujimorista sostiene que, con su proyecto de reforma constitucional, se busca abordar una de las limitaciones que actualmente enfrenta la Policía Nacional del Perú en la realización de investigaciones, una situación que claramente se considera insuficiente. El objetivo principal es fortalecer el marco legal y otorgar mayores facultades a las fuerzas de seguridad para llevar a cabo indagaciones más efectivas y eficientes en la lucha contra la delincuencia. Al superar estas restricciones, se aspira a mejorar significativamente la capacidad de respuesta de las autoridades frente a los delitos, garantizando así una justicia más pronta y adecuada para la ciudadanía.

Finalmente, Juárez, remarca que la reforma constitucional tiene como objetivo principal abordar la problemática de la inseguridad ciudadana, que actualmente se encuentra en niveles preocupantes debido al aumento de los actos delictivos. Incrementar el plazo de detención de 48 horas a 72 horas permitirá a la Policía Nacional del Perú realizar indagaciones más exhaustivas, recopilar pruebas adicionales y llevar a cabo un trabajo investigativo más riguroso antes de poner a disposición del Ministerio Público a los sospechosos.