La Defensoría del Pueblo mediante su titular, Josué Gutiérrez, presentó el Balance del Cumplimiento de las Recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación el cual da cuenta de las recomendaciones cumplidas y las tareas pendientes en materia de reparaciones, personas desplazadas, búsqueda e identificación de las personas desaparecidas, ausencia por desaparición forzada y procesos judiciales, esperados por los familiares de las víctimas de la violencia que vivió el país entre los años 1980-2000.

Si bien el Estado realizó esfuerzos para cumplir con las recomendaciones del Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), estos no han sido suficientes. De los 47 informes jurídicos que entregó la CVR, que se convirtieron en 53 casos, 23 cuentan por lo menos con una sentencia condenatoria, 8 con sentencias absolutorias y 22 están pendientes de un pronunciamiento por parte de la administración de justicia. Identificándose como los principales problemas: el paso del tiempo, dificultades en las investigaciones y demora de los procesos, casos de revictimización, así como problemas para garantizar una tutela jurisdiccional efectiva y el cumplimiento de las sentencias.

Esto aunado al mínimo avance en la reparación en educación (7 %) y vivienda (7.6 %); a la falta de presupuesto para la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio Público, el Instituto de Medicina Legal y el Equipo Forense Especializado para realizar la búsqueda e identificación de las personas desaparecidas, se verifica que aún hay una gran deuda pendiente con este grupo vulnerable, señala el documento presentado hoy por el Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor.

Por ello, desde la Defensoría del Pueblo se contribuirá en la creación de la “Política Nacional de Reparación para las víctimas del periodo de violencia 1980-2000”, la “Política de Búsqueda de Personas Desaparecidas”, la “Política de Memoria” y la aprobación de la “Estrategia para la prevención, protección y atención integral de las personas desplazadas internas”, con presupuesto propio. Documentos que son necesarios para que las instituciones involucradas cumplan con su labor, de acuerdo a lo establecido en las normas.

De igual manera, se trabajará de manera coordinada con el Ministerio Público, la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Instituto de Medicina Legal, el Equipo Forense Especializado y el CICR, para la elaboración de una propuesta normativa que permita facilitar la identificación de las personas desaparecidas, a fin de cerrar el círculo de dolor de los familiares, que continúan esperando una respuesta del Estado.

La presentación del Balance del Cumplimiento de las Recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación contó con la presencia de representantes del Ejecutivo, Ministerio Público, de los ex comisionados de la CVR, entre otros invitados.