La congresista Jackelyn Ugarte presentó el proyecto de ley que tiene como finalidad fortalecer la transparencia y acceso a la información pública por la ciudadanía para combatir la corrupción y fomentar un gobierno de datos abiertos, para lo cual pretende se modifique el artículo 4° de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual queda redactada en los siguientes términos:

«Artículo 4.- Responsabilidades y Sanciones. Los funcionarios o servidores públicos que incumplieran con las disposiciones a que se refiere esta Ley serán sancionados por la comisión de una falta grave, debiendo ser denunciados penalmente por la comisión de delito de Abuso de Autoridad a que hace referencia el Artículo 377 del Código Penal y bajo los alcances del Decreto Legislativo N° 1194, Decreto Legislativo que regula el Proceso Inmediato en Casos de Flagrancia. La obligación de denunciar, bajo sanción administrativa grave y denuncia penal por la comisión de delito de Omisión de Denuncia a que hace referencia el Artículo 407 del Código Penal, recae en la segunda instancia administrativa en el supuesto de cosa decidida o la instancia judicial respectiva en el cual se adquirió la condición de cosa juzgada. En ambos casos, debe demostrarse el incumplimiento de la presente ley”.

En la exposición de motivos del proyecto de ley, la congresista Ugarte, sostiene que el Tribunal Constitucional ha señalado en el expediente 1797-2002-HW-1-C que este derecho de acceso a la información pública es un pilar del régimen democrático, en tanto permite el ejercicio de otras libertades fundamentales, como la libertad de investigación, opinión y expresión. En esta línea, la Corte Interamericana de Derechos Humanos indica que, en una sociedad democrática, existe «la presunción de que toda información es accesible, sujeto a un sistema restringido de excepciones» (Corte IDH. Caso Claude Reyes y otros vs Chile).

Ugarte, refiere que el Informe Defensorial N° 96, la transparencia sobre la información pública ayuda a prevenir la corrupción y a aumentar la confianza de la ciudadanía en sus autoridades. Es así que del articulado se puede verificar que existe una posibilidad de denuncia, sin embargo, dicha fórmula legal genera un desincentivo a las entidades públicas, pues, al no existir una sanción penal, se cae en impunidad; generando un modus operandi en el cual se alargan los procesos de entrega de información pública, generando mayor carga procesal al Poder Judicial y lesionando el derecho fundamental de acceso a la información pública de la población sin ninguna sanción penal ejemplar, pues, de verificarse el incumplimiento de la normatividad, si el ciudadano no denuncia, nadie está obligado a realizarlo, reforzando la impunidad.

La categoría de impunidad admite muchas lecturas e interpretaciones, aunque su núcleo duro es claro y evidente: la impunidad es la situación de dejar sin castigo un delito cometido. Se encuentra en situación de impunidad la persona autora de un delito que no recibe el castigo establecido por la norma para esa transgresión; también aquella que recibe una pena menor que la que la justa aplicación de la ley implicaría. Además, la impunidad conlleva un daño para las víctimas de los delitos no castigados, pues la deseada reparación del daño que establece la justicia retributiva jamás llega para ellas; y en su acumulación social, la existencia y escalamiento de la impunidad implican también una degradación para el Estado de derecho, para las condiciones de certidumbre legal y, en definitiva, para la esfera pública.

Según la congresista Ugarte, la situación descrita previamente conlleva a ver que, tanto a nivel jurisprudencial, como legal, existe una laguna jurídica respecto a la obligación de denunciar por el incumplimiento de la normativa sobre transparencia y acceso a la información pública; lo que genera impunidad y vulnera los derechos fundamentales de los ciudadanos. Es así que la presente iniciativa genera un incentivo para el cumplimiento para la cita norma legal que tendrá un impacto positivo en el gobierno abierto y la lucha contra la corrupción.