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El lunes 17 de julio el congresista Wilson Soto del grupo parlamentario, Wilson Soto, presentó el proyecto de ley por el cual pretende se declare de interés nacional la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y el retiro de la Competencia Contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conforme lo establece el artículo 78 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 57 de la Constitución Política del Perú.

En la sustentación de motivos del proyecto de ley, Soto, afirma que la Carta Fundamental, en su artículo 140, expresa que, «La pena de muerte solo puede aplicarse por el delito de traición a la patria en caso de guerra, y el de terrorismo, conforme a las leyes y o los tratados de los que el Perú es parte obligada».

Sin embargo, no se cuenta con evidencia de la aplicación de dicha sanción a algún ciudadano desde la vigencia de la Constitución Política de 1993. Afirma que existen algunas conductas que podría ser calificadas o tipificadas como actos de terrorismo para los ciudadanos por la magnitud y la gravedad, debido a que permanentemente vienen poniendo en situación de zozobra a la sociedad y al Estado, sin hallarse mecanismos adecuados y efectivos para disminuidos o erradicados.

Agrega que desde muchos años atrás, se viene impulsando la necesidad de presentar proposiciones y legislar sobre la imposición de la pena de muerte para los delincuentes que afecten los bienes jurídicos que son considerados los más importantes para la Nación; sin embargo, debido a que el Perú suscribió la aceptación del sometimiento a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y a la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ello no es posible.

El parlamentario sostiene  que hoy en día el Perú atraviesa una situación difícil y grave de inseguridad ciudadana que se ha desbordado y las diferente instituciones públicas y privadas encargadas de proteger a la población no se abastecen, debido al incremento de la actividad delictiva que a diario atentan contra la vida, la integridad física, psicológica y el patrimonio, no solo de los ciudadanos y entidades privadas; sino también, de los agentes policiales y de los poderes y órganos constitucionales autónomos del Estado; por ello, se hace necesario plantear la evaluación de la permanencia dentro de los alcances de la Convención y el sometimiento a la competencia contenciosa de la Corte.