Andina

En 27 de junio el ciudadano Andy Vilca Huamán, interpuso ante el IV Juzgado Constitucional de Lima una demanda constitucional de habeas corpus contra la resolución judicial por vulneración al debido proceso convencional y constitucional vinculado a la libertad individual a favor de la ciudadana Betsy Chavez Chino.

Vilca Huamán solicita se declare fundada la demanda al haberse acreditado la vulneración del derecho constitucional a la motivación, por contravenir las sentencias del Tribunal Constitucional de los expedientes 4780-2017-PHC, 502-2018-PHC/TC, 2534-2019/PHC/TC, 03248-2019-PHC/TC y 00047-2022-PHC/TC. Asimismo, por contravenir el recurso de casación 50-2020-TACNA que tuvo como ponente a Cesar San Martin. En consecuencia, se declare nula la ejecutoria suprema del 20 de junio del 2023 expedido por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema que contiene el recurso de apelación 133-202 y se disponga la libertad inmediata de Betsy Chavez Chino.

El ciudadano en la argumentación jurídica, afirma que se ha violado el derecho constitucional y convencional al debido proceso a la motivación de resoluciones judiciales (motivación inexistente) regulado en el inciso 3 del artículo 139 de la Constitucion vinculado a la libertad individual de la beneficiaria. Agrega que se ha violado gravemente el artículo VI del Título Preliminar del Nuevo Estatuto Procesal Constitucional referido a que los jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales conforme a la interpretación que resulté de las resoluciones del Tribunal Constitucional al contravenir varias sentencias de dicho órgano constitucional autónomo.

Asimismo, por contravenir el recurso de casación 50-2020/Tacna que tuvo como ponente al juez Cesar San Martin, que señala que “el arraigo, debe ser entendido como el establecimiento de una persona en un lugar por su vinculación con otras personas o cosas. La falta de arraigo no comporta por sí misma un peligro de fuga, pero si permite presumirlo cuando se combina con la gravedad del delito y otros factores relevantes”. La demanda se presenta contra los jueces supremos César San Martin, Manuel Lujan, Maria Altabas, Ivan Sequeiros y Norma Carbajal.