IDL

El Pleno del Congreso en sesión del jueves 15 de junio aprobó por 73 votos la resolución legislativa que declara haber lugar a la formación de causa penal contra la exlegisladora Luciana León Romero, por ser presunta autora de los delitos de tráfico de influencias agravado, cohecho pasivo impropio y peculado doloso en agravio del Estado.

Fue la congresista Lady Camones, quien sustentó la acusación que se basa en la denuncia formulada por la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera, el pasado 11 de marzo del 2022, tuvo todas las garantías de procedimiento y el derecho a la defensa, donde dijo que la Denuncia Constitucional N.° 240 identificó los supuestos delitos de los que se acusa a la exparlamentaria y los corroboró con evidencias presentadas.

Por su lado, Susel Paredes Piqué refirió que se atribuye a la denunciada haber gestionado en favor de la Municipalidad de La Victoria el financiamiento de obras públicas entre los años 2017 y 2018 y para eso habría hecho gestiones ante funcionarios de los ministerios de Economía y Finanzas; y Vivienda, Construcción y Saneamiento, para después direccionar la ejecución de las obras a consorcios o empresas vinculadas a Alexander Peña Quispe, presunto líder de la organización criminal “Los intocables ediles de La Victoria”.

Se le atribuye asimismo a Luciana Leon haber recibido sumas de dinero a cambio de sus gestiones, y haber contratado a “trabajadores fantasmas” para recibir su remuneración en beneficio propio.
Paredes Piqué aludió a mensajes de chat a través de su celular en los que se registraría la verosimilitud de los hechos denunciados.

Asimismo, el Congreso con 60 votos a favor, aprobó por mayoría, el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presidido por la congresista Lady Camones (APP) respecto de la denuncia constitucional formulada contra el exministro del Interior, Juan Carrasco Millones, por los presuntos delitos de aceptación indebida del cargo y falsedad genérica, previstos en los artículos 381 y 438 del Código Penal, respectivamente.

La representación nacional rechazó la recomendación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que planteaba la inhabilitación por cinco años de Carrasco Millones, para ejercer cargo público alguno, por infracción de los artículos 43, 45, 126 (segundo párrafo), 146, 153 y 158 de la Constitución.

Tras la sustentación del caso, el documento alcanzó 52 votos a favor, diecisiete en contra y diez abstenciones. Previo al debate, Jorge Zúñiga Escalante, defensor del exministro Carrasco Millones, solicitó la reprogramación del debate y votación de la denuncia argumentando que el extitular del Interior, en su calidad de abogado, debía atender una audiencia judicial en La Libertad.

El presidente del Parlamento, José Williams Zapata, expresó que el exministro fue notificado válidamente y no ha cumplido con presentarse ante el Pleno del Parlamento a ejercer su derecho, “por lo que la Mesa (Directiva) califica su inasistencia como injustificada” y dispuso la continuidad del debate.

La congresista Patricia Juárez Gallegos, de Fuerza Popular, sustentó la denuncia e indicó que Carrasco Millones, aceptó su designación como ministro del Interior, pese a ser fiscal superior titular provincial en Chiclayo, por lo que incurrió en el presunto delito de aceptación indebida de cargo, alteró la verdad con la intención de beneficiarse, tenía pleno conocimiento que no podía ser ministro de Estado, mientras no se le aceptara su renuncia como fiscal superior, enfatizó la legisladora.