Diario Chaski

El gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, mediante oficio dirigido al Contralor General de la República, Nelson Shack, solicitó la intervención inmediata del órgano de control nacional para que audite los primeros cuatro meses de gestión regional del año 2023.

En el oficio Sánchez, sostiene que en las últimas semanas ha sido objeto de cuestionamientos respecto a presuntos actos de corrupción, hechos con los cuales se pretende afectar la estabilidad funcional de la institución regional, por lo que solicita la intervención inmediata de la Contraloría General de la República, a fin de que se realice la respectiva auditoría.

El gobernador señala que con esos hechos se pretende afectar la estabilidad funcional de la institución, puesto que dichas denuncias se hicieron a través de algunos medios de comunicación, sin pruebas concretas y que incluso, han involucrado a su familia, por lo que solicita al Contralor Shack realice la respectiva auditoría sobre la adquisición de bienes y servicios menores a 8 UIT, en todas las Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional de Arequipa.

El gobierno regional informó que el 15 de mayo el gerente regional de Control II de la sede de la Contraloría en Arequipa, Hugo Alonso Ponce Cámara; respondió que dicha solicitud será derivada a los Órganos de Control Interno (OCI) que están en la sede central de la entidad regional, así como en las gerencias de Educación, Salud, la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema) y la UGEL Sur, para que adopten las acciones correspondientes.

Al medio dia del martes 16 de mayo, dos fiscales de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Arequipa intervinieron el local de la Gerencia Regional de Producción para recabar información sobre el presunto delito de negociación incompatible donde se involucraría a autoridades regionales y trabajadores de dicha dependencia regional. La acusación sería que en dicha gerencia regional laborarían personal sin tener contrato ni reunir el perfil a los puestos asignados que ordena la legislación y reglamentación vigente en las entidades estatales.