El Congreso por 102 votos a favor aprobó el informe final de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, con facultad investigadora, que recomienda formular acusación constitucional y remitir el informe final a la Fiscalía de la Nación, contra el expresidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo, la exministra de Economía, María Antonieta Alva Luperdi y María Elizabeth Hinostroza Pereyra, exministra de Salud.

Según el informe, se formula acusación constitucional contra dichas ex autoridades gubernamentales por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión, en agravio del Estado peruano, ilícito penal tipificado en el artículo 384″ del Código Penal.

Sobre el caso de negociación, adquisición, distribución e inoculación de vacunas contra la COVID-19, el informe recomienda remitir el resultados de las indagaciones obtenidas, a la Fiscalía de la Nación, a fin de que promueva o continúe las investigaciones preliminares contra Martín Vizcarra Cornejo, en su calidad de expresidente de la República, Pilar Elena Mazzeti Soler, en su calidad de exministra de Salud y Esther Elizabeth Astete Rodríguez, en su calidad de exministra de Relaciones Exteriores, por la presunta comisión de los delitos contra la administración pública en la modalidad de concusión y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.

Sobre la adquisición y suministro de oxígeno medicinal, recomienda que se modifique la ley N° 26842, Ley General de Salud, a efectos de que el procedimiento de otorgamiento del registro sanitario, para efectos de su fabricación, importación, almacenamiento, distribución, comercialización, dispensación y expendio, esté sustentado en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.

En relación a la adquisición de estructura metálica y equipamiento para el sector salud, recomienda al Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) implementar directivas y/o plataformas que coadyuven a los funcionarios públicos a una mejor toma de decisiones en la selección de proveedores en caso de «situación de emergencia» comprendidos en los procesos de contratación directa-artículo 1000 del TUG de la Ley de Contrataciones del Estado.

Fue el congresista Héctor Ventura Ángel (FP) presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, quien sustentó la acusación y aclaró que su grupo de trabajó en base a sus atribuciones y funciones dadas por el Pleno, realizó actos de indagación y actos previos a la investigación. Respecto al informe, acotó que la escala y la complejidad en el desarrollo de la investigación sobre las líneas de investigación se encontrarían implicados diferentes altos funcionarios del aparato estatal, por presuntas irregularidades cometidas en el ámbito de la contratación pública y otros.