La Contraloría a través del informe especifico 002-2022 suscrito por Angélica Andrade Herrera, Jefa de Control Institucional de Socabaya, detectó que tres funcionarios de la Municipalidad Distrital de Socabaya, cometieron diversas irregularidades en la adquisición de tres camiones compactadores de 21 m3, ya que de acuerdo a las bases de la licitación pública, recepcionaron los bienes y documentación de parte de la empresa contratista 121 días después del plazo que venció el 21 de enero del 2021 y pese a ello, el Jefe de Abastecimientos otorgó opinión favorable para la devolución de la carta fianza sin el debido sustento y sin aplicación de la penalidad que correspondía al municipio que dejó de percibir 207 mil 870 soles.

El informe da cuenta que la Municipalidad Distrital de Socabaya convocó a Licitación Pública 004-2020 para adquirir tres camiones compactadores de 21 m3 para mejorar el sistema integral de residuos por 2 millones 075 mil 700 soles a solicitud del gerente de gestión ambiental y servicios públicos, así como la documentación correspondiente a placas de rodaje, SOAT y tarjetas de propiedad, implementos de seguridad y capacitación del personal, con plazo de entrega de bienes de 30 días y de otros 30 días de la entrega de documentación una vez otorgada la conformidad de los bienes, lo que no se cumplió en las fechas programadas por parte de la empresa contratista.

Los responsables de las irregularidades según el informe de Contraloría, son el gerente de gestión ambiental y servicios públicos, el jefe de la unidad de abastecimientos y la jefa de la unidad de tesorería, quienes habrían incurrido en presunta responsabilidad administrativa funcional y presunta responsabilidad civil, ya que incumplieron obligaciones establecidas en la Ley de Procedimiento Administrativo General y el reglamento de la ley de contrataciones del Estado, perjudicando a la Municipalidad de Socabaya ya que se dejó de percibir 207, 870 soles.

Entre las recomendaciones del informe de control, se señala que el alcalde distrital debe deslindar las responsabilidades que corresponden a los funcionarios y trabajadores, mientras que el órgano instructor debe realizar el procesamiento a los funcionarios en los hechos observados, en tanto  que el Procurador Publico de la Contraloría debe iniciar acciones civiles contra los funcionarios por inaplicación de penalidad de mora ante el retraso injustificado en la entrega de bienes que dejo de percibir con la finalidad que se determinen las responsabilidades que correspondan.