La congresista Tania Rodríguez Garcia de la bancada parlamentaria de Fuerza Popular, presentó el proyecto de nueva ley de rondas campesinas que tiene 13 artículos que en su disposición complementaria establece que cada 29 de diciembre se celebra el dia de las rondas campesinas. El proyecto afirma que, en los últimos años, el derecho a la seguridad, la paz y la propiedad de los peruanos se han visto constante y permanentemente amenazas, vulneradas ya que los datos publicados por el INEl dan cuenta sobre la evolución de las denuncias por la comisión de delitos entre los periodos 2012-2018 se incrementaron en casi 100%.

En el 2012 las denuncias por delitos alcanzaron las 271,813 denuncias, sin embargo, este número en el año 2018 se incrementó en 466,088 denuncias, decir en el año 2018 se incrementaron las denuncias en un 71,4% con respecto del año 2012. En cuanto a los delitos contra el patrimonio tenemos que dentro del mismo periodo pasamos de 185,357 denuncias en 2012 a 313,542 en 2018, es decir en el año 2018 se incrementaron las denuncias en un 59,1% con respecto del año 2012.

Estadísticas sobre criminalidad en el 2018 señalan que las denuncias en el Ministerio Público alcanzaron a 879,519 mil. A nivel del poder judicial al 2018 se tenían 394,227 mil procesos ingresados, 426,124 mil procesos resueltos, 535,841 mil causas pendientes y 92,740 mil sentencias condenatorias. En el año 2019, la Contraloría General de la República publicó un documento intitulado «Informe consolidado del operativo: seguridad ciudadana, servicios de seguridad ciudadana ejecutadas por las comisarías básicas de la policía nacional del Perú y de los gobiernos locales».

La congresista Rodríguez sostiene que, en promedio en el Perú, tenemos que por cada 746 habitantes existe un (1) efectivo policial. Es decir, 12 regiones están lejos del promedio como son los casos de La Libertad, Madre de Dios, Callao, Lima, Huánuco, Cajamarca, Loreto, Ucayali, Ancash, Lambayeque, Puno y Huancavelica. Al déficit en efectivos policiales hay que añadirle el déficit en cuanto a los patrulleros para brindar el servicio de patrullaje.

El déficit en efectivos policiales y de patrulleros se suma la precariedad y la no conexión de las comisarias con mayor incidencia al interior del país, el alto porcentaje de inoperatividad de equipos tecnológicos, que condicionan la eficiencia en el servicio de atención al ciudadano y por lo tanto abonan en el incremento de la criminalidad, pues a menor efectivos policiales, menor patrullaje y ausencia de interconexión de las comisarias mayores la probabilidad de incremento del crimen y su no sanción. El informe señala por ejemplo que el 47,5% de computadores y laptop en las comisarías de Tumbes están inoperativas, la región Ica ocupa el segundo lugar con un 40,8% de inoperativa de los equipos.

El proyecto de ley agrega que la ausencia de las rondas campesina en el sistema organizacional de la seguridad ciudadana y lamenta que aun siendo las rondas campesinas las únicas instituciones encargadas de garantizarla paz y convivencia social en lugares en donde el Estado no está presente, estas no estén consideradas en toda la estructura que conforman el sistema de seguridad ciudadana. Lamentablemente la Ley N° 27908 – en adelante la ley de rondas campesinas – y sus modificaciones posteriores, así como su reglamento se han mostrado incapaces al momento de garantizarle a las rondas campesinas mecanismos de protección y garantías para el mejor desarrollo de sus funciones.

Según el documento estadísticas municipales, al año 2017 de un total de 1851 municipalidades, el 92.1% daban cuenta de la existencia de 6,236 rondas campesinas, 1,660 rondas urbanas y 988 comités de autodefensas registradas ante las municipalidades, de las cuales estas daban cuenta de su labor en pro de la seguridad. Tanto la Ley de Rondas Campesinas como su reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 025-2003-JUS establecen una relación de coordinación y de apoyo mutuo entre las rondas campesinas y la policía nacional del Perú, es decir, en el cumplimiento de sus funciones y siempre que exista un hecho delictivo, las rondas campesinas y los miembros de la PNP se deben auxilio mutuo dentro de la jurisdicción en donde actúan las rondas.

El proyecto de ley propone ser un documento que retome el debate sobre el verdadero rol de las comunidades campesinas y las rondas campesinas que subyacen a ellas, en la conservación de la paz y la justicia comunal y por lo tanto del país, esta propuesta es el primer insumo para reabrir la discusión sobre la verdadera delimitación de la jurisdicción y la competencia de la justicia ronderil. La congresista Rodríguez indica que se necesita que la justicia ronderil sea fortalecida en su forma y su fondo, necesitamos crear incentivos para que nuestros ronderos sigan dándonos la protección y la seguridad que los ciudadanos de las zonas en donde el Estado no tiene presencia policial nos merecemos. Es urgente revalidar la importancia de los hombres y mujeres ronderas del Perú, que las organizaciones ronderiles tengan voz y voto en todos los niveles del sistema nacional de seguridad ciudadana.