El gobierno de Dina Boluarte tiene plazo hasta el miércoles 12 de junio para que responda oficialmente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos la posición oficial del gobierno peruano respecto a la aprobación en primera votación del proyecto de ley que acordó el Congreso de la ley de amnistía que establece la prescripción de crímenes de lesa humanidad registrados antes del año 2001, según el proyecto presentado por el congresista Jorge Montoya y otros.

Sucede que el 07 de junio, un grupo de familiares de las victimas de las matanzas de La Cantuta Barrios Altos hicieron una petición a la presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde dichas personas solicitan que dicho organismo internacional adopte medidas provisionales para proteger sus derechos y exigen que el tribunal de derechos humanos intervenga para frenar el tramite legislativo del proyecto de ley 6951/2023 conocido como “ley de amnistía” que permite que delitos de violación a derechos humanos sean declarados prescritos.

El documento remitido por la CIDH al gobierno de Boluarte, señala que, “Por medio de la presente se acusa recibo a la representación de las víctimas del escrito del 7 de junio de 2024 (…) siguiendo las instrucciones de la presidenta de la Corte y en aplicación del artículo 27.5 del reglamento del Tribunal, se solicita al Estado y a la Comisión IDH que, a más tardar el 12 de junio 2024, presenten sus observaciones a esta solicitud de medidas provisionales”.

El temor de los familiares de las víctimas de violación de derechos humanos es que el proyecto de ley aprobado en primera votación, sea sometido a segunda votación en el Congreso el jueves 13 de junio, por lo que solicitan que la presidenta Boluarte interrumpa el tramite legislativo y se abstenga de promulgar dicha norma legal.

Las bancadas parlamentarias de extrema derecha que promueven el proyecto de ley con el argumento de querer  “clarificar la aplicación y los alcances del delito de lesa humanidad y de crímenes de guerra en la legislación peruana”, pretenden que el Poder Judicial, bajo advertencia de ser sancionado por no adoptar esta ley, anule los procesos, investigaciones, juicios y demás casos iniciados, culminados y con sentencia, no solo de militares sino también de terroristas, lo que contradice sentencias de la CIDH y viola varios artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos.