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La congresista María Agüero el 23 de mayo presentó el proyecto de ley por el cual pretende se elimine los privilegios de defensa y asesoría legal de funcionarios y asesoría legal de funcionarios y servidores públicos denunciados y/o procesados por actos u omisiones en el ejercicio de sus funciones.

La propuesta legislativa propone derogar el literal I) del artículo 35 y la segunda disposición complementaria final de la Ley N° 30057 Ley del Servicio Civil relativos a otorgar defensa y asesoría legal, asesoría contable, económica o afín, con cargo a los recursos de la entidad para su defensa en procesos judiciales, administrativos, constitucionales, arbitrales, investigaciones congresales y policiales, ya sea por omisiones, actos o decisiones adoptadas o ejecutadas por los funcionarios y servidores públicos en el ejercicio de sus funciones.

En la exposición de motivos del proyecto de ley, Agüero señala que según el Anuario Estadístico 2021 la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de funcionarios informaron que las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de funcionarios durante el año 2021, lograron realizar 848 sentencias, de las cuales 651 (76.77%) tuvieron sentencias condenatorias, mientras que se reportaron 197 (23.23%) consiguieron sentencias absolutorias.

Estos datos confirman que tres de cuatro funcionarios procesados fueron encontrados responsables de delitos de corrupción; es decir que se verifica la insostenible y aberrante situación que el Estado en tanto agraviado financia la asesoría y defensa legal de los perpetradores de esos delitos. Asimismo, la Contraloría General de la República determinó que el perjuicio al Estado por corrupción fue del orden de S/. 11,580,217,388, ello en base a la data que proviene de dos fuentes principalmente, el Sistema de Auditoría Gubernamental (SAGU) de la Contraloría General de la República y del Sistema Integrado de Administración Financiera — SIAF, a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas.

La congresista Agüero señala que esta situación justifica el proyecto de ley para poner término a los privilegios de defensa legal y similares en favor de funcionarios acusados y procesados en distintos ámbitos por infracciones, irregularidades y delitos de corrupción.