En Estados Unidos de América existe la venta libre de armas, inclusive propias de guerra, por eso hay tantas tragedias y delincuencia. Se permite ahora en el Perú normas legales para facilitar los procesos por legítima defensa cuando se usan armas.

El tráfico de armas, inclusive granadas y armas de última data y fabricación reciente, es grave. Una de las medidas para evitar la delincuencia es perseguir este delito de tráfico ilegal de armas. Es labor de la Policía Nacional del Perú. Inclusive el ex presidiario Alberto Fujimori Fujimori vendía armas a los terroristas de las FARC en Colombia, y es posible que el partido político fujimorista vinculado al tráfico ilegal de armas, sea el artífice de esta ley sobre la legítima defensa, que prolifera el uso de armas para defenderse.

La política contra la delincuencia debe ser la erradicación de armamento, restringir la venta de armas y perseguir implacablemente el tráfico ilegal de armas. La ley sobre legítima defensa va a aplicarse a los delincuentes, que son los primeros en acogerse a la impunidad delictiva.

Si las armas sólo las usaran la policía y fuerzas armadas, el país no tendría delincuentes armados. Esto demuestra que el servicio de inteligencia no logra sus objetivos o también está corrupto.

El Congreso de la República también ha dado una ley sobre explosivos como la dinamita en las minas, que ya no tiene el control suficiente, y permite a la delincuencia derribar torres de electricidad y amedrentar con explosiones a colegios y negocios que son extorsionados. Podemos apreciar entonces que los Congresistas en su mayoría apoyan las mafias de tráfico ilegal de armas y explosivos, dando leyes inadecuadas.

Javier Azalgara Neyra – Abogado