Foto del GRA

El delito de extorsión está tipificado en el Código Penal del Perú en el artículo 200, que señala, en resumen, “El que mediante violencia o amenaza obliga a una persona o institución pública o privada a otorgar al agente o a un tercero, de una ventaja económica indebida u otra ventaja de cualquier otra índole será reprimido con pena privativa de libertad no menor de diez ni mayor de quince años”.

Preguntamos al Sr. Gobernador Sánchez. ¿Quién o quienes lo han presionado o amenazando a usted personalmente? ¿Cuánto le han pedido y a qué medio de comunicación pertenecen los extorsionadores? ¿Desde cuándo lo estan extorsionando y por qué razones ha guardado silencio?

El artículo 201 del Código Penal en relación al chantaje, afirma que, “El que haciendo saber a otro que se dispone a publicar, denunciar, a revelar un hecho o conducta cuya publicación pueda perjudicarlo personalmente o a un tercero con quien este estrechamente vinculado, trata de determinarlo o lo determina a comprar su silencio, será reprimido con pena de libertad no menor de tres ni mayor de seis años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días multa”.

Sr. Sánchez, ¿Qué hecho o inconducta le atribuyen a usted los chantajistas?, ¿En cuánto han valorado su silencio los chantajistas y qué le han solicitado concretamente?  ¿Quiénes son esos chantajistas y por qué razones usted no formalizó esas denuncias ante el Colegio de Periodistas, Gremios Periodísticos o Medio de Comunicación para que dichas organizaciones investiguen y sancionen de confirmarse su denuncia?

Para los ciudadanos y periodistas que no estan al tanto de este incidente, el viernes 10 de mayo, en un homenaje al Día de la Madre en la sede central del gobierno regional de Arequipa, el gobernador Sánchez en un discurso impropio e inadecuado para dicha fecha festiva manifestó públicamente y fue transmitido por el Facebock institucional del GRA, “que hoy vivimos tiempos difíciles donde hay algunos seudocomunicadores que encarnan la extorsión y el chantaje, lo que no debe tolerarse ya que la mentira no puede reemplazar a la verdad”.

La autoridad regional expresó estás palabras agraviantes a la prensa y los comunicadores, donde solicitó que las madres deban promover y respetar los valores y principios y les invocó a que reflexionen ya que ellas conducen sus hogares donde debe primar la educación.

Si Sánchez es coherente entre lo que dice y hace, tiene la obligación de presentar sus denuncias ante el Ministerio Publico, porque la extorsión y el chantaje son delitos penales. Tiene usted la obligación legal y moral con las pruebas correspondientes contra los extorsionadores y chantajistas de denunciarlos antes las instancias correspondientes, si pretende mantenerse como referente público ante la sociedad mistiana y nacional. Si no lo hace, quedará como un “Cantinflas” en la política nacional.

No denunciar lo que usted afirmó Sr. Gobernador en el Día de la Madre, implica que usted es cómplice al no evidenciar con nombres y apellidos y las pruebas correspondientes y estaría avalando esas conductas ilícitas lo que es un peligro para la sociedad y otras autoridades que administran instituciones públicas y presupuestos estatales. Como inquilino transitorio regional, tiene usted entonces la obligación de presentar las pruebas de sus acusaciones ante el Colegio de Periodistas, Gremios de Periodistas, al medio de comunicación donde laboran los supuestos seudo comunicadores para que investiguen y sancionen de ser el caso de comprobarse las acusaciones, siempre respetando el debido proceso.

No solo eso, Sr. Sánchez, deberia usted presentar la denuncia ante la Procuraduría Anticorrupción para que esta instancia pública investigue y formalice la acusación ante el Ministerio Público, ya que ningún seudo comunicador ni periodista tiene derecho a chantajear ni extorsionar a una autoridad elegida, ya que son un peligro público.

Quien suscribe esta opinión no avalará ni protegerá, por un falso “espíritu de cuerpo institucional” a ningún periodística ni comunicador que viole el orden jurídico ni ético. Usted Sr. Gobernador, no puede dejar que su lengua atropelle su cerebro. No tiene usted derecho a una “diarrea verbal” contra los periodistas y comunicadores que dignamente ejercer su profesion con responsabilidad. No puede usted tirar la piedra y esconder la mano.

Puede estar usted molesto, con ira, incómodo y enfurecido con la prensa por qué tal vez según su criterio, no valoran su gestión, ni sus logros, ni destacan los avances de su gestion. Pero, no puede usted explotar como “coche bomba” en un acto público, porque usted mismo se desacredita en su imagen política. Es decir, explotar sin medir las consecuencias de sus expresiones, ni el alcance de sus acusaciones, ya que usted representa a la máxima autoridad regional en Arequipa.

Si usted cree que un sector de la prensa, lo acusa sin pruebas y tergiversa sus declaraciones, tiene usted la obligación de pedir y exigir la rectificación que la legislación le reconoce como derecho. Con mayor razón, si presume usted que lo difaman o calumnian públicamente, tiene la obligación de denunciar ante el fuero judicial a quienes han denigrado de su honor, presentando las pruebas o evidencias de los ilícitos. No puede usted generalizar, divagar, ni especular en un acto público en contra de los profesionales periodistas, ni comunicadores que laboran con responsabilidad y decoro y dignidad. No tiene usted derecho a mancillar a ninguna profesion, ni menos a las personas.

Sr. Sánchez, usted voluntariamente se presentó como candidato a las elecciones regionales 2022 y ganó en las ánforas el cargo que hoy ostenta por mandato popular. Nadie lo presionó, ni chantajeó, ni conminó para que se presente a un cargo público. Aceptó las reglas de juego de la democracia, entre ellos la crítica y fiscalización a la gestión pública. Hoy entonces no se puede “arañar, victimizar ni perder los papeles” cuando la prensa o la poblacion lo cuestiona y reprende de su actuación pública y debe mostrar mayor tolerancia.

Hay dos sentencias que todos los funcionarios públicos deben saber y que provienen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional referidos, máximas instancias de justicia continental y nacional, referidas a la libertad de expresión de los periodistas y los funcionarios púbicos que por ser de interes público reproducimos en lo medular.

En el caso Tristán Donoso vs. Panamá, la CIDH manifestó que, “El Derecho Internacional establece que el umbral de protección al honor de un funcionario público, debe permitir el más amplio control ciudadano sobre el ejercicio de sus funciones, ya que el funcionario se ha expuesto voluntariamente al escrutinio de la sociedad, lo que lo lleva a un mayor riesgo de sufrir afectaciones a su honor y responder en los medios de comunicación”. Es decir, debe prevalecer el derecho a la libertad de expresión sobre el derecho al honor cuando se trata de funcionarios públicos cuando hay colisión entre los dos derechos.

En el expediente  02976-2012 sobre proceso de amparo, el Tribunal Constitucional, señaló que, “el ejercicio de la crítica de los medios de comunicación al desempeño de las funciones de un funcionario público y que tengan una directa y notoria relación con el desempeño de su cargo, constituye una de las funciones vitales de la prensa, y el disgusto o molestia que tales críticas puedan ocasionar en un funcionario público, han de ser toleradas por éstos, sin que puedan oponerse basados en el cargo que temporalmente desempeñan, siempre que la noticia difundida no contenga expresiones agraviantes, injuriosas ni vejatorias”.

El Colegio de Periodistas de Arequipa, ha emitido un pronunciamiento público donde rechazó las expresiones agraviantes del gobernador regional, Rohel Sánchez, contra los comunicadores sociales al afirmar en el homenaje el Día de la Madre el viernes 10 de mayo en la sede regional, que habia “algunos seudocomunicadores que extorsionan y chantajean” confundiendo la verdad con la mentira. El Colegio de Periodistas le exige a Sánchez que presente las pruebas concretas ante el Tribuna de Honor y demuestre mayor respeto a los periodistas y comunicadores que cumplen su rol en la sociedad.

Personalmente, creo que no solo debió rechazarse sus expresiones, sino emplazarlo para que, en plazo prudente de no presentar las pruebas de sus acusaciones, declararlo como persona no grata a la prensa local, salvo que Sánchez, reconozca su error y emita un pronunciamiento público desagraviando a los periodistas y comunicadores. Finalmente, Sr. Gobernador, me permito hacerle una recomendación: No permita usted nuevamente que su lengua atropelle su cerebro.

Hugo Amanque Chaiña – Periodista y Abogado