Al recordarse la segunda semana de abril de cada año la Semana contra el Acoso Sexual Callejero, la Defensoría del Pueblo expresó su preocupación debido a la poca voluntad política que demostraría la mayoría de autoridades regionales frente a esta grave problemática, pese a que la ley que obliga a que adopten medidas contra esta forma de violencia se encuentra vigente desde hace nueve años, por lo que resulta urgente que se actúe ante la necesidad de implementar medidas preventivas en salvaguarda de las niñas, adolescentes y mujeres adultas de todo el país, quienes son las principales víctimas.

La Defensoría del Pueblo afirma que la Ley 30314 del año 2015 en su artículo 7 se establece la obligación de los gobiernos regionales, provinciales y locales de incorporar medidas de prevención y atención de esta forma de violencia sexual, pero hasta la fecha solo 5 regiones (Amazonas, Huancavelica, La Libertad, Puno y Tacna) han cumplido con aprobar ordenanzas contra el acoso sexual callejero.

La Defensoría del Pueblo, sostiene que esta situación es preocupante si se tiene en cuenta que gran parte de las regiones que aún no cuentan con dichas ordenanzas se encuentran comprendidas dentro de aquellas con mayores índices de acoso sexual en espacios públicos. De acuerdo a los reportes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp), correspondientes a 2023, Lima Metropolitana, La Libertad, Arequipa, Loreto, Cusco, Lima Provincias, Áncash, Huánuco, Piura, San Martín, Ica, Junín, Lambayeque y Callao concentraron las mayores cifras, con un total de 400 casos.

En el año 2023, los Centros de Emergencia Mujer atendieron un total de 475 casos de acoso callejero siendo el 99 % de víctimas fueron mujeres; además, las regiones con mayor incidencia fueron Lima Metropolitana, La Libertad y Arequipa. Entre enero y febrero de 2024 los CEM atendieron 71 casos de acoso sexual en espacios públicos, en cuyo caso el 99 % de las víctimas fueron niñas, adolescentes y mujeres adultas. Asimismo, en los dos primeros meses del año las regiones de Lima Metropolitana y Arequipa lideraron las jurisdicciones con mayores denuncias, con 26 casos en total.

Para la Defensoría del Pueblo, la falta de medidas de prevención y sanción del acoso sexual callejero constituyen piezas críticas en el incremento de las diversas formas de violencia hacia niñas, adolescentes y mujeres adultas. Al no contar con medidas para prevenir esta forma de violencia de género, si ocurre un caso de acoso sexual, la víctima no sabrá a dónde acudir y no se podrá iniciar investigaciones o establecer sanciones de manera administrativa, lo que conlleva a una impunidad de la violencia hacia las mujeres y genera la normalización y tolerancia del acoso sexual. Así lo explicó Diana Portal, adjunta de los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, quien precisó que la norma señala que los gobiernos regionales y locales pueden establecer multas aplicables tanto a las personas como a los centros comerciales, obras de edificación u otras empresas a cargo de los espacios en los que se cometan dichos actos.