Aunque pueda sonar como una historia increíble, en plena era digital -que se caracteriza por el uso generalizado de tecnologías de la información y la comunicación- nadie tiene certeza absoluta a cuánto asciende la fuerza laboral en el Estado. El desorden imperante en la gestión de recursos humanos es tal, que ni siquiera al cruzar todas las bases de datos centralizadas disponibles podemos obtener una cifra precisa. Este problema no solo afecta la eficiencia, sino que también se convierte en una razón para pensar que detrás, hay probablemente corrupción.

Vale la pena recordar que, según el último estudio sobre la magnitud de la corrupción y la inconducta funcional en el Perú 2022, la Contraloría General reveló que de cada 100 soles destinados por entidades de los tres niveles de gobierno al rubro de planillas (incluyendo personal, obligaciones sociales y otros gastos), se pierden 12 soles. Esto equivale a más de 9950 millones de soles, que constituye el 41% del total de la pérdida anual que recordemos ascendió, para dicho período, a más de 24 mil millones de soles.

Si examinamos las 2988 entidades que conforman el sector público consolidado en el año 2022, cuyo gasto, según el portal de Seguimiento de la Ejecución Presupuestal del MEF, fue de aproximadamente 224 mil millones de soles, equivalentes a la cuarta parte del producto bruto interno peruano, podremos ver que, a pesar de contar con información sobre el gasto en personal, esta se encuentra dispersa en diferentes sistemas o bases de datos, lo que nos hace suponer que no existe una consolidación de datos respecto al número total de los asalariados del Estado.

Más aún, si la cobertura de los diferentes sistemas que hoy operan en la administración pública, cubren únicamente a los niveles de gobierno nacional y regional, por lo que se desconoce la realidad de la fuerza laboral en gobiernos locales -recordemos que en el Perú tenemos más de 1800 municipalidades provinciales y distritales-, así como de las entidades de tratamiento empresarial (ETE), organismos públicos descentralizados (OPD), Seguro Social de Salud (ESSALUD), y de las empresas públicas financieras y no financieras.

Además, en esta era digital en la que los sistemas se nutren y responden eficazmente en función de la calidad de la información registrada en ellos, no podemos asegurar que las entidades del gobierno nacional y regional dispongan de datos actualizados y completos, pues el 2% (7) de las entidades gobierno nacional y el 5% (26) del gobierno regional, no registran información del personal contratado en sistemas como el Aplicativo Informático de Recursos Humanos en el Sector Público (AIRHSP) y el Módulo de Control y Pago de Planillas (MCPP), pero sí los gastos que acarrean los contratos en el Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF.

Dicha situación es peor para el caso de las municipalidades, las cuales aún no han sido incorporadas al AIRHSP. Como consecuencia de ello, a pesar de que ya pasaron 20 años del inicio del proceso de descentralización, aún no sabemos ni siquiera quienes trabajan en estas instituciones, cuánto ganan y qué competencias tienen en los gobiernos locales, aunque solo existe el total de trabajadores declarados en el Registro Nacional de Municipalidades (RENAMU), de casi el total de municipios (1874 para el año 2022), pese a que estos son los más cercanos a la población y de cuya gestión depende en gran medida la atención de las necesidades cotidianas de la población.

Otra causa del desorden es la diversidad de regímenes laborales que operan en el Estado y la ausencia de un servicio civil meritocrático de carrera pública. Al cruzar la información de estas tres bases de datos, se revela que, en el año 2022, el gobierno nacional destinó 35,516 millones de soles al pago de nóminas para 646,565 personas. De este total, 319,808 pertenecen a 10 regímenes especiales (policías, militares, jueces, fiscales, diplomáticos, maestros, médicos, entre otros), 64,614 están bajo el Decreto Legislativo 276, 56,029 bajo el Decreto Legislativo 728, 163,308 bajo Contratos Administrativos de Servicios-CAS, 1,826 en el nuevo régimen del Servicio Civil y 49,342 en la modalidad FAG-PAG, entre otros como los contratos de locación de servicio.

En cuanto a los contratos de locación de servicios, en el año 2022, el Estado contrató a un total de 321,049 personas (118,684 en el gobierno nacional, 56,447 en el gobierno regional y 152,043 en el gobierno local). Y el gasto público para el cumplimiento de dicho fin, fue de 4,634 millones de soles a través de contratos que suelen ser menores a 8 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), con la posibilidad de fraccionamiento.

Este escenario no solo propicia la precarización del empleo, sino que también distorsiona la naturaleza del contrato, situación que el propio Estado contribuye a perpetuar. En resumen, en el año 2022, el Estado Peruano destinó más de 74 mil millones de soles al gasto en planillas y contratación de personal. Esta distribución incluyó 36 mil millones en el gobierno nacional, 27 mil millones en el gobierno regional, 5 mil millones en el gobierno local y 7 mil millones para empresas y otras instituciones.

Dentro de este presupuesto, se contempla la remuneración de los 177,050 servidores públicos que laboran en las 1874 municipalidades a lo largo de todo el país. Sin embargo, se carece de información precisa sobre la cantidad real de personal contratado en estas instituciones. La pregunta es, con toda esa cantidad de seres humanos (1.5 millones) prestando sus servicios en la administración pública, información de los tres niveles de gobierno, con un monto anual de más 67 mil millones, ¿No podemos tener mejores bienes y servicios públicos?

Debiéramos exigir a la clase política el inicio de una verdadera reforma del servicio civil en nuestro país, que permita captar y retener personal calificado y promover a los buenos y expulsar a los malos trabajadores del Estado. Solo así podremos no solo luchar efectivamente contra la corrupción y la ineficiencia estatales, que nos cuestan miles de millones de soles anuales, perjudicándonos a todos, pero particularmente a los más pobres y vulnerables.

La interrogante que surge es: con una cantidad tan significativa de individuos -estamos hablando de 1 millón 500 mil- desempeñando funciones en la administración pública, con un presupuesto anual que supera los 74 mil millones de soles, ¿no deberíamos esperar una mejora en la provisión de bienes y servicios públicos?, y conocer ¿dónde están, qué labor cumplen en la administración pública? Lo descrito nos debe llevar a demandar a la clase política el inicio de una auténtica reforma del servicio civil en nuestro país. Una reforma que posibilite la captación y retención de personal altamente calificado, así como la promoción de los empleados competentes y la expulsión de aquellos que no cumplen con los estándares en el ámbito estatal. Solo a través de esta transformación podremos emprender una eficiente prestación de los servicios públicos en beneficio de toda la sociedad, especialmente a los sectores más desfavorecidos y vulnerables.

Nelson Shack – Contralor General del Estado