Las consultorías se iniciaron en 1870 con el primer contrato a Charles T. Sampson para algunos investigadores. Su papel fue reorganizar el trabajo de operarios chinos en una fábrica de zapatos. Para otros estudiosos, sucedió durante la Revolución Industrial en el siglo XIX con pioneros como Frederick Taylor, Harrington Emerson, Henry Gantt y Frank y Lilian Gilbreth, consultores que ayudaron a mejorar los procesos productivos en empresas, ahorrando recursos y obteniendo mayores ganancias.

Lo cierto es que, como en toda actividad, el origen de las consultorías es una especialidad que ayuda a las empresas a obtener un mayor valor agregado y utilidades, eficiencia, ahorro de costos, mejor producción, calidad, servicio, etcétera.

Para ello, se realiza una contraprestación que le permita al consultor colocar el precio que crea conveniente por la calidad y utilidad de su trabajo. El prestigio del consultor o la empresa donde se hace la consultoría crea un valor agregado a la marca y al servicio, lo que significa que la naturaleza de la misma no es negativa.

En los gastos que ejecutan el Gobierno central, los gobiernos regionales y locales y los órganos reguladores del Estado también se incluyen las consultorías. Sin embargo, se las ha colocado en la lupa en estos últimos tiempos.

Y ello porque los recursos del Estado deben invertirse con eficiencia para mejorar los procesos de calidad de los servicios y medir cuáles son los niveles de aceptación del usuario o público consumidor.

El ciudadano consume un determinado servicio y tiene una percepción sobre el mismo, incluso piden mayores presupuestos para ejecutar obras, muchas de estas de carácter social y cuantificables mediante la retribución social. Incluso las consultorías nos permiten planificar estratégicamente para desterrar la ignorancia, enseñar a los ciudadanos a leer y escribir, a que vivan con dignidad, en el marco de la Constitución Política peruana y de los derechos humanos.

¿Y cuándo la consultoría es negativa y no cumple con sus objetivos? Ello sucede cuando los organismos del aparato estatal se exceden en sus prerrogativas; simulan contratos, que en el fondo tienen beneficios dirigidos y particulares. También cuando el consultor no cuenta con la capacidad, especialidad o experiencia adecuada e incluso si las recomendaciones son absurdas y obsoletas; o peor aún, cuando no tiene ningún entregable o cuenta con un informe final de solo dos o tres hojas, sin aportar valor alguno a la gestión pública.

Es negativa también cuando siendo una consultoría buena no es tomada en cuenta por el área usuaria, el funcionario o los funcionarios que la solicitaron. Todo esto es contrario a los intereses del Estado y la ciudadanía, pues el objetivo de una consultoría es el beneficio común, pero con un consultor o consultora cuyas características fundamentales sean la transparencia, la honestidad y el prestigio.

Enzo Elguera Echegaray – Analista político e investigador de mercado y opinión pública – Diario El Peruano