La Contraloría detectó transacciones irregulares por más de S/ 16 mil millones en contrataciones públicas realizadas por el gobierno nacional, regional y local entre los años 2018 y 2023 y en los 6685 informes de control ejecutados y publicados en más de seis años en materia de contrataciones públicas, se identificaron a 13 mil funcionarios y servidores públicos con presunta responsabilidad civil, penal y administrativa.

Así lo dio a conocer el contralor Nelson Shack durante su exposición ante la sesión descentralizada de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso de la República, realizado en el distrito de Mochumí, en la región Lambayeque. Shack precisó que el año 2023, de los S/ 58 mil 306 millones gastado por el Estado peruano en contrataciones, S/ 19 mil 304 millones están fuera de la Ley de Contrataciones y solo S/ 27 mil 004 millones se gastó dentro de esta norma.

En su exposición del “Análisis de la contratación pública en el Perú 2018-2023”, reveló que, en promedio, solo un proveedor participa en los procesos para la selección de obras, servicios y consultorías de obras; mientras que solo dos en la adquisición de bienes, lo que demuestra que estos tipos de licitaciones son una farsa.

Expresó su preocupación por la identificación de 242 entidades (7 del gobierno nacional,11 del gobierno regional y 224 del gobierno local) que realizaron el 100% de su gasto en contrataciones sin proceso en el año 2023. El monto de estas entidades ascendió a S/ 285 millones. Ante esta realidad, Shack Yalta solicitó al Congreso de la República para discutir y aprobar una nueva ley de contrataciones públicas, con su respectivo su reglamento, el cual debe adecuarse a cada región y realidad del territorio nacional.

El contralor refirió que su entidad ha formulado una serie de iniciativas técnicas para colaborar y discutir este tema. Cuando hablamos de la Ley de Contrataciones, menos de la mitad de toda la plata que se gasta en contrataciones en el Perú se hace por fuera de la ley. Lo que hay que hacer es coger los mayores beneficios y estrategias de contratación que tienen los otros mecanismos y eliminarlos, e introducirlos en la nueva ley de contrataciones si es que se quiere que esta sea integral y permanente, concluyó.