El ex asesor, Jaime Villanueva de la ex Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, declaró ante la Fiscal Suprema, Delia Espinoza el 24 y 30 de enero del 2024, que más de una veintena de funcionarios publicos y civiles estarían comprometidos en dicha red y en presuntos actos ilícitos. Entre ellos, congresistas, políticos, fiscales, ex fiscales de la nación, un miembro de la Junta Nacional de Justicia, periodistas, abogados y funcionarios de la Fiscalia de la Nación que habrían formado parte de la “telaraña” de la suspendida Benavides, quien intentaba que el Congreso no la inhabilite de su cargo, para lo cual buscaba el respaldo de congresista a cambio de archivar investigaciones contra políticos.

El tema hay que analizarlo desde diversos ángulos. Lo que me llama la atención es que se ha desatado una “cacería mediatica” contra el periodista Gustavo Gorriti, especialmente por la “casta política” limeña, que tiene indicios de corrupción según investigaciones fiscales en la última década. Ellos se juntan hoy y con insultos y agravios en los medios, redes, calles y plazas públicas, pretenden descalificar y denigrar a Gorriti con diversas acusaciones. Lo que en el fondo buscan y promueven, es “dinamitar las investigaciones fiscales y contaminar las acusaciones”, siendo su objetivo final, lograr la impunidad total de sus delitos, ante un país que mayoritariamente sufre de amnesia colectiva.

La mejor prueba histórica, es que el delincuente Alberto Fujimori (sentenciado judicialmente y respetando el debido proceso) dio un golpe de estado el 05 de abril de 1992, pero nunca fue a prisión por cerrar los poderes publicos y hoy está libre con el apoyo de los magistrados conservadores del Tribunal Constitucional elegidos por el fuji-cerronismo, mientras que el profesor y campesino, Pedro Castillo que intentó un golpe de estado que fracasó, está preso, acusado por múltiples delitos.

Precisemos el tema de fondo. Ha hecho bien el Fiscal de la Nación en pedirle a la Fiscal Suprema Espinoza copias certificadas de todas las declaraciones que dio Jaime Villanueva para iniciar las investigaciones contra fiscales y todos los comprometidos en la “telaraña” que montó Patricia Benavides, ya que es el Ministerio Público por mandato constitucional y legal quien persigue el delito en defensa de la sociedad. Eso es lo que menos que podemos esperar desde la sociedad civil ante una Fiscalia de la Nación que en la gestión de Patricia Benavides, según los indicios preliminares, habria preferido “salvar su pellejo y de su hermana” antes que cautelar y proteger su institución.

Vamos al grano. La Junta Nacional de Justicia ha efectuado un trabajo incompleto en este caso concreto. Se ha limitado a iniciar investigaciones preliminares contra los fiscales, Rafael Vela, José Perez y Pablo Sánchez, pero ha obviado a otros fiscales mencionados en la declaración de Villanueva. La JNJ tampoco aperturó investigación contra el magistrado Guillermo Thomberry que integra dicha institución que nombra, cesa y destituye jueces y fiscales, quien también fue mencionado en la declaración del asesor Villanueva. Es una mala señal dicha omisión de la JNJ, ya que no cautela su prestigio institucional de un organismo constitucional autónomo cuyos integrantes deben ser intachables profesional y moralmente ante la sociedad y el Estado. ¿Con qué autoridad legal y moral la JNJ va a aperturar investigaciones contra fiscales y jueces si no investiga a uno de sus integrantes?

El Congreso se desacredita nuevamente ante la opinión pública, al estar comprendidos en esta “telaraña fiscal” varios congresistas encabezados por su presidente, Alejandro Soto. Si la cabeza del legislativo habria pedido favores a un fiscal para archivar una denuncia contra él, estaría incurriendo en varios delitos y lo mínimo que esperábamos es que la Comision de Ética, de oficio aperture investigaciones contra el presidente, Alejandro Soto y los congresistas, Martha Moyano, Patricia Chirinos, Ruth Luque, Jose Balcazar, mencionados por el asesor Villanueva. Hasta hoy la Comision de Ética, aplicando las prohibiciones establecidas en el Código de Ética Parlamentaria, ya deberia citarlos a los mencionados, pero todo parece indicar que practicarán el aforismo popular que afirma que, “otorongo no come otorongo”.

Si hubiera congresistas decentes y honorables en el parlamento actual, cualquiera de ellos debió haber presentado una acusación constitucional contra los legisladores que concertaron con los asesores de la Fiscal de la Nación por pretender canjear “favores”, ya que habrían infringido el mandato constitucional de separación de poderes e incurrido en obstrucción a la justicia, entre otros delitos.

Lo mismo puede afirmarse de los partidos políticos del APRA, Fuerza Popular, Avanza País, Perú Libre y Renovación Popular entre otros, quienes en vez de “blindar” a sus jefes y caudillos y dar explicaciones coherentes a sus militantes y ciudadanos en pronunciamientos anticorrupción, por el contrario, sus voceros y áulicos, han salido en tropel a desacreditar a los fiscales que los han investigado y denunciado y al periodista investigador e independiente, Gustavo Gorriti.

Tampoco el Colegio de Abogados de Lima no ha dicho nada en relación a sus agremiados mencionados en las declaraciones del asesor Villanueva quienes se habrían prestado a actos ilegales e inmorales que nada tienen que ver con el ejercicio profesional. Por el contrario, el Decano de Lima, avaló un supuesto “homenaje” a la impresentable ex fiscal de la nación en un acto público para vergüenza de dicha orden profesional.

En resumen, la partidocracia y sus cúpulas, entre ellos, la organización criminal de Keiko Fujimori, como estan acusados por el Fiscal Perez y estan acorralados y se avecina el juicio oral en el mes de julio 2024, ahora pretenden desacreditar a los representantes del Ministerio Público, para lo cual se valen de todo tipo de artimañas, incluidos algunos “pseudo periodistas” de la prensa concentrada capitalina que se prestan a viles campañas de desinformación, que ponen en “vitrina” lo que les conviene a sus intereses y “ocultan” temas que ellos no desean ventilar públicamente.

Han llegado al atrevimiento de denigrar y agraviar a Gustavo Gorriti, que no será perfecto como profesional, ni ser humano, pero es uno de los pocos periodistas independientes que en el Perú y en Panamá, denunció a las cúpulas políticas de corruptas y enriquecerse en el poder. Recordemos que Gorriti, fue secuestrado horas después del golpe de estado del 05 de abril de 1992 por 48 horas en el gobierno dictatorial del delincuente Alberto Fujimori (sentenciado por el Poder Judicial donde se le respeto el debido proceso). Fue la presión internacional de la prensa que conminó al delincuente Fujimori a liberar a Gorriti, que fue secuestrado por paramilitares del corrupto sentenciado, Vladimiro Montesinos.

Cuando en la década pasada estalló el escándalo de la mega corrupción del Caso Odebrecht en Brasil y un grupo de fiscales fue a ese país para recabar testimonios y pruebas contra Ollanta Humala, (que era el principal investigado), uno de los testigos de la red de Odebrecht, declaró que también se financió la campaña electoral de varios políticos, entre ellos de Keiko Fujimori con 500 mil dólares. El fiscal peruano enviado en dicha misión, no repreguntó ni amplió dicho tema, lo que generó que Gorriti, critique esa negligencia actuación fiscal, por lo que posteriormente otro fiscal tuvo que viajar a Brasil para ampliar dicho tema y otros políticos corruptos, acopiándose pruebas y testimonios que serán utilizados en el proceso contra la lideresa de Fuerza Popular en julio próximo.

La organización criminal de Keiko, (según la acusación fiscal), no le perdona ese asunto a Gorriti, y hoy que ha avanzado el proceso y el Poder Judicial podría condenarla a 30 años de prisión, han iniciado su campaña de “asesinato mediático” de su imagen y de los fiscales que los acusan, lo que no lograrán ya que en el país todavía existen reservas políticas, periodísticas y sociales, quienes exigen sanciones ejemplares a quienes, desde el poder, han traicionados los valores, principios y la moral pública del país y jamás deben volver a conducir al Estado.

No más impunidad ni amnesia en nuestra república que históricamente ha sido tolerante a la corrupción desde que nacimos como Estado hace más de 200 años, tal como lo ha reseñado el economista peruano, Alfonso Quiroz en su notable libro “Historia de la Corrupción en el Perú”. La corrupción es una acción deshonesta que destruye la confianza del pueblo, en las personas, en nuestros niños y jóvenes, en la sociedad y en el Estado y todos tenemos el deber de combatirla. Finalmente, concluyo con este pensamiento popular: “La corrupción no se disculpa, no se perdona. La corrupción se combate, se castiga, sino, se convierte en impunidad”.

Hugo Amanque Chaiña – Periodista y Abogado