Los catorce consejeros regionales de Arequipa presididos por Fernando Cornejo, han sido citados a la sesión extraordinaria virtual a realizarse el viernes 09 de febrero desde las 17 horas en cuyo orden del día estan dos temas específicos referidos a dos ordenanzas regionales observadas por el gobernador regional, Rohel Sánchez.

La primera ordenanza observada es la 510-2023 el cual aprueba la creación del Geoparque Nacional Cañón del Colca y Valle de los Volcanes Andagua, mientras que la segunda ordenanza observada es la 512-2023 que modifica la ordenanza regional 492 que aprueba el reglamento interno de la Comisión Regional Anticorrupción de Arequipa.

En la Ley Organica de Gobiernos Regionales 27867, en ninguno de sus artículos se señala que los gobernadores regionales tienen la atribución de observar las ordenanzas regionales. Sin embargo, en la ordenanza regional 342, en el artículo 61.3, referido a la promulgación de ordenanzas se señala lo siguiente.

“Aprobada una ordenanza corresponde al Presidente del Consejo Regional su suscripción y remisión al Gobernador para la promulgación, la cual no podrá exceder del plazo perentorio de 15 días hábiles”.

El artículo 61.4, sobre la facultad de observación, indica que, “dentro de plazo de promulgación de 15 días hábiles, el Gobernador Regional podrá observar la ordenanza regional, remitiendo por escrito las consideraciones y fundamentos de su decisión. Con las observaciones, el pleno del Consejo Regional decidirá si las mismas se resuelven directamente o se derivan a una Comisión Ordinaria o Especial para su dictamen. En uno u otro caso, el Pleno decidirá si acoge o no las observaciones formuladas”.

Se desconoce públicamente los argumentos de las observaciones a las dos ordenanzas regionales que formuló el gobernador Sánchez ante el Consejo Regional, lo que por transparencia deberia publicar tanto el ejecutivo como legislativo regional, en vista que en el Estado todo es transparente, lo que no sucede en la actual gestión regional de Arequipa cuyos documentos se manejan como “secretos de Estado” algo que deberia observar y supervisar la Defensoría del Pueblo en su ejercicio de supervisión a las entidades públicas.