En la historia republicana del Perú, son excepcionales los casos registrados, donde presidentes, ministros o congresistas, aceptaron su responsabilidad y renunciaron a sus cargos públicos. La mayoría de políticos tienen piel de “cocodrilo” donde las críticas o los cuestionamientos, “les resbalan”, pero son poquísimos, los que asumen responsabilidad política y funcional, y actúan con decoro y dignidad, tanto en la función pública como privada, renunciando a su cargo ejemplarmente.

La falta de responsabilidad en la función pública o privada y el aprovechamiento de cargos, es una de las tantas taras sociales que arrastramos desde que nacimos como Estado en 1821. El caso tiene que ver con la decisión del gobierno nacional que preside Dina Boluarte, quien, mediante Resolución Suprema, designó a Víctor Zanabria Angulo como el nuevo comandante general de la Policía Nacional del Perú en reemplazo de Jorge Angulo, a quien señalan como negligente y que en su gestión no redujo la inseguridad ciudadana y lo separan del cargo.

Esta remoción en el alto mando policial se da luego de la agresión que sufrió la presidenta Boluarte en Ayacucho, el último sábado 20 de enero, a manos de una mujer que quedó viuda por el deceso de su esposo en la represión policial de las protestas sociales de diciembre del 2022 y el verano del 2023. El nuevo comandante general de la policía nacional tiene múltiples acusaciones y sin duda, será un “fusible” que durará poco tiempo en el cargo, lo que pone en evidencia que el gobierno no tiene brújula en la conducción del gobierno nacional y en la selección de los mejores cuadros en cargos de relevancia nacional donde no cuenta la “meritocracia” y sobresale el amiguismo y arribismo.

Como casi siempre sucede, la pinta se rompe por lado más débil como señala el aforismo popular, es decir, con la salida del Gral. Jorge Angulo.  Sostengo personalmente que el ministro del Interior, Victor Torres, debió renunciar en el acto luego de la agresión a Boluarte en Ayacucho, ya que él tiene responsabilidad política y funcional en la institución policial. Torres, debió advertirle a Boluarte y al primer ministro Otárola, que Ayacucho era una “ciudad herida” que tuvo 10 muertos en las protestas ciudadanas del 2022 y 2023 y no era prudente visitar dicha ciudad ya que los familiares de los fallecidos y heridos en las protestas sociales, tomarían dicha visita como “una provocación”.

Eso sugiere cualquier politico con experiencia si asesora a gobernantes y con mayor razón, cuando es ministro del Interior y tiene responsabilidad en la seguridad ciudadana y en la protección de mandatarios. Lamentablemente, en el gobierno de Boluarte, comenzando con ella misma, cualquiera es ministro y gobernante a la vez. Es el precio que tenemos que pagar los ciudadanos por dejar ingresar a la política a algunos impresentables que carecen de trayectoria democratica y experiencia, aunque son pocos los que destacan en la función pública.

Todo parece indicar que tampoco la Dirección Nacional de Inteligencia, ni el Jefe de la Seguridad Presidencial de Palacio de Gobierno, asesoraron oportunamente a Boluarte sobre los riesgos que tenía visitar Ayacucho. No es mi intención avalar la agresión a Boluarte por parte la agresora que perdió a su esposo en las protestas sociales, ni mucho menor salir en defensa de la mandataria nacional cuyo gobierno es incapaz de resolver los problemas nacionales.

Ella, solo tiene el respaldo politico de un Congreso dominado por la extrema derecha que ha capturado ese poder estatal y que la mantiene en su cargo mientras les convenga a sus intereses y estan totalmente deslegitimados ante la poblacion ya que la aprobación del parlamento nacional y gobierno nacional no superan el 10%. Ante la agresión registrada, el ministro del Interior, debe renunciar si tiene un mínimo de decoro y dignidad personal.

Cuando una persona sirve a la nación desde la función pública, tiene la obligación de poner sus mejores esfuerzos para conducir una institución y si autocríticamente, reconoce que ha fallado o se equivocó, tiene la obligación política y moral de renunciar al cargo ¿O es que tenía que ser herida o asesinada la mandataria para recién renunciar a su cargo Sr. Ministro?

Remarco, que no asumo la defensa de Boluarte, como podrían colegir algunos de nuestros lectores, ya que estoy convencido que la actual inquilina de palacio de gobierno, terminará presa con sus ex ministros al concluir su gobierno por la muerte de más de 50 compatriotas el 2022 y 2023 en las protestas sociales que pudo evitar esa masacre contra indefensos ciudadanos en su condición de Jefa Suprema de las FFAA y FFPP, pero no lo hizo con el apoyo del Congreso con el único objetivo de mantenerse en el poder.

En otras sociedades, el deshonor es un mal que las personas que han ejercido una función, lo auto reconocen y toman medidas radicales, porque son conscientes que han traicionado sus costumbres y tradiciones y no son ejemplos a imitar en sus sociedades. El ejemplo más claro en el mundo es la cultura japonesa con el harakiri.

El harakiri es un término japonés utilizado para definir una especie de ritual de suicidio, el cual consiste en el destripamiento personal. Esta práctica era muy frecuente entre los samuráis, quienes preferían morir por sus propias manos antes que vivir una vida deshonrada. Sin embargo, originalmente este ritual era únicamente para los nobles, luego fue extendida a todas las clases sociales.

La palabra correcta para definir a esta ceremonia era “seppuku”. Harakiri significa “corte del vientre” y era una ceremonia que se inició en el Japón Feudal, cuando era ejercido por los samuráis y los guerreros nobles, para así evitar el deshonor de ser capturados y torturados por sus enemigos.

Luego con el tiempo esta práctica se convirtió en un medio de ejecución, mediante el cual el emperador le enviaba un mensaje a cualquier noble, comunicándole que su muerte era necesaria para el bien del imperio. Por eso, para los japoneses el deshonor, era un “pecado social” ya que se consideraban indignos de seguir viviendo porque no eran un ejemplo para sus pueblos y sus familias.

Quienes son políticos o ejercen cargos en la gestión pública o privada, tienen que entender que la dignidad personal y honor profesional, son los mayores legados que dejarán a sus hijos y familiares cuando ejercen una función. De nada sirve lograr un patrimonio producto de actos ilícitos conseguidos por la corrupción en la función pública o privada porque tarde que temprano la justicia o su conciencia los perseguirá a quienes abusaron de sus funciones o atribuciones que les confiaron quienes le delegaron autoridad.

Cuando una persona tiene principios y valores que les fueron inculcados en su hogar y se consolidó en las escuelas, estas serán inalterables en cualquier momento de sus vidas, aunque tengan tentaciones múltiples. Son pocos los casos en el Perú, los ministros que renunciaron a sus cargos admitiendo responsabilidad política en el desempeño de sus funciones en gobiernos democráticos.

Uno de ellos, fue la renuncia del ministro del interior, Avelino Guillen a su cargo, ante el presidente Pedro Castillo. Avelino Guillen no se atrincheró a su cargo por interés, sino que se alejó de él por dignidad profesional y decoro personal, algo que la historia recordará ante tantos ex ministros que se entornillaron en el poder ejecutivo. Guillen, renunció por la indecisión de Castillo para zanjar el enfrentamiento con el comandante general de la policía nacional, quien se insubordinó al ministro del interior en el pase al retiro de varios jefes oficiales de la institución policial.

La renuncia de Guillen es una de las pocas excepciones a la regla en la política peruana en los 44 años de democracia interrumpida desde 1980 hasta el 2024.Es decir, Guillen se sintió sin piso ni respaldo por el presidente, por lo que no podía permitir que su trayectoria profesional sea manchada ni cuestionada por asuntos políticos y renunció a su cargo.

Históricamente, recuerdo solo dos casos parecidos, aunque de diferentes de ex ministros del Interior, que prefirieron renunciar por responsabilidad política al cargo, antes que pasar por la vergonzosa censura y destitución por el parlamento.

Entre ellos, en 1981, con José María De la Jara y Ureta, periodista y político y Ministro del Interior del segundo gobierno de Fernando Belaunde. De La Jara y Ureta, renunció a su cargo, asumió su responsabilidad política por la muerte del joven aprista cusqueño Marco Antonio Ayerbe Flores, producto de la represión policial en la Plaza de Armas de Cuzco, pese a que el Ministro no ordenó a las fuerzas políticas el acto luctuoso. Pero, una sola víctima bastó para que De la Jara se fuera a su casa, sin necesidad de que el Congreso se lo pida. Renunció por decoro político y dignidad personal

Otro caso se dio en 1989, cuando Armando Villanueva del Campo, histórico líder del APRA, dejó el Ministerio del Interior con frustración y cansancio luego del asesinato del congresista Li Ormeño por parte de Sendero Luminoso, el virus político que asoló nuestro país en esa década. Villanueva no lo mató ni dejó matar al congresista, pero su frustración política por no evitar esa muerte lo llevó a apartarse del cargo y renunció por decoro político y dignidad personal.

La vida en múltiples ocasiones nos pone a pruebas y cuando estamos ante estos problemas debemos tomar decisiones, pero estas deben estar enmarcadas siempre en nuestros principios y valores que nos inculcaron en nuestra familia, entre ellas la responsabilidad personal o responsabilidad política. Pero también, el decoro y la dignidad, para legar a nuestros hijos y nietos un buen ejemplo que ellos tienen que seguir y mantener incólumes nuestros apellidos y trayectoria ante la sociedad ante quienes todos nos debemos.

Por responsabilidad política, renuncie usted Sr. Ministro del Interior, Victor Torres, si tiene un mínimo de dignidad y decoro personal o será interpelado y destituido por el Congreso, pese a que son aliados políticos con el gobierno. La extrema derecha parlamentaria siempre aparentará aparecer ante la opinión como fiscalizadores, pero lo que en verdad buscan es un “chivo expiatorio” que le haga creer a la opinión pública que ellos si efectúan control politico al gobierno nacional, pero ellos preferirán sacrificar un “peón”, pero mantener a la “reina” Dina Boluarte, ya que es la única que se somete a sus intereses políticos, ideológicos y económicos con tal de mantenerse en el poder.

Si un ministro del Interior, no puede proteger a una mandataria nacional, mucho menos a la poblacion nacional que ve asombrada y temerosa el avance de las organizaciones criminales en los últimos años y que estan poniendo progresivamente en jaque a la sociedad peruana, tal como sucedió años atrás en Nicaragua y acaba de suceder en Ecuador. Renuncie Sr. Ministro del Interior.

Hugo Amanque Chaiña – Periodista y Abogado