Lima, 8 de enero de 2024

Señores:

Consejo de Asuntos Ambientales del Acuerdo de Promoción Comercial entre Perú y los EE.UU.

Oficina del United States Trade Representative (USTR)

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú (MINCETUR)

Presente. –

Asunto: Alerta sobre riesgos de deforestación en la Amazonía por norma aprobada por el

Congreso de la República del Perú y su conexión con el APC Perú – EE.UU.

De nuestra mayor consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted en nombre de las organizaciones indígenas, académicas, sindicales y de sociedad civil y de los ciudadanos y ciudadanas que suscribimos esta carta, para expresar nuestra profunda preocupación por la aprobación por insistencia de la propuesta de modificación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre –promovida por el Congreso a través de los Proyectos de Ley N. 649, N.894 y N. 2315 denominada “Ley que modifica la Ley 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre y aprueba disposiciones complementarias orientadas a promover la Zonificación Forestal”– en el Congreso de la República del Perú, norma que va en contra de los compromisos del Perú frente a la lucha contra el cambio climático, y que viola tratados internacionales sobre temas ambientales, de derechos humanos y de comercio, incluyendo específicamente el caso del Acuerdo de Promoción Comercial (APC) entre Perú y EE.UU.

El proyecto de ley, aprobado por insistencia, incluye una disposición complementaria final para ser agregada a la Ley Forestal actual que modificaría las reglas del cambio de uso de la tierra al crear “áreas de exclusión para fines agropecuarios” que serán exceptuadas de tener que realizar la clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor, así como de los requisitos del cambio de uso de la tierra (que son exigidos en el artículo 38 de la Ley Forestal).

Con ello, esta norma se convertiría en un mecanismo de impunidad, destrucción y violación de derechos humanos al instalarse actividades agropecuarias o agroindustriales sin evaluar previamente si una área tiene capacidad para ser usada como tierra forestal o agropecuaria, beneficiando a actores que hayan incumplido previamente con los requisitos exigidos en la Ley Forestal, debilitando la protección a los bosques y la gestión ambiental, ignorando los derechos de los Pueblos Indígenas e incentivando nueva deforestación, todo esto con el objetivo de promover el comercio.

Cuando esta iniciativa legislativa –que ha venido siendo promovida a lo largo de los últimos dos años– fue aprobada por el Congreso de la República en 2022, fue observada por el Ejecutivo con base en las opiniones técnicas de distintas instancias del gobierno como la Defensoría del Pueblo, los Ministerios de Agricultura y de Ambiente y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR). En paralelo tanto embajadas –incluyendo la del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica– como diferentes organizaciones indígenas, de sociedad civil, sindicales, gremiales, de productores y de la academia, han venido también expresando su fuerte preocupación, advirtiendo incluso que con una norma de este estilo el Per. estaría incumpliendo los compromisos asumidos en el marco del APC Perú. – EE.UU.

En marzo de 2023 el pleno del Congreso de la República volvió a votar esta iniciativa –esta vez en el marco de la insistencia para aprobar la norma que había sido observada por el Ejecutivo. Al no obtener los votos necesarios, el proyecto se archivó, pero una congresista presentó una solicitud de reconsideración que finalmente se votó y aprobó este 14 de diciembre de 2023 sin mayor deliberación, sin considerar las varias opiniones técnicas en contra aportadas por el Estado, por las organizaciones indígenas y por la sociedad civil, sin tomar en cuenta el impacto devastador que tendrá sobre los bosques del Peru, sobre la Amazonía y sobre los pueblos indígenas, y obviando nuevamente la obligación de pasar por un proceso de Consulta Previa, obligatorio para las normas que afectan a los Pueblos Indígenas.

Cabe mencionar que este proyecto no se encontraba en la agenda del pleno del Congreso pero, el día anterior a la aprobación de la norma, el presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) y la Cámara de Comercio Americana del Perú (AMCHAM) enviaron comunicaciones al Presidente del Congreso de la República instando a la discusión y análisis en el pleno sobre la insistencia de los Proyectos de Ley 649, 894 y 2315, argumentando que “estos proyectos no solo garantizan la seguridad jurídica a los agricultores ya establecidos, sino que también procuran una armonización necesaria con normativas internacionales, como la reciente normativa europea de importación cero deforestación”.

Esta afirmación es falsa, entre otras cosas, porque existen superposiciones con territorios de comunidades nativas. La publicación de USAID “Estudio de los derechos de acceso a la titulación de tierras de los pueblos indígenas de la Amazonía peruana” advierte que “la ampliación agroindustrial de plantaciones de palma aceitera, cacao y arroz generan bolsones de deforestación de cientos de hectáreas. Gran parte de estas nuevas áreas se inician con la invasión de terrenos. Luego de instalar cultivos, se formaliza la propiedad. Esto viene generando graves conflictos sociales con poblaciones ribereñas e indígenas”. La Ley aprobada por el Congreso facilitara que se otorgue títulos de propiedad sobre predios que pueden estar superpuestos con territorios indígenas, agravando la conflictividad.

Rechazamos que se utilice el Reglamento de la Unión Europea 2023/1115 sobre productos libres de deforestación (EUDR por sus siglas en inglés) como excusa para la reducción de estándares ambientales, tergiversando el espíritu de dicho Reglamento y poniendo al país en su conjunto en situación de riesgo de filtración de productos asociados con la deforestación. De hecho, los firmantes de esta carta estamos enviando una comunicación similar a las autoridades relevantes de la Unión Europea expresando nuestra preocupación y solicitando que se tome acciones concretas e inmediatas al respecto.

Asimismo, vemos con preocupación que el gobierno peruano no respete los compromisos asumidos en el APC Perú – EE.UU., concretamente en lo que respecta al artículo 18.3 “2. Las Partes reconocen que es inapropiado promover el comercio o la inversión mediante el debilitamiento o reducción de las protecciones contempladas en sus respectivas legislaciones ambientales. En consecuencia, una Parte no dejará sin efecto o derogará, ni ofrecerá dejar sin efecto o derogar, dicha legislación de manera que debilite o reduzca la protección otorgada por aquella legislación de manera que afecte el comercio o la inversión entre las Partes”.

Los congresistas peruanos que respaldan la norma recientemente aprobada aprovechan las legítimas preocupaciones de pequeños agricultores para justificar la necesidad de la misma. Pero se oculta que facilita la titulación de tierras deforestadas ilegalmente, convalidando múltiples delitos. Asimismo, se corre el riesgo de incentivar conflictos sociales con las comunidades nativas al promover especulación sobre la tierra y un proceso desordenado de ocupación de la tierra. Una de las organizaciones indígenas más grandes del Perú, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), ya ha advertido que no dejarán ingresar a sus territorios a terceros que pretendan destruir sus bosques amparados en esta ley.

Nos preocupa además que el gobierno peruano continúe tomando acciones como esta –a espaldas de la población, sin participación y sin consulta previa– sin aprender de nuestro pasado reciente. Aún recordamos con dolor la pérdida de vidas humanas durante las protestas de los Pueblos Indígenas en la localidad de Bagua, en 2009, originada en circunstancias similares a la actual, cuando se modificó la ley forestal de modo autoritario y sin participación de los Pueblos Indígenas, bajo el pretexto de que se necesitaba adecuar la legislación peruana a los requerimientos del APC Perú – EE.UU.

La justificación fue falsa en ese momento (usando a EE.UU.), como lo es ahora (usando a la Unión Europea). En 2009 tuvieron que morir más de 30 personas para que el gobierno retrocediera y decidiera trabajar en una norma participativa y que pasó por la Consulta Previa con los Pueblos Indígenas. Esperamos que esta vez se recapacite antes de llegar a situaciones de conflictividad.

Desde sectores no estatales hemos manifestado reiteradamente nuestra preocupación por este y otros proyectos de Ley atentatorios contra el derecho a vivir en un ambiente sano y adecuado y contra los derechos de los pueblos que viven en y de los bosques. Por ello, alertamos sobre la situación de debilitamiento de las normas ambientales, sociales y de derechos humanos y de los pueblos indígenas en nuestro país, una situación que viene siendo promovida y permitida tanto por el ejecutivo como por el Congreso, vulnerando con ello los compromisos internacionales del Perú.

Por ese motivo, las organizaciones y personas firmantes solicitamos que el Consejo de Asuntos Ambientales del Acuerdo de Promoción Comercial entre Perú y EE.UU. realice una supervisión inmediata con respecto a esta norma y solicite la información pertinente al gobierno peruano.

Asimismo, en atención a su función de supervisión y seguimiento de las políticas y normas ambientales de las Partes, solicitamos al Consejo que organice una misión de supervisión en Perú sobre los impactos de las consecutivas normas que vienen flexibilizando los estándares ambientales desde la entrada en vigor del APC, para asi garantizar la implementación efectiva de los compromisos asumidos por ambos países a través de dicho acuerdo.

Además, exhortamos al Gobierno de los Estados Unidos a que se pronuncie públicamente cuanto antes en contra de la aprobación de esta norma que es un ataque en contra de los bosques, de las poblaciones que viven en ellos, de los compromisos internacionales comerciales y ambientales asumidos por EE. UU y Perú, así como en contra de la humanidad.

De acuerdo con el mandato del APC, manifestamos nuestra disposición a alcanzar más información, documentación y sugerencias a fin de que se tenga mayores elementos para verificar y garantizar el cumplimiento de los estándares ambientales por parte del Estado Peruano durante la próxima sesión pública del Consejo de Asuntos Ambientales en el marco del Acuerdo de Promoción Comercial (APC) Perú – EEUU.

Quedamos a su disposición para cualquier ampliación o precisión sobre la presente carta.

Atentamente,

20 Organizaciones Indígenas del Perú – IDL