Cinco ex funcionarios regionales de las gestiones de Yamila Osorio, Elmer Cáceres y Kimmerlee Gutiérrez, serán denunciados ante la Procuraduría Pública Anticorrupción y la Contraloría General al ser los responsables directos de presuntas irregularidades e ilícitos en la paralización de la construcción de cuatro hospitales, Maritza Campos (Arequipa), Chala (Caravelí), Cotahuasi (La Unión) y Camaná, lo que ha ocasionado el retraso de las obras programadas cuyo presupuesto inicial fue superior a los 270 millones de soles, los que causaron un perjuicio económico al Estado.

Así lo señala una de las conclusiones del Informe de la Comisión Especial Investigadora de la paralización de obras en cuatro hospitales de Arequipa, que presidió la consejera regional, Norma Ortega, quien presentó ante el parlamento regional un avance del trabajo desarrollado. El informe refiere que son cinco los ex funcionarios regionales que tiene presuntas responsabilidades en la elaboración de los expedientes técnicos, ejecución de las obras y arbitrajes.

Dichos funcionarios son, el Jefe de la Oficina Regional de Administración (2018-2022), Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica (2021), Procuraduría Pública Regional (2021), Gerencia Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos (2019) Gerencia Regional de Infraestructura (2015-2016), informe que será derivado a Contraloría General de la República y a la Procuraduría Pública Anticorrupción para el inicio de las acciones legales correspondientes.

Otra de las conclusiones del informe final, entre las irregularidades de los funcionarios regionales detectadas se encuentran las siguientes: a) Aprobaron expedientes técnicos con deficiencias técnicas e inobservancia de los perfiles existentes, b) Aprobaron ampliaciones de plazo y adicionales pese a retrasos e incumplimientos de la contratista, c) Aprobaron Bases y Contratos con términos de referencia deficientes que permitieron el traslado y movilidad entre las 4 obras de personal y equipos médicos, d) Conformaron de Comités de recepción de obra e inicio del proceso de recepción de obra sin haber culminado la ejecución, e) Aprobaron el cambio de nivel de establecimiento de salud que llevó a la aprobación irregular de adicionales, generando riesgo de inaplicación de penalidades por incumplimiento contractual.

La presidenta de la Comisión Especial, Norma Ortega, refirió que la paralización o no culminación de los cuatro establecimientos de salud desde 2018 hasta la actualidad vulneró el derecho al acceso a servicios de salud de más de 600 mil arequipeños. e impidió la ejecución de otros proyectos de inversión y/o IOARR para atender las necesidades de los centros de salud que funcionan de manera precaria actualmente.

La consejera de Camaná agregó que la diferencia entre el monto de viabilidad de los proyectos hasta el costo de inversión actualizado a diciembre 2023 cuya diferencia asciende a S/ 136,485,758.76 soles, mientras que la Contraloría General de la República determinó un perjuicio económico de S/ 19,435,049,97, monto que podría incrementarse de acuerdo a las siguientes acciones de control que realice dicha entidad.

El informe se dio a conocer en la sesión del legislativo regional, donde se aprobó el acuerdo regional que amplía el plazo de 180 días para que la comisión investigadora de los cuatro hospitales paralizados en provincias, emitan conclusiones más precisas de irregularidades e ilícitos detectados que ocasionaron perjuicio económico al estado debiendo establecer los nombres y las responsabilidades individuales de los de funcionarios públicos y privados implicados.

El informe concluye asimismo señalando que las irregularidades detectadas en la ejecución de los 4 proyectos derivaron en los procedimientos de resolución contractual y arbitrajes, que generaron la paralización legal de las obras a través de medidas cautelares presentadas por las contratistas, por lo que la Comisión propone un proyecto de ley al Congreso de la República, proponiendo se incorpore el numeral 45.37 del artículo 45 de TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, para impedir medidas cautelares que paralicen los proyectos del sector salud.

Como se recuerda, según los contratos suscritos para la construcción de dichos hospitales en la gestión de la ex gobernadora Yamila Osorio del Movimiento Regional “Arequipa, Tradición y Futuro” del año 2015 al 2018, las obras se adjudicaron el 2015 y debieron concluir el año 2018, pero no se entregaron por múltiples irregularidades e ilícitos en el proceso.

Incluso, la impresentable ex gobernadora regional, la camaneja Osorio, faltando pocos días antes que concluya su desastroso gobierno el 2018, presidió “actos simbólicos” para recepcionar dos de dichos nosocomios que no estaban concluidos. La gestión de Cáceres Llica y Kimmerlee Gutiérrez, tampoco actuaron con celeridad cautelando el interes publico regional en el periodo 2019-2022. El Consejo Regional anterior actuó tardíamente nombrando una Comisión Investigadora que no emitió un informe final señalando responsabilidades. El Procurador Público Anticorrupción debe ampliar la investigación regional y en su momento formalizar las denuncias correspondientes.