El nuevo presidente de Argentina, el ultraliberal, Javier Milei, en su primera semana de mandato ha anunciado a su país un paquete legislativo para debilitar al Estado y darle mayor protagonismo en la economía de dicha nación al sector privado nacional e internacional, lo que ha dividido a la siempre polarizada sociedad argentina. Una de esas medidas anunciadas en los decretos de necesidad y urgencia nacional, es la reducción de 18 a 9 ministerios, fusionándolos a varios de ellos. El problema de Milei es que no tiene mayoría ni en la Cámara de Diputados ni Senadores para aprobar dichas reformas políticas y legales, por lo se avizora en un “choque de trenes” entre el ejecutivo y el legislativo con imprevisibles consecuencias políticas, económicas y sociales.

En nuestro Congreso Nacional, en los últimos años se han presentado varios proyectos de ley para reformar el poder ejecutivo y reducir el número de ministerios, pero dichos proyectos no han nacido de iniciativa de los gobiernos de turno, por lo que no tuvieron prioridad en la agenda legislativa. El último proyecto de ley presentado sobre el tema en diciembre 2023, es de la congresista Katy Ugarte, quien propone en forma concreta, reducir de 19 a 9 ministerios del poder ejecutivo, fusionando varios de ellos. No hay duda que el tema es de interes nacional, por lo que dicho asunto merece un amplio debate nacional desapasionado.

Creo personalmente que el escenario natural y democrático, debería ser el Acuerdo Nacional donde casi todos estamos representados, pero no se le toma en cuenta o derivarse al CEPLAN que es un organismo técnico que proyecta hacia donde debemos ir como Estado soberano e independiente en las próximas décadas. No creo que dicho tema sea abordado en el Congreso donde hay excesiva politización, donde la izquierda tal vez no desearía una reducción de ministerios, pero la derecha sí apoyaría ese proyecto de ley, porque para ellos el Estado es ineficiente y corrupto, por lo que debe reducirse a un mínimo rol en la estructura estatal. Es la doble moral de la derecha, que repudia al Estado, pero quiere controlarlo a la vez para ponerlo al servicio de sus intereses como siempre ha sido desde que nacimos como Estado en 1821.

Hemos revisado como está constituido los poderes ejecutivos de los países de América latina y hemos comprobado que algunos tienen más ministerios que el Perú y otros menos ministerios que nuestro país.

Veamos. Brasil tiene 24 ministerios de su poder ejecutivo con una población de 204 millones de habitantes,  Argentina tiene 18 ministerios con una población de 43 millones de habitantes, Perú tiene 19 ministerios y contamos con 33 millones de habitantes, Uruguay tiene 18 ministerios y apenas cuenta con un poco más de 4 millones de habitantes, Chile tiene 23 ministerios y cuenta con 19 millones de habitantes, Bolivia tiene 18 ministerios y tiene 11 millones de habitantes, Colombia tiene 16 ministerios y tiene una población de 50 millones de habitantes.  Un caso especial es de Ecuador que, si bien tiene 21 ministerios, tiene 4 grandes ministerios coordinadores. Por ejemplo. El denominado Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social engloba al ministerio de inclusión económica y social, al ministerio de salud pública, al ministerio de desarrollo urbano y vivienda y al ministerio del deporte.

No hay duda que, es necesario una reforma del Estado. Pero cuando nos referimos al Estado, nos referimos a los tres poderes públicos. El poder ejecutivo, legislativo y judicial. Pero, no solamente eso, sino también la reforma estatal debería alcanzar a los organismos constitucionales autónomos. Es decir, al Tribunal Constitucional, a la Defensoría del Pueblo, al BCR, al Consejo Nacional de la Magistratura, a la Contraloría General de la República, al sistema electoral, a la SBS y el Ministerio Público. En síntesis, soy partidario de revisar toda la estructura estatal y no solo del poder ejecutivo, promoviendo una segunda república donde el Estado esté al servicio de los ciudadanos porque para eso nació.

Es más, también debería evaluarse y reformularse los gobiernos descentralizados. Nos referimos a los gobiernos regionales, gobiernos municipales provinciales y gobiernos municipales distritales. Es decir, una reforma integral del Estado y no solo del poder ejecutivo. Debemos tener un Estado eficiente, pero descentralizado y que sea competitivo ante un entorno globalizado, pero que esté principalmente al servicio de sus ciudadanos y al desarrollo del país y no al servicio de los grupos económicos y transnacionales. En síntesis, la reforma del Estado, para tener legitimidad y legalidad, debería nacer desde abajo y no imponerse desde arriba como siempre ha sucedido en el país.

Hugo Amanque Chaiña – Periodista y Abogado