Dos integrantes de la Junta Nacional de Justicia debieron abstenerse en la suspensión de la Fiscal de la Nación Patricia Benavides y han incurrido en responsabilidad funcional incumpliendo sus deberes regulados en la ley que regula dicho organismo, al tiempo de lamentar que en los cuatro años de vigencia de la JNJ no hayan cumplido los objetivos institucionales trazados. Así se expresó el ex Fiscal Superior, Dr. Miguel Peréz Vizcarra, quien laboró en el Ministerio Público de Arequipa desde el año 1986 hasta el año 2012.

Agregó que urge una reorganización del Ministerio Público, y que la Academia de la Magistratura depende de la Junta Nacional de Justicia para seleccionar mejor a los futuros jueces y fiscales, pero también demandó una fiscalización rigurosa al patrimonio de los fiscales que laboran en el Ministerio Público y remarcó que el Sistema Judicial está politizado. Compartimos la entrevista que concedió al portal digital Arequipa Misti Press.

La JNJ suspendió finalmente en sus funciones a la Fiscal Patricia Benavides. Mientras Benavides afirmó que no hubo garantías para su defensa y su suspensión fue “express”, la JNJ respondió que no fue express y se ejecutó acatando el reglamento de los procesos disciplinarios. ¿Cuál es su opinión personal sobre esta suspensión a Benavides?

El 04 de diciembre del 2023, la Sra. Fiscal de la Nación Dra. Patricia Benavides solicitó a la Junta Nacional de Justicia, que los Miembros de dicha Junta como son Imelda Tumialán Pinto y Humberto de la Haza, se abstuvieran de votar en el proceso iniciado en su contra, por encontrarse comprendidos en una investigación realizada por la Fiscalía de la Nación. La Junta Nacional de Justicia ha señalado que la suspensión se ejecutó acatando el reglamento de los procesos disciplinarios. Esto no es cierto, pues, de una simple lectura del mencionado reglamento, podemos advertir que el Art. 19 contempla la figura de la Abstención, la que debe aplicarse cuando un miembro de la Junta se encontrara dentro de las causales de abstención previstas en el TUO de la LPAG. Al respecto, el Art. 97 del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley de Procedimiento Administrativo General (LPAG), precisa las causales de abstención: La autoridad que tenga facultad resolutiva o cuyas opiniones sobre el fondo del procedimiento puedan influir en el sentido de la resolución, debe abstenerse de participar en los asuntos cuya competencia le esté atribuida, en los siguientes casos:

3. Si personalmente, o bien su cónyuge, conviviente o algún pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, tuviere interés en el asunto de que se trate o en otro semejante, cuya resolución pueda influir en la situación de aquel. 4. Cuando tuviere amistad íntima, enemistad manifiesta o conflicto de intereses objetivo con cualquiera de los administrados intervinientes en el procedimiento, que se hagan patentes mediante actitudes o hechos evidentes en el procedimiento. 6. Cuando se presenten motivos que perturben la función de la autoridad, esta, por decoro, puede abstenerse mediante resolución debidamente fundamentada. Para ello, se debe tener en consideración las siguientes reglas: a) En caso que la autoridad integre un órgano colegiado, este último debe aceptar o denegar la solicitud. Imelda Tumialán Pinto y Humberto de la Haza, han debido abstenerse de participar en la audiencia de suspensión y no lo hicieron, incurriendo en grave responsabilidad, así también los demás miembros de la Junta Nacional de Justicia que permitieron la participación de los antes mencionados. Evidentemente, la Junta Nacional de Justicia ha transgredido su propio reglamento, ha expedido una resolución de suspensión totalmente írrita, de manera ilegal, inmoral, con carencia total de ética.

Al margen de la resolución de suspensión de Benavides que argumentó la JNJ, en lo personal, y de acuerdo a las publicaciones de los últimos meses contra la Fiscal de la Nación, ¿usted cree que ella violó la ley orgánica del Ministerio Público y el Código de Ética de los Fiscales y se justifica o no su suspensión?

Son hechos que deben ser materia de una rigurosa investigación. Las versiones del Sr. Villanueva deben ser materia de una obligatoria corroboración. En tanto, la Dra. Patricia Benavides goza de la protección constitucional de la presunción de inocencia. En el país, nos hemos acostumbrado a presenciar que a las personas se les acuse y juzgue antes de esperar el resultado de un proceso regular de investigación, con respeto de sus derechos fundamentales, al derecho de defensa y al debido proceso.

Antes de la acusación contra Benavides de ser la presunta cabecilla de una organización criminal con raíces en el Congreso, la Fiscal de la Nación ya tenía tres o cuatro investigaciones en su contra. ¿No cree usted que la JNJ se demoró mucho en las investigaciones no respetando el reglamento disciplinario, tanto para sancionarla si se confirmaba las denuncias contra ella o para archivar las denuncias contra ella?

Recordemos, cómo fueron designados los actuales miembros de la Junta Nacional de Justicia. Su elección fue totalmente política, direccionada por Martin Vizcarra para protegerse a futuro. No todos tienen formación jurisdiccional, es por ello que se advierte una suerte de devaneo en el trámite de los procesos a su cargo, pareciera que estuvieran actuando con cálculo político para decidir cuándo tramitar determinados procesos disciplinarios, allí tenemos los resultados que todos conocemos. En mi opinión, no existe sustento real ni legal en esas investigaciones en contra de la Dra. Patricia Benavides. Esta Junta Nacional de Justicia está totalmente deslegitimizada. La relación de Zoraida Avalos con alguno o algunos miembros de la JNJ es evidente, bajo el padrinazgo de Martin Vizcarra, también existe una relación común con la entonces Fiscal de la Nación Dra. Adelaida Bolívar. Allí encuentro, la explicación del porqué los de la JNJ se permitieron enviar una exhortación al Congreso de la República, para que trataran amablemente a Zoraida Avalos cuando se tenía que decidir su suspensión. También debemos recordar, que cuando el entonces Fiscal de la Nación Dr. Pedro Gonzalo Chavarry Vallejos, dispuso que se aceleraran las investigaciones en contra de Martin Vizcarra (lo que no hizo el Fiscal Pablo Sánchez), encontró la respuesta de la JNJ con el pretexto de la remoción de los Fiscales Vela y Pérez, que originó el precipitado regreso de Vizcarra desde Brasil, abandonando un evento protocolar del más alto nivel. Finalmente, el Dr. Chavarry fue cesado y destituido por una escandalosa arbitrariedad de la Junta Nacional de Justicia. Confío, en que en lo posterior sus miembros sean procesados y sancionados, le estan haciendo mucho daño al sistema judicial del país.

El nuevo Fiscal de la Nación es el Dr. Pablo Sánchez, quien habría afirmado que dejaría el titularato a otro Fiscal. ¿Sanchez debe mantenerse o debe renunciar?

Considero que Sánchez es un Fiscal a la medida de determinadas circunstancias políticas. Nunca debió acceder al cargo de Fiscal de la Nación. También confío en que en el futuro se le investigue, ha demostrado excesiva pasividad en casos emblemáticos al igual que Zoraida Avalos. Por los medios se sabe, que declinará en favor del Dr. Villena Campana, quién es conocido en Arequipa desde que era practicante en una Fiscalía por los años 2001-2002. Confío en que el Dr. Villena sepa conducirse con los principios éticos que en familia le inculcaron, no aceptar presión alguna, tendría la gran responsabilidad de lavarle la cara al Ministerio Público, separar el grano de la paja.

Más allá de quién sea el titular del Ministerio Público, ¿Cree que el nuevo Fiscal de la Nación debe promover una reestructuración o reorganización legal y administrativa de dicho organismo constitucional? ¿Qué modificaciones urgentes requiere el Ministerio Público según experiencia profesional?

Realmente es urgente una reorganización. Se ha hecho común, que un Fiscal Provincial o un Fiscal Superior utilizando los medios cuestione abiertamente a su Fiscal de la Nación. Estos sujetos han debido ser inmediatamente procesados y cesados, antes nunca se ha visto tanta falta de respeto, solo falta que el sindicato de guachimanes del Ministerio Público haga lo mismo o en contra de cualquier superior. Es el resultado, de que muchos ingresaron con garrocha, no tienen formación previa en la magistratura, una vez ingresados al Ministerio Público su preocupación constante es ascender al cargo próximo vía la cartonitis y su designación en alguna Cátedra universitaria. Sería interesante analizar los CV de los miembros del Ministerio Público, nos daríamos con ingratas sorpresas. Control Interno no está actuando a la altura de las circunstancias, debería intervenir en forma permanente e inopinada en los Despachos fiscales. Muchas Fiscalías se han convertido en una suerte de reyno de las prescripciones. La sociedad civil desconfía de sus autoridades, se percibe un alto grado de corrupción, es por ello que una reorganización debe implicar separar la paja del trigo, separar a los malos elementos que tanto daño le hacen no solo al sistema judicial sino también a la buena imagen de Fiscales que actúan con mística.

El Fiscal Rafael Vela ha sido apartado de la función con ocho meses de sanción y el fiscal José Perez también está sometido a proceso disciplinario, en tanto que la fiscal Barreto ha recurrido al poder judicial por habérsela apartado del EFICOP. ¿Cree usted que la Fiscal Benavides y sus allegados se ensañaron contra ellos o los fiscales cometieron ilícitos e irregularidades y merecían ser sometidos a procesos disciplinarios?

La madre del cordero por todos conocidos es Odebrecht. Al entonces Fiscal de la Nación Dr. Pedro Chavarry no le quisieron informar sobre este caso, razón por la que dispuso su remoción con los resultados por todos conocidos con participación activa de la JNJ y Vizcarra, en abierta protección a Vela y Pérez. Ahora sucede lo mismo con la Dra. Patricia Benavides. Por elemental principio de autoridad, los inferiores informan a sus superiores. Cuando los Fiscales son designados por la Fiscalía de la Nación para determinados cargos de confianza, esto no equivale a que los mencionados sean propietarios absolutos de dichos cargos. Pueden ser removidos por intereses institucionales. La Fiscal Barreto esta desorientada, podrá recurrir al Poder Judicial, pero no creo que tenga amparo su petición.

La libertad de expresión es un derecho reconocido en la Declaración Universal de DDHH, en la Constitución Política y varios Pactos y Protocolos que el Estado ha suscrito. ¿Tiene sentido para usted que en el siglo XXI un fiscal o juez que es cuestionado ante la opinión pública tenga que pedir permiso a su Jefe para poder declarar ante la prensa?

La organización institucional es vertical, por principio de autoridad el representante del Ministerio Público es el Fiscal de la Nación, de todas maneras, el inferior tiene que contar con autorización de su superior, el Fiscal tiene que defenderse ante los cuestionamientos ante el Órgano de Control si eventualmente se le requiere, no hay convertir la función fiscal en mediática.

Hace cuatro años se instaló la JNJ. ¿Cuál es el balance institucional que usted haría de la JNJ en los aspectos positivos y negativos de su actuación?

Igual o peor que el entonces CNM. Teníamos la esperanza que actuaran con arreglo a ley, a su reglamento, con sujeción a solidos principios y valores, que cumplieran la función de nombramientos y ratificaciones con absoluta imparcialidad, con objetividad. Esto no es así, pues, si revisamos los nombramientos y ratificaciones que han realizado, tendríamos muchas sorpresas. La responsabilidad que tienen es muy grave, pues, en muchos casos se han introducido al sistema judicial o permanecen en sus cargos sujetos sin escrúpulos, que le hacen mucho daño al ciudadano que anhela justicia.

Entre el 30% al 40% de jueces y fiscales en el país son supernumerarios y el compromiso de la JNJ fue reducir al mínimo ese alto porcentaje. ¿Ha cumplido o no para usted la JNJ esa obligación o es difícil este proceso?

No han cumplido con esas metas. Pueda ser que el proceso sea difícil pero no imposible. Repito, los actuales integrantes de la JNJ no tienen la capacidad suficiente para cumplir con las funciones para las que han sido designados, actúan notoriamente con propósitos políticos.

Para usted, pese que no tiene ni cinco años con su actual Ley Orgánica, ¿La JNJ requiere modificaciones constitucionales o legales o no y cuáles podrían ser esas modificaciones?

Al respecto, debo hacer consignar un artículo publicado por Víctor Quinteros Marquina, referido al tema sub-materia, en el que señala, que el sistema de justicia podrá sostenerse sobre el trabajo de jueces y fiscales bien formados, y también sobre un tipo de gobierno interoperable que facilite su permanente evaluación. El gran desafío será entonces impulsar, concretar y consolidar ambos Objetivos Prioritarios, de lo contrario, la nueva reforma no contará con cimientos que la sostengan, y correrá el riesgo de quedar trunca o desdibujada frente al destape de nuevos escándalos de corrupción. El desafío es complejo, pues cambiar la cultura y estructuras de una organización de resistencia al cambio siempre es una valla que superar, y tanto la interoperabilidad, como la propuesta de una nueva estructura de formación de jueces y fiscales son representativas de este desafío. Entre lo destacable, siguiendo a Quinteros, encontramos el Fortalecimiento de los recursos humanos de las instituciones del sistema de justicia. Vista la experiencia del caso “Cuellos blancos del puerto”, el actual modelo de capacitación, por el tipo de actores que involucra, como jueces, fiscales y abogados litigantes en calidad de docentes, y miles de abogados acumulando certificados para postular a la carrera judicial, termina creando condiciones propicias para la generación de conflictos de intereses, cadena de favores y redes de corrupción. Una nueva institucionalidad en la formación de jueces y fiscales pasa por establecer un verdadero filtro técnico de admisión, formación y calificación. Esta nueva institucionalidad podría integrar a la actual Academia de la Magistratura como parte de la Junta Nacional de Justicia, para lo cual sería necesario promover una reforma constitucional. Una Academia de la Magistratura con nivel académico a nivel de post grado, que sea el único filtro para la admisión de egresados de Derecho con interés en ejercer la función fiscal o jurisdiccional, e incluso la función de control de ambas (fiscales y jueces de control). Esta admisión determinará el derecho a recibir capacitación especializada para la función y, sólo al egresar de esta preparación oficial, contar con la habilitación por parte de la Junta Nacional de Justicia para ser designado(a) juez o fiscal. Sólo el título obtenido en esta nueva institucionalidad determinará la incorporación del(a) nuevo(a) juez o fiscal, no siendo exigible la acumulación de constancias de institutos o centros de capacitación dedicados a tal propósito en la actualidad. El mismo modelo podría ser adaptado para los ascensos. En conclusión, una Junta Nacional de Justicia con mecanismos de admisión automáticos, a partir de un proceso de admisión, formación y calificación a cargo de una Academia de la Magistratura adscrita a su propia institucionalidad. De ese cambio estructural, dependerá también que la Junta Nacional de Justicia fortalezca sus estándares de excelencia, y exigencias de compromiso ético y democrático a las nuevas generaciones de jueces y fiscales que en el futuro –y bajo una nueva institucionalidad– tendría la misión de nombrar o ratificar.

En los últimos meses se han presentado varios proyectos de ley e incluso acusaciones constitucionales contra los integrantes de la JNJ ante el Congreso, especialmente por legisladores conservadores. ¿Se justifica esos proyectos, acusaciones de los congresistas o cree usted que están abusando de su derecho al control político o lo que quieren realmente es someter a la administración de justicia?

El Congreso -cuando existen fundados motivos- se encuentra legitimado para realizar labores de fiscalización en diversas instituciones entre ellas la JNJ. Recientemente, el Congreso rechazó la propuesta del Congresista Esdras Medina para investigar a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, por haber tramitado el proceso inmediato contra la Fiscal de la Nación, sustentando en un evidente conflicto de intereses del organismo que decidió dicho proceso. Se encuentra acreditado que la JNJ ha transgredido su propio Reglamento, al existir conflicto de intereses. Coincidentemente y coetáneamente al archivo de la investigación de la propuesta del Congresista, la JNJ procedió a realizar nombramientos de Fiscales en forma abrumadora. El ciudadano de a pie se pregunta, si existió una suerte de canje de nombramientos a cambio de votos para archivar la mencionada propuesta. Más adelante sabremos qué es lo que pasó. Sabemos que el sistema judicial se encuentra totalmente politizado. Recordemos, que en el año 2010 los Fiscales Tomas Gálvez Villegas y Avelino Guillen Jáuregui denunciaron que el integrante del Consejo Nacional de la Magistratura Efraín Anaya Cárdenas, al primero le había pedido favores económicos y al segundo le indicó que, si no tenía poder político o económico, no sería nombrado como Fiscal Supremo. Realmente nos encontramos ante un sistema podrido. El fin justifica los medios. Salvo honrosas excepciones, un gran porcentaje de concursantes a nombramientos o ratificaciones en el cargo de Fiscal, estarían recurriendo a medios incorrectos.

En los últimos años varios políticos están sometidos a procesos fiscales, pero ellos aducen que la justicia se ha mediatizado y hay una cacería fiscal contra ellos. ¿Cuál es su apreciación sobre dicho tema?

La clase política que tenemos es una fiel representación de la actual sociedad, son elegidos por un gran colectivo que actúa con desidia al momento de decidir su voto, no se preocupan por analizar hojas de vida, si las propuestas son viables o no, orientan su voto debido al clientelismo. Los elegidos mayormente no tienen capacitación en gestión pública, actúan de acuerdo a directrices partidarias o de grupo, fundamentalmente sus posiciones estan orientadas por intereses personales, es por ello que incurren en hechos reñidos contra la moral, inclusive en conductas previstas como ilícitos en nuestro ordenamiento penal. Es tan notorio este tipo de conductas que necesariamente amerita una investigación por los órganos correspondientes, en este caso por el Ministerio Público. La opinión pública sabe ampliamente, la forma cómo actúan muchos congresistas, desmerecen la función para la cual fueron elegidos.

La cabeza de la Fiscalía de la Nación para toda la sociedad peruana debe estar en manos de una persona que represente la reserva moral de la nación y haga respetar el principio de legalidad a los gobernantes y gobernados del país. Después de Blanca Nelida Colán que se sometió al gobierno fujimontesinista y hoy con la suspendida Patricia Benavides el Ministerio Público ante la opinión pública su imagen institucional está en los suelos. ¿Cómo cree usted que el MP debe recuperar su imagen de credibilidad y respeto institucional ante la sociedad peruana?

El Ministerio Público es una institución importantísima y elemental para combatir la corrupción entre otros ilícitos, una de las mayores preocupaciones a nivel global en la actualidad y que en nuestro país se ha convertido en un verdadero cáncer. Entre las medidas radicales, tendría que aplicarse una fiscalización rigurosa del patrimonio de los Fiscales, asimismo, una revisión de las investigaciones en los Órganos de Control para saber cómo se tramitaron y cuáles fueron los resultados. También una revisión de los CVs a los efectos de verificar la fidelidad de la documentación que contienen. Deben ser Fiscales con vocación y no de ocasión. Reitero, separar la paja del trigo.