En audiencia pública ante los magistrados del Tribunal Constituciones del lunes 04 de diciembre, los abogados de Pedro Castillo en informes orales en los procesos de habeas corpus, solicitaron se anule la resolución judicial que decretó prisión de 30 meses al ex mandatario nacional, ya que se violaron los principios constitucionales del debido proceso y la inmunidad que tenía el ex Jefe de Estado por mandato constitucional.

El abogado Pachas, en su intervención ante el TC, afirmó que la resolución judicial que decretó el encarcelamiento de Pedro Castillo, vulneró los principios constitucionales de la libertad individual y la debida motivación judicial que señala la Carta Magna. El letrado subrayó que a Castillo lo sentenciaron por delito de flagrancia, por lo que los magistrados cometieron delito de prevaricato, ya que por mandato constitucional al presidente de la república no se le puede sentenciar por flagrancia y solo puede ser vacado de su cargo por causales previstos en la Constitución por lo que la resolución judicial que envió a prisión al ex mandatario tiene motivación incoherente e insuficiente.

Pachas, agregó que al ex Jefe de Estado no se le notificó del proceso de vacancia express por el golpe de estado y no hubo denunciante en el supuesto delito de flagrancia, incumpliéndose con el artículo 89-A del Reglamento del Congreso que afirma que para vacar al presidente de la república se requiere 104 votos conformes y solo hubo 101 votos que declararon la vacancia de Pedro Castillo el 07 de diciembre del 2022, por lo que solicitó a los magistrados del TC se declare la nulidad de la resolución judicial que ordenó la prisión del ex mandatario.

El abogado Huerta, en su intervención, sustentó que la resolución judicial que envió a prisión a Castillo afectó a su derecho constitucional a la tutela jurisdiccional efectiva y debido proceso, siendo detenido el 07 de diciembre inconstitucional e ilegalmente por la policía por orden de la Fiscal de la Nación que no tenía esa prerrogativa constitucional.

Acotó que a Castillo no se le podía detener por delitos comunes ya que el ex presidente debía ser sometido al antejuicio politico y levantarle previamente su inmunidad por parte del Congreso Nacional, lo que no hizo el parlamento nacional, por lo que se violó su derecho a la tutela juridicial efectiva y el debido proceso que son garantías constitucionales establecidas en la Carta Magna, por lo que demandó al Tribunal Constitucional se anule la resolución judicial que decretó prisión contra Pedro Castillo.

El ex mandatario participó brevemente en la audiencia y afirmó que el 7 de diciembre fue detenido cuando iba a la embajada de México en Lima sin respetarse su derecho al debido proceso, decisión que estuvo a cargo de la Fiscal de la Nación que hoy está acusada de liderar una organización criminal. Agregó que después de su mensaje a la nación no se levantó en armas ni la población lo respaldó, por lo que no cometió ningún delito, demandando a los magistrados del Tribunal Constitucional ordenen su libertad y declaren fundados los habeas corpus presentados ante dicho organismo constitucional autónomo.