La Dra. Amparo Begazo Burga, Procuradora del Gobierno Regional de Arequipa, afirmó que la carga procesal a noviembre 2023 fue de 8,500 procesos, el 90% de ellos por contencioso administrativo, al margen de 38 procesos arbitrales. Respecto al proceso arbitral con Cobra, señaló que a fines de diciembre podría instalarse la audiencia donde los árbitros fijaran las reglas de juego del proceso entre el GRA y Cobra, al tiempo de informar que ya se pagó 180 mil soles a la Cámara de Comercio de Lima que mediante el Tribunal Arbitral llevará adelante el proceso, lamentando que los abogados de la Procuraduría de Arequipa perciban bajos sueldos. Compartimos la entrevista que concedió al portal digital Arequipa Misti Press.

¿Nos puede hacer usted un breve balance del año 2023 en la Procuraduría Regional de Arequipa que dirige al mes de noviembre?

Tenemos una carga procesal que al mes de noviembre llegó a 8,560 casos donde estamos como demandados, en su mayoría provenientes del sector educación y salud.

¿Cómo se puede subdividir esa carga procesal?

Más del 90% se da en procesos contencioso administrativo en salud y educación referente a pagos de beneficios que ellos reclaman como derechos laborales cuyo pago debe estar previamente judicializado.

¿En el otro porcentaje restante qué procesos son?

Son civiles alrededor de 100 procesos, donde hay recuperación de predios en la región Arequipa, mediante procesos de reivindicación. Tenemos procesos penales, especialmente en falsificación de documentos, usos de títulos falsos y otros que son 120 y en denuncias pasan las 500 al momento. En procesos arbitrales tenemos 38 que ya estan en su mayoría para ser laudados. El caso Cobra está iniciándose ya que debe instalarse el Tribunal Arbitral.

¿Cuáles son los procesos arbitrales más difíciles?

Algunos de los procesos arbitrales que llevamos son por las ejecuciones de obras en su mayoría por incumplimiento de plazo, por ampliación de plazo, donde las contratistas han ido a un proceso arbitral donde se ha resuelto el contrato.

¿Nos puede precisar más detalles de la recuperación de predios?

Tenemos las reivindicaciones, lo que quiere decir que el gobierno regional es el dueño de terrenos que han sido invadidos por otros antes del año 2014. Nos falta ejecutar seis este año, pero nos falta ejecutar alrededor de cincuenta de recuperación extrajudicial especialmente en las provincias de Caravelí, Camaná, Caylloma, Majes, Yarabamba, Arequipa, de terrenos invadidos en los últimos años.

¿Cuáles de estos 100 procesos civiles son los más complejos?

No hay procesos complejos, por ejemplo, hay una playa de estacionamiento que pertenece al Colegio Micaela Bastidas que viene siendo usufructuada por personas particulares que no fue asumido como se debía por la Corte Superior y vamos a volverlo a iniciar y vuelva al Colegio Micaela Bastidas como debe ser.

¿Desde cuándo está usufructuando un particular ese predio estatal?

Alrededor de quince años atrás.

¿Quiénes se ha quedado en la defensa de ese predio estatal?

No es que no hubo defensa jurídica, sino que lamentablemente el juez indicó que no procedía el desalojo y esa decisión teníamos que acatarla. Iniciaremos otro proceso de desalojo.

Usted señala que hay registrados alrededor de 120 denuncias penales. ¿Qué tipos de delitos son?

Hay que hacer una diferencia importante. Todas las denuncias contra los funcionarios y trabajadores lo ven la Procuraduría Anticorrupción de Arequipa y eso no es competencia nuestra, salvo cuando seamos agraviados, salvo cuando pretenden algun beneficio, como títulos falsos, documentos falsos, que hayan invadido terrenos con documentos fraudulentos, procesos contra la fe pública son los que nosotros llevamos en la Procuraduría Regional.

¿De los procesos arbitrales cuántos de ellos los han ganado la Procuraduría Regional?

Vamos mitad por mitad, hemos incidido en ir a nulidades en la via judicial, y nos han dado respaldo.

¿Cuál de estos procesos de arbitraje son complejos?

Los contratistas como se les ha resuelto el contrato han recurrido de acuerdo a ley al arbitraje y exigen pago de obras, gastos adicionales, etc.

¿En reparaciones civiles cuando ha recuperado la Procuraduría?

Al mes de noviembre 2023 hemos recuperado alrededor de 60 mil soles que ya está en las cuentas del gobierno regional y estamos esperando que queden consentidas otras sentencias para seguir depositando dinero en el gobierno regional.

En la proyección anual de recuperación de reparaciones civiles, ¿Cuánto proyectaron recuperar ustedes este año 2023?

En el caso de procesos penales, se ganan todos, y de esos se han depositado alrededor de 60 mil soles.

Ustedes pueden conciliar a nombre del gobierno regional. ¿Cuántos procesos han conciliado?

No, nos llaman a conciliar, pero no hemos procedido a ninguna conciliación porque estos temas son de gestiones anteriores y la responsabilidad tendrían que asumir los actuales, y en muchos casos no se cuenta con toda la documentación que avale lo que ellos desean que se les pague.

En la defensa jurídica del gobierno regional, ¿todas las dependencias regionales colaboran con ustedes facilitándoles documentación requerida para los procesos o no?

Sí, pero no todos lo hacen en los plazos oportunos y eso genera multas y con mucha razón el gobernador regional se molesta, porque él es el titular del pliego regional.

Entiendo que el caso Cobra es complejo y tiene etapas. ¿Nos puede explicar brevemente como está actualmente este proceso emblemático?

Es necesario un breve resumen. A nosotros nos llega la petición arbitral en agosto del 2023 en la que nos piden que nosotros como Procuraduría procedamos a solicitar un arbitraje por incumplimiento de varias cláusulas contenidas en el contrato con Cobra. Eso fue llevado a la Cámara de Comercio de Lima, de acuerdo a lo que dice el contrato entre el GRA y Cobra si se presentan controversias. Cobra respondió que eso no era competencia de la Cámara de Comercio de Lima y debía ir al SICRECI a un arbitraje internacional. Nosotros sustentamos con nuestros argumentos ante la Cámara de Comercio de Lima que finalmente nos dio la razón. Se ha procedido ya al pago de los costos del arbitraje del 50% y Cobra se ha allanado. Ahora viene la designación de los árbitros y luego habrá una audiencia donde se fijará todo el proceso, los tiempos de la demanda, de la contestación, los medios de prueba, los alegatos hasta llegar al laudo arbitral final que podría durar alrededor de un año. Quiero precisar que cuando se instale la audiencia en el Tribunal Arbitral todo es privado y nosotros no podemos declarar, porque nos pueden aperturar un proceso disciplinario. Estamos esperando la notificación de la Cámara de Comercio de Lima.

¿Hay alguna fecha tentativa para la instalación?

Aún no, podría ser antes de fin de año donde se planteen las reglas de como actuaremos las partes en este proceso. Eso lo define el Tribunal Arbitral y hoy ambas partes hemos definido a nuestros árbitros y los designados deben elegir a un tercero que será el presidente y debe ser imparcial, luego de eso vendrá la audiencia de instalación.

¿El gobierno regional de Arequipa ya definió al árbitro que lo representará en el Tribunal Arbitral?

Entiendo que ya está propuesto y esa es decisión del gobernador regional por ley.

En este tema concreto el estado invierte dinero, pero también el privado, sin embargo, usted señala que todo el proceso del arbitraje es reservado. ¿Cómo entender eso si el Estado debe ser transparente?

El tema arbitral es privado, porque el Estado es una de las partes en un proceso y se somete a esa privacidad hasta el final que es el laudo arbitral.

¿En la audiencia que es lo que debe demostrar el gobierno regional?

En la primera audiencia el Tribunal Arbitral definirá el índice de todo el proceso arbitral. Fija plazos y procedimientos para el proceso concreto. Es decir, fija las reglas de juego arbitral.

Pero mi pregunta, ¿Qué es lo debe demostrar ante el Tribunal Arbitral para que estos le den la razón finalmente al GRA?

Los incumplimientos de los compromisos establecidos en el contrato por parte de Cobra, y disculpe, pero no puedo precisarlos hoy, son pocos, pero son muy consistentes.

¿Cree usted que el GRA puede ganar este proceso arbitral?

Creo que sí, actuamos dentro del derecho y pese a las negativas hemos ganado la primera batalla contra Cobra.

Cobra es poderosa económicamente y seguro que van a defenderse bien en este proceso. ¿Ustedes van a contratar asesores o consultores para reforzar la defensa jurídica y técnica ante el Tribunal Arbitral?

Seguramente que llegará ese momento, hoy tenemos el apoyo de la Procuraduría General del Estado y de AUTODEMA y es posible que contratemos consultores de acuerdo a ley.

Usted señala que el laudo arbitral duraría un año. ¿Por qué tanto tiempo?

Es controversial el caso, hay plazos y etapas que cumplir y es la experiencia en la mayoría de arbitrajes.

¿El laudo arbitral será definitivo o la parte perdedora podrá apelar a otra instancia?

El laudo es definitivo porque las partes se han sometido al Tribunal, pero pueden pedir la nulidad, cuando adolece de algo formal pero no el fondo del asunto, se tramita ante la Corte Superior de Lima ante la Sala Comercial y ellos analizarán la forma, pero no el fondo, ellos revisarán ese tema si es planteado, pero el laudo arbitral no cambiará.

¿Cuánto le costará este proceso arbitral al GRA?

Ya hemos pagado 140 mil soles y 40 mil soles por gastos administrativos a la Cámara de Comercio que es el 50%. El otro 50% lo debe pagar Cobra. No se descarta que haya una conciliación en pleno proceso arbitral.

En pleno proceso arbitral, ¿pueden continuar las obras de Majes II o se paraliza todo hasta que salga el laudo arbitral?

Pueden continuar, pese a que ellos y nosotros hemos resuelto el contrato y habrá que analizar si se presenta esa petición.

¿En personal, infraestructura y equipamiento como está la Procuraduría Regional?

Este año el gobernador nos ha dado su apoyo, nos falta adecuar los ambientes y nos proporcionen equipamiento moderno.

Según usted, ¿cuál es su fortaleza institucional y su mayor debilidad?

Reconozco el trabajo en equipo y el equipo humano que tengo pese a las limitaciones, somos 30 personas, doce son personal administrativos y los demás son abogados en diversas especialidades. A veces nos frenan algunas denuncias que nos hacen el Sr. Villegas y el Sr. Alva que afirman que yo no estoy capacitada para el cargo y no entiendo como se permiten hablar con tanta ligereza, pero los resultados hablan por nosotros y trabajos con plazos y responsabilidad.

¿Cuál sería la debilidad institucional de ustedes?

Creo que los pocos sueldos que ganamos conforme a la responsabilidad que tenemos, por ejemplo, los abogados que trabajan con nosotros ganan en promedio 1,500 soles que es bajo e incluso mi sueldo que es de 3,500 soles y debería estar como F5 y debería ser 10 mil soles.

Un tema final. Meses atrás la Procuradora Regional Titular fue separada por procesos penales y administrativos y usted asumió la jefatura interna, pero eso es transitorio. ¿Cómo se va a resolver este caso?

Puedo decirle que efectivamente la ex Procuradora fue separada del cargo el 10 de octubre del 2021 con un proceso administrativo de la Procuraduría General del Estado y ese proceso está en apelación. Hay dos procesos penales que estan en apelación y la ex Procuradora está en recursos humanos del gobierno regional donde viene laborando.

¿Pero, usted es la Procuradora Adjunta o la Titular?

De acuerdo a lo que ha dispuesto la Procuraduría yo estoy encargada.

Eso es transitorio, pero a futuro para la titularidad de la Procuraduría Regional, ¿habrá o no concurso?

Así es, la anterior Procuradora ganó un concurso, pero fue separada por el ente rector. No hay designaciones y hay que esperar lo que diga finalmente la Procuraduría General del Estado, pero ellos me han encargado esta funcion.

¿Qué le diría finalmente a la poblacion en su condición de Procuraduría que defiende los intereses del GRA?

Le agradezco a usted por la entrevista por permitir exponer el trabajo realizado el año 2023 y a la población que nos ayude hacer nuestro trabajo y pedirles a los ciudadanos que no se dejen estafar en la compra de terrenos, porque la única forma de adquirirlos es en subastas públicas.