Según el diccionario de la Real Academia Española, “cataclismo” es una catástrofe producida por un fenómeno natural, por lo que podemos deducir que lo que hoy acontece en el país, es un sorpresivo “cataclismo politico” con repercusiones económicas y sociales en los poderes públicos y organismos constitucionales autónomos del estado peruano de imprevisibles consecuencias. Esto puede dar lugar a que en los próximos días o semanas pueda devenir una crisis total de desconfianza social que la sociedad peruana obligue al ejecutivo y legislativo, así como de otras autoridades de organismos constitucionales a renunciar a sus cargos para darle estabilidad a la nación peruana tan convulsionada en los últimos años y convocarse nuevas elecciones. Una breve crónica del “cataclismo politico”.

Detención del asesor de la Fiscal de la Nación

En la madrugada del lunes 27, efectivos de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía, detuvieron a Jaime Villanueva, asesor principal de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en el marco de una investigación a una presunta red criminal que opera en el Ministerio Público.

La orden de detención, descerraje y allanamiento de la vivienda del asesor Villanueva en el distrito de La Molina, así como de su oficina en el Ministerio Público y el registro de dos vehículos de su propiedad, fue dictada por el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.

De acuerdo al equipo especial de la fiscalía, Villanueva Barreto y Miguel Angel Girao Isidro, funcionarios del Ministerio Público, así como el coordinador parlamentario Abel Hurtado Espinoza, integrarían una organización criminal que habria «instrumentalizado» la «persecución penal para beneficio propio».

Las acciones que desarrollaron tuvieron el objetivo de influir «ilícitamente en decisiones de congresistas» para la remoción de los titulares de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la designación del actual defensor del pueblo, Josué Gutiérrez y la inhabilitación de Zoraida Ávalos como Fiscal de la Nación, «para fines ilícitos», por lo que esta presunta organización criminal buscó atacar a la JNJ para evitar la destitución de Patricia Benavides

Fiscal de la Nación rechaza amedrentamiento y anuncia denuncia constitucional contra Presidenta Boluarte

La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, respondió las acusaciones que se le imputan y rechazó el acto de amedrentamiento la investigación del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder (Eficcop), que la señala como líder de una presunta organización criminal que opera desde el Ministerio Público, precisando que no retrocederá y se mantendrá al mando del Ministerio Público.

Benavides precisó que continuará con las investigaciones a todos los altos funcionarios que resulten responsables de las trágicas muertes ocurridas durante las protestas sociales entre diciembre del 2022 y marzo del presente año, así como de todos los casos emblemáticos de los que se hace cargo el Ministerio Público.

En forma sorpresiva, informó que ha presentado denuncia constitucional ante Congreso de la Republica contra la presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra; el jefe del Gabinete Ministerial, Alberto Otárola; César Augusto Cervantes, Víctor Eduardo Rojas Herrera y Vicente Romero, por la presunta comisión del delito de homicidio calificado en agravio de Víctor Santisteban Yacsavilca y lesiones graves en agravio de Renato Sebastián Murillo.

Boluarte respondió que denuncia en su contra es maniobra política de la Fiscal de la Nación

La presidenta de la República, Dina Boluarte, en pronunciamiento acompañado de ministros consideró como una “desdeñable maniobra política” la denuncia constitucional presentada en su contra por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, debido a las muertes ocurridas durante las protestas sociales de diciembre y enero pasado.

Boluarte, precisó que la denuncia constituye una “maniobra política” para distraer la atención de lo que calificó como una denuncia “gravísima” contra Patricia Benavides, a quien el equipo de fiscales de la corrupción en el poder la señala como presunta integrante de una organización criminal en el Ministerio Público.

La mandataria subrayó que la denuncia constitucional presentada en su contra y contra algunos ministros y exministros de su gobierno es aún más extraña, cuando apenas hace cuatro días, el viernes 24 pasado, el Ministerio Público la notificó para informarle que se iba a desagregar su caso, y prolongar la investigación para los próximos ocho meses.

Junta Nacional de Justicia evalúa situación contra Fiscal de la Nación

En un breve comunicado, la Junta Nacional de Justicia informó que, ante la investigación realizada a la fiscal de la nación, Patricia Benavides, y sus colaboradores cercanos, se encuentra en sesión permanente para evaluar las acciones competentes a tomar en el marco de la Constitución y la ley. Actualmente la JNJ la integran siete magistrados. Ellos son, Imelda Tumialan Pinto, Presidenta de la Junta Nacional de Justicia y Aldo Alejandro Vásquez Ríos, Henry José Ávila Herrera, Luz Inés Tello De Ñecco, Antonio Humberto De La Haza Barrantes, María Amabilia Zavala Valladares, Guillermo Santiago Thornberry Villarán y Juan Carlos Cortés Carcelén.

Fiscales Supremos exigen renuncia de Fiscal de la Nación

En carta remitida a la Fiscal de la Nación, los fiscales supremos Pablo Sánchez y Juan Carlos Villena, solicitaron la renuncia de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ante las investigaciones que la comprometen como presunta integrante de una organización criminal.

Los fiscales supremos señalan que los hechos graves sometidos a investigación penal no se condicen con el desempeño debido de su cargo como máxima representante del Ministerio Público, por lo que exigen que renuncie al cargo de fiscal de la Nación, a fin de no afectar la investigación que realiza la institución y agregan que su petición se basa en la resolución del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional que declaró fundado el requerimiento fiscal del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder en la denuncia contra su ex asesor Jaime Villena Barreto, y que la involucran en hechos graves sometidos a investigación penal.

Ex fiscal de la nación afirmó que su inhabilitación política tuvo carácter politico en el Congreso

Zoraida Ávalos, ex fiscal de la nación, destituida por el Congreso en los últimos meses, señaló que los chats difundidos revelarían la presunta existencia de una red criminal en el Ministerio Público, poniendo en evidencia que su inhabilitación por el Congreso tuvo carácter político y que detrás de ello se encuentra la hoy titular del Ministerio Público, Patricia Benavides, junto con su entorno más cercano.

Avalos, refirió que en la sesión del 1° de junio de la Junta de Fiscales Supremos, indicó que le habían llegado trascendidos de que dos asesores y un coordinador parlamentario del Ministerio Público estaban haciendo lobby en su contra, a fin de que quede en autos. Para la ex fiscal de la Nación, ello se habría dado por orden de Patricia Benavides, ya que le resultaba incómoda dentro de la institución.

Congresista Luque informó que presentará denuncia constitucional contra Fiscal de la Nación

La congresista Ruth Luque informó que presentará una denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, a fin de que sea sancionada e inhabilitada, tras revelarse que la magistrada lideraría una presunta organización criminal y espera que los congresistas que han pregonado la lucha contra corrupción, hoy cumplan los plazos y se abra investigación para que la Fiscal sea sancionada.

La legisladora calificó de escandalosos los chats revelados por la prensa y redes sociales que muestran una clara instrumentalización política para socavar el Ministerio Público y poner a la institución al servicio de unos cuantos y exhortó a que las fuerzas políticas representadas en el Congreso se pronuncien y no mantengan un silencio cómplice frente a la gravedad de los hechos. Agregó que la congresista, Patricia Chirinos, mencionada en los chats del asesor Villanueva, también debería ser denunciada constitucionalmente.

Luque, demandó que la Junta de Fiscales Supremos y la Junta Nacional de Justicia (JNJ) pueden suspender provisionalmente a Patricia Benavides del cargo de fiscal de la Nación.