La paz social peligra en el Perú, las fuerzas sociales preparan una asonada de graves consecuencias. Existe una salida jurídica para lograr la paz social en el Perú. Es de público conocimiento que se ha defenestrado a Pedro Castillo Terrones ilegalmente y que su detención es arbitraria. La mejor prueba de ello es que ya nadie, sino pocos piden su libertad.

El Congreso de la República no cumplió con lo normado por su Reglamento que tiene el rango de ley. Tampoco con la Constitución Política del Perú. Se le han abierto varías investigaciones espurias basadas en el testimonio de topos sembrados por el fujimorismo, que seguramente saldrán en libertad después de manchar la honra de un mandatario honesto y del pueblo, pues fue elegido por mandato popular.

Se argumenta que intentó un golpe de Estado, y al instante de ese pronunciamiento inocuo, discurso soso y anodino. La Fiscalía de la Nación y sus fiscales supremos, el Poder Judicial, la Junta Nacional de Justicia, se pronuncian en contra de un golpe de Estado ficticio, pues nunca hubo tal intención de parte de la Presidencia de la República, ni de su Consejo de Ministros, que ni siquiera estuvieron reunidos con él, renunciando algunos de inmediato.

El Congreso de la República reunidos en el Pleno, en pleno jolgorio, pidieron la detención de Pedro Castillo Terrones por haber cometido delito en flagrancia, cuando el Presidente se dirigía al Congreso para responder su defensa programada para la tarde a su pedido de vacancia.

Alegando los congresistas que se iba a asilar en la Embajada de México. Es el caso, que México aboga por Pedro Castillo Terrones al enterarse de esta farsa, y por iniciativa del Congreso, la Ministra de Relaciones Exteriores empieza a romper relaciones con México, que desconoce como Presidente a Dina Ercilia Boluarte Zegarra, quien casi de inmediato asume de facto la Presidencia de la República.

Varios juristas internacionales y Abogados del Presidente Pedro Castillo Terrones, coinciden en alegar que no existe delito de rebelión y conspiración, y algunos países apoyan a Pedro Castillo Terrones, asimismo organismos internacionales. La Constitución Política del Perú en su Artículo 46, dispone:

«Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y las leyes. La población civil tiene el derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional». El Congreso de la República y la presidente de facto Dina Ercilia Boluarte Zegarra, han violado la Constitución Política del Perú y las leyes, violentando el orden constitucional. Entonces, como propuesta de pacificación del Perú, pido en forma individual, la reivindicación de Pedro Castillo Terrones, quien legal y constitucionalmente es Presidente de la República del Perú.

Javier Azálgara Neyra – Abogado y Magistrado Cesante