Balaceras y muertos en campeonatos de fulbito (Ventanilla); masacre en concierto chicha (Villa El Salvador); cobro de cupos para uso de la vía pública del comercio ambulatorio, ejercicio de la prostitución, a empresas de transporte urbano, negocios de emprendedores; “ajuste de cuentas” entre criminales, sicarios y extorsionadores; enfrentamientos de peligrosas bandas, por dominio de territorios; robo de celulares; existencia de centros comerciales de bienes robados; proliferación de armas de fuego, granadas y municiones; tráfico de estupefacientes; sangrientos préstamos de gota a gota; fábricas de títulos universitarios falsos y otros documentos.

En Lima están los tres Poderes del Estado: Legislativo, Ejecutivo y Judicial; es sede del Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, de la Dirección Nacional de la Policía Nacional del Perú, Comando Conjunto de las FFAA, Fiscalía de la Nación, Contraloría General de la República, Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional, Junta Nacional de Justicia; todos ellos con altas remuneraciones, derechos laborales completos, más privilegios de costosos seguros especiales.

Radican los Comités Ejecutivos de Partidos Políticos, representados en el Congreso de la República; están los organismos máximos de diversas iglesias (católicos, evangélicos y otros). Se encuentran los Comandos de Conducción de las centrales sindicales (CGTP, CTP, CUT, CATP), confederaciones empresariales (Confiep, SNI, Adex, SNMPE); las ONGs de Derechos Humanos, promoción y defensa de poblaciones vulnerables; Universidades con Escuelas de Gobierno (preparan gestores públicos), centros de investigación política, económica y social; Medios de Comunicación: diarios, revistas, radios y televisión, donde escriben, hablan y exponen, politólogos, académicos y expertos; son puro bla, bla, bla.

Todas estas instituciones del sector público, sector privado y sociedad civil, no sirven para prevenir la criminalidad, menos para resolver problemas de inseguridad ciudadana. El Estado gasta miles de millones de soles, en consultorías que van al basurero del archivo, no resuelven ningún problema de nuestros pueblos, no satisfacen ninguna necesidad de nuestras poblaciones, ni plasman ninguna aspiración de nuestros jóvenes. Es el más estruendoso fracaso del centralismo de magísteres y doctorados. ¿Qué hacemos?

Edgar Lajo Paredes – Abogado