En el reglamento del Congreso, no está tipificado en qué consisten las faltas graves de altos funcionarios estatales ni tampoco la investigación sumaria y hay vacíos legislativos, por lo que el Congreso con mayoría y con subjetividad política puede destituir a la Junta Nacional de Justicia, sin embargo, los afectados pueden acudir en amparo ante el Poder Judicial, Comisión Interamericana de Derechos Humanos e incluso invocar la Carta Democratica de la OEA.

Así se expresó el abogado y con Maestria en Derecho Constitucional en la UCSM, Dr. José Villafuerte Charca, quien refirió que la investigación sumaria contra la Junta Nacional de Justicia viola el debido proceso, al tiempo de agregar que el parlamento actual quiere copar la JNJ y controlar todo el aparato estatal como el JNE, por lo que la sociedad civil debe reaccionar y defender el sistema democrático. Compartimos la entrevista que concedió al portal digital Arequipa Misti Press.

¿Qué comentario le merece la decisión del Congreso de investigar en forma sumaria a la Junta Nacional de Justicia tanto en la forma y en el fondo?

El Congreso tiene la potestad de investigar, ya que ellos son los que designan y eso es claro. Pero, no existe un reglamento específico para tratar las investigaciones en los plazos. El Congreso ha definido que la investigación sumaria sea de 14 días y eso es un plazo demasiado sumarísimo para investigar a muchas personas porque hay que acopiar pruebas, tiene que dar plazo para que los investigados preparen su defensa y escuchar sus argumentaciones, pruebas de descargos, etc.

Una primera pregunta y precisión. ¿En la Constitución y Reglamento del Interno del Congreso está contemplada la investigación sumaria?

No, en lo absoluto, no hay.

¿Por qué cree usted que eso se aprobó en el Congreso por mayoría?

Porque ellos tienen unan decisión política y creen que en 14 días son suficientes para tomar decisiones políticas.

¿Pero la política no debe conjugarse con el marco constitucional y jurídico vigente?

En un Congreso serio y cuando hay políticos respetables, pero en el Congreso actual se hace politiquería y cuando hay eso no vamos encontrar compatibilidad entre política y Constitución y legislación.

Los integrantes de la Junta Nacional de Justicia son acusados por haber cometido cuatro presuntas faltas graves. Sin embargo, no hay una precisión en qué consiste la falta grave de alto funcionarios ni en la Constitución ni en el reglamento del Congreso. ¿Cómo entender eso hoy?

El problema es que cuando se trabajó el reglamento que es muy antiguo se fue haciendo modificaciones posteriores. Ese reglamento se hizo pensando que al Congreso llegaban gente con trayectoria, políticos que hacían hecho carrera, ciudadanos notables con experiencia pública y habia respeto mutuo por el elector. Rara vez habia conflicto con la Constitución y rara vez habia un congresista con denuncias policiales, fiscales o sentencias judiciales. Los políticos del siglo pasado hacían política y para ser candidato no tenías que tener pasado tenebroso y ser un ciudadano honesto y con valores y principios.

Usted coincide entonces que hay un vacío legislativo porque no está regulado en qué consiste la falta grave. ¿Podría ser sancionados los integrantes de la JNJ si acaso les encontraran responsabilidad a ellos o no?

Quiero concluir antes la respuesta a la pregunta anterior. Antes como habia políticos respetables y honorables, no era necesario tipificar las faltas graves en el reglamento del Congreso. Ahora sí hay necesidad de reglamentarlo y hay vacíos legislativos. ¿Qué se entiende por falta grave? Eso está sujeto a la observación y valoración de los hechos, pero con alta subjetividad. ¿En que se escudan hoy en el Congreso? Que ellos son un ente politico y pueden hacer control politico, y por lo tanto las decisiones van a ser políticas, pero, ¿Qué tipo de personas tenemos hoy en el Congreso? Lo que nos está demostrando esto es que nos falta la tipificación de faltas graves y para esa mayoría en el Congreso cualquier cosa lo pueden interpretar como falta grave.

¿La investigación sumaría a la JNJ cree usted que estaría violando la garantía constitucional del debido proceso o no?

Claro, porque en materia constitucional siempre hablamos del plazo razonable y cuando no hay un plazo razonable para investigar se está afectando el debido proceso.

La congresista Patricia Chirinos en su sustentación ante el Congreso para solicitar investigar a la JNJ adujo cuatro faltas graves de los integrantes de dicho organismo constitucional autónomo. ¿Nota usted consistencia y coherencia en esas cuatro razones o no?

No, adujo que se habria filtrado información a la prensa de la JNJ contra la fiscal de la nación para sancionarla. ¿Cómo prueba esa acusación y la autoría de la filtración? ¿Dónde estan las pruebas y testimonios? Allí hay inconsistencia en la acusación.

Chirinos sustentó en la acusación contra la JNJ que ese organismo al emitir un pronunciamiento institucional frente al Congreso en el caso Zoraida Avalos, en su ejercicio de libertad de expresión y difusión habria violado el principio de separación de poderes. ¿Tiene consistencia esa acusación?

Tampoco, porque lo que acabas de decir, todos los ciudadanos tenemos derecho a tener una idea y difundirla expresando nuestra opinión y ese derecho lo tienen las personas naturales y jurídicas. Sin embargo, si en el ejercicio de la libertad de expresión se afecta otros derechos de personas, hay mecanismos para pedir rectificación e ir al fuero judicial. Pero en el pronunciamiento de la JNJ fue muy sobria y con sustento jurídico y técnico.

¿Cuáles son para usted entonces las razones de fondo para investigar a los integrantes de la JNJ por el Congreso?

Continua el copamiento del aparato estatal y hay grupos de interes que tienen sus operadores que quieren tener el control de los aparatos estatales. Les falta destituir a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, y ellos elegirán a personas que sean próximas a sus ideas políticas, luego indirectamente designarán a los jefes de RENIEC, ONPE y luego al Jurado Nacional de Elecciones. Ese es su objetivo politico.

Algunos analistas estiman que el fondo del asunto es buscar la impunidad ya que algunos políticos de los grupos parlamentarios estan investigados y procesados y al descabezar a la JNJ, no habria sanción para ellos y recurrían a la prescripción. ¿Ve usted ese escenario?

Hoy ellos tienen intereses en tres espacios. Ellos necesitan el control del estado para seguir haciendo mercantilismo con sus empresas y los gobiernos mediante contratos. Otro escenario es que algunos políticos tienen problemas legales porque tienen investigaciones y acusaciones y quieren prescripciones y absoluciones. El tercer escenario es tener el control estratégico del estado para seguir gobernando las próximas décadas sin ningún problema.

La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso acordó solicitar al gobierno la expulsión del funcionario de la ONU que emitió un pronunciamiento solicitando el respeto al equilibrio de poderes y del sistema de justicia. La derecha considera eso una intromisión en asuntos internos, pese a que el oficial de la ONU sostuvo que estaba haciendo respetar un principio de la ONU que ha suscrito el Estado peruano. ¿Es un abuso de la ONU ese pronunciamiento o no?

En absoluto, dicho funcionario emitió ese pronunciamiento en uso de sus competencias y usando un lenguaje diplomático. Lo que pasa es que hay operadores políticos de la derecha que estan desesperados por opiniones discrepantes a ellos. Tienen un pensamiento totalitario y no son tolerantes a la crítica.

El Perú ha suscrito como Estado que garantiza la independencia del sistema judicial como principio internacional, sin embargo, la derecha parlamentaria con el pronunciamiento de la ONU sostiene que eso es una intromisión inaceptable. ¿Cómo entender eso?

Todo régimen que se ve afectado en sus intereses, siempre adopta esa actitud. Eso sucedió en Panamá cuando Noriega era presionado por organismos internacionales, cuando el fondo del asunto era que en dicho país se investigaba a un gobernante que tenía relaciones con el narcotráfico.

¿Un Estado que suscribe principios y convenios internacionales puede desconocerlos y si lo hace a qué sanciones se somete?

En primer lugar, se pide al Estado que rectifique y reflexione y si no es así, el Estado es puesto en el banquillo de los acusados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y si hay sanción por desconocer el orden internacional y el Estado no lo acata, nos convertimos en un país paria que no genera respeto y confianza en la comunidad internacional.

Un juzgado de Lima ha admitido un habeas corpus a favor de la JNJ presentado por abogados para evitar que continúe la investigación a dichos magistrados invocando la amenaza a su libertad personal que comenzó la comisión investigadora del Congreso. ¿En qué puede concluir dicho proceso?

No conozco en detalle este caso, pero debió presentarse una acción de amparo ya que corría peligro la libertad física de los integrantes de la JNJ.

¿Cree usted que el Congreso consigan los 87 votos para destituir por falta grave a los integrantes de la JNJ?

Yo creo que sí, porque estan juntos la derecha e izquierda y no hay liberales ni conservadores. La gente de Peru Libre vota junto con Renovación Popular, Fuerza Popular y Fuerza Popular. Tienen interes similares.

Esa es la primera vez yo veo un choque frontal entre poderes publicos y organismos constitucionales autónomos. Por ejemplo, la Fiscal de la Nación ha recurrido al Tribunal Constitucional en contienda de competencia y al poder judicial en un amparo que le ha concedido una medida cautelar y ha paralizado las investigaciones que efectúa la Junta Nacional de Justicia. ¿Qué opinión tiene usted de este caso?

Esa es una muestra del deterioro del sistema y ha recurrido al Tribunal Constitucional en busca de protección a ella y hay que analizar el caso como el ajedrez y evaluar a qué intereses responde el TC.

¿Cree usted que la Fiscal de la Nación tiene consistencia al afirmar ante el Tribunal Constitucional que la JNJ ha excedido en sus facultades al investigar temas administrativos que es su competencia como ella sostiene?

La JNJ tiene competencia para investigar a todos los jueces y fiscales y la Fiscal tiene que entender que ella tiene competencia respecto de los fiscales, pero no abusar de sus competencias.

La JNJ en su ley orgánica señala que el plazo máximo para investigar es de seis meses y se ha excedido del tiempo en los casos de la Fiscal de la Nación. ¿No cree usted que en el tiempo se ha excedido la JNJ?

Ellos informaron que habían recibido 30 denuncias contra la Fiscal de la Nación y muchas de ellas habían sido archivadas porque las investigaciones demoran mucho tiempo.

Una jueza constitucional admitió un amparo y dictó medida cautelar a favor de la Fiscal ordenando a la JNJ a paralizar las investigaciones contra Patricia Benavides. ¿Cómo analiza esa resolución judicial si está bien o mal motivado?

No conozco el fallo y no podría emitir una opinión concreta. Lamentablemente hay crisis en el sistema de justicia y hay jueces que no son titulares que se prestan a dictar sentencias cuestionables.

¿Usted cree que la JNJ puede recurrir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos?

Ellos podrían acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

¿Cómo ve usted la actuación de la sociedad civil?

Tiene que mostrar su indignación y exigir que se respete las reglas democráticas y jurídicas en el país, entre ellos derechos humanos.

La JNJ tiene casí cuatro años de vigencia, más alla de esta investigación parlamentaria, ¿Cómo evalúa usted la actuación de la JNJ hasta hoy?

El Consejo Nacional de la Magistratura que ha sido reemplazada por la Junta Nacional de Justicia ha sido más sobria, serena y ha trabajado en sus obligaciones legales y legales. Los jueces no ratificados han recurrido ante los organismos correspondientes y se ha respetado los fallos judiciales.

¿Qué pasaría en el país si en las próximas semanas el Congreso destituye a los miembros de la JNJ?

Estoy preocupado por la actitud de los ciudadanos, respecto de las autoridades nacionales y parlamentarias, regionales y municipales, porque a todas las cuestionan y han perdido la confianza de la opinión pública.

Cuando Castillo es destituido por el Congreso por anunciar el golpe de estado en diciembre del 2022, el pueblo sale a protestar en los siguientes días y semanas después se registraron decenas de fallecidos. ¿Ese escenario se puede volver a repetir hoy si el Congreso destituye a la JNJ y se registren protestas ciudadanas masivas?

No sé, sinceramente no sé. La ciudadanía ante diversos contextos tiene acciones diferentes. La protesta en diciembre 2022, no solo era contra el Congreso y Boluarte, porque ella prometía que renunciarían si vacaban a Castillo y la vieron a ella como desleal y no hacen un análisis jurídico detallado.

¿No teme usted una explosión social?

No creo, porque muchos no saben que es la Junta Nacional de Justicia ni su rol en el Estado, aunque el caso hoy se ha mediatizado y no saben si a ellos los afecta o no en el sistema judicial peruano.

¿Algunos analistas jurídicos consideran que deberia invocarse la activación de la Carta Democratica ante la OEA ante el peligro inminente de destitución de la JNJ por parte del Congreso?

Yo creo que sí, y los organismos internacionales efectuarán un análisis integral del problema, no solo el problema coyuntural y finalmente emitirá su pronunciamiento si el Estado violó o no algun artículo de la Carta Democratica de la OEA.