IDELE

No hay duda que, en un Estado Constitucional de Derecho, todos estamos sometidos a control por mandato constitucional. Es, por tanto, el Congreso Nacional que representa al pueblo quien ejerciendo su funcion y derecho de control politico y fiscalización, puede iniciar investigaciones a autoridades, instituciones y personas jurídicas y naturales, en cualquier asunto de interes público.

Sin embargo, la misma Constitución prohíbe el abuso del derecho, ya que no hay ningún derecho absoluto exento de control, incluido al poder legislativo, según lo ha confirmado en varias sentencias el Tribunal Constitucional. Concretamente, lo que acaba de aprobar el Congreso de mayoría derechista de investigar a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, es otro “caballazo” más en la historia del parlamento, no amparado en normas jurídicas, sino en su mayoría numérica del cual estan haciendo abuso, tratando de copar los organismos constitucionales autónomos como la Junta Nacional de Justicia.

Se denomina “caballazo parlamentario”, al abuso del poder legislativo en la aprobación de leyes o resoluciones legislativas, no teniendo como base la Constitución, ni el razonamiento lógico jurídico para aprobar una propuesta legislativa, sino en base al uso abusivo del número de votos de la representación nacional. No es la primera vez que eso sucede en el primer poder del estado, donde la votación se hace en base a la consigna politico partidaria y no en función de los intereses nacionales.

La resolución legislativa presentada por la impresentable Patricia Chirinos y luego aprobada al “caballazo”, propuso que se investigue en forma sumaria por 7 días y luego por 14 días, a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. En primer lugar, en ninguno de los artículos del reglamento del Congreso que tiene categoría de ley orgánica, se faculta que una Comisión efectué una investigación sumaria en 14 días y mucho menos en la Carta Magna, no hay ningún artículo que señala que hay investigaciones sumarias.

Ese simple hecho, evidencia que los “seudo demócratas de la derecha bruta y achorada”, han violado el principio de constitucionalidad y legalidad que ellos deberian ser los primeros en hacer respetar.

En segundo lugar, en nuestra Constitución y legislación vigente, está establecido que, en todo proceso administrativo, disciplinario o judicial, debe respetarse el “debido proceso” y eso tiene múltiples etapas y generalmente tiene duración de semanas y meses, justamente para hacer respetar el debido proceso que es una garantía constitucional. Eso es lo que está violando esta mayoría de la derecha parlamentaria que abusa de su mayoría numérica, pero carece de argumentación jurídica para sostener sus acuerdos írritos y al margen del ordenamiento constitucional y legal.

En tercer lugar, un argumento para investigar en forma sumaria a la JNJ, es que sus integrantes habrían presionado al Poder Judicial para que emitan un pronunciamiento en defensa de la ex fiscal de la nación, Zoraida Avalos. No hay ninguna prueba de ello, ni ningún testigo pudo confirmar que dichas presiones se dieron a los magistrados judiciales y la argumentación para investigar, se basa en los dichos en un canal limeño de televisión de la extrema derecha que no tiene rigor periodístico, ni confiabilidad.

En cuarto lugar, otro argumento es que cuando los integrantes de la JNJ, emitieron un comunicado exhortando al Congreso para que, en el caso de Zoraida Avalos, los legisladores actúen con ponderación y respetando el Estado de Derecho, los integrantes de la JNJ habrían incurrido en la violación del principio de separación de poderes.

La extrema derecha y la impresentable Chirinos, aducen que ese comunicado violó el principio de separación de poderes. Toda institución pública o privada que sienta que es mellada su reputación institucional o está en peligros valores y principios constitucionales, tiene el deber de emitir pronunciamientos y no puede ser sancionados porque estan ejerciendo su derecho de opinión y expresión que son garantías constitucionales y no pueden ser amenazados con destitución, porque las expresiones y opiniones no constituyen infraccion constitucional en ningún estado democrático.

En quinto lugar, es probable que los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, al ver sus derechos personales e institucionales amenazados por el “caballazo parlamentario” de la extrema derecha, interpongan una acción de amparo y una medida cautelar ante el Poder Judicial, invocando afectación al debido proceso en sede parlamentaria y un juez constitucional podría darles la razón. Varias resoluciones del Tribunal Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han afirmado que, en sede legislativa, también tiene que respetarse escrupulosamente el debido proceso y su incumplimiento, puede acarrear nulidad de un proceso, como el que acaba de aprobar la mayoría congresal para vergüenza de los peruanos.

En sexto lugar, los peruanos tenemos que saber, que el fondo del asunto politico, es que la mayoría derechista parlamentaria, lo que quiere es capturar la Junta Nacional de Justicia que es autónoma constitucionalmente y ha demostrado independencia. Quieren destituir a sus integrantes y pocos peruanos conocen que dicha entidad tiene que ver con el nombramiento y destitución de jueces y fiscales a nivel nacional. Es decir, forma parte del Sistema de Administración de Justicia Nacional y es organismo constitucional autónomo. Los anteriores integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura fueron destituidos, porque se confirmó con pruebas que “subastaban” cargos en el poder judicial y se corrompieron. Por eso, se creó la Junta Nacional de Justicia y hasta hoy, no hay ningún caso documentado ni hay pruebas de ilícitos contra sus integrantes.

Concretamente, la extrema derecha lo que busca con la destitución de los integrantes de la JNJ, es lograr impunidad. Como la derecha parlamentaria e incluso algunos de la izquierda parlamentaria, tienen a sus líderes acusados y procesados en el Ministerio Publico y Poder Judicial por diversos delitos, entre ellos organización criminal, lo que quieren es sacar a los miembros de la JNJ, poner en dicho organismo a sus “monaguillos” e indirectamente controlar a los magistrados del sistema de justicia y “blindar”  a sus líderes y caudillos políticos impresentables, pero también proteger a la cuestionada Fiscal de la Nación, que está siendo investigada por varios delitos por la Junta Nacional de Justicia.

En síntesis, tienen una estrategia hoy hecha pública de buscar impunidad para que sus “caudillos y empresarios de partidos políticos”, no sean sometidos a la justicia, en alianza abierta con la Fiscal de la Nación, que también se beneficiaría de la destitución de la JNJ, ante las múltiples investigaciones que tiene en su contra y que la JNJ se ha demorado mucho tiempo en procesarla y sancionarla.

Desde 1980 en que retornó la democracia al país, nunca he visto un Congreso tan mediocre e incompetente, salvo honrosas excepciones, que vulneran en forma permanente la Constitución y legislación vigente, cuando, por el contrario, ellos al juramentar a sus cargos, prometieron respetar la Carta Magna y el marco jurídico nacional. Estamos notificados los peruanos que la derecha parlamentaria está en una “borrachera de poder” y creen que no tienen que rendirle cuentas a nadie y menos al soberano. Este Congreso impresentable e ilegitimo se ha sacado la careta.

Pretenden destituir a los integrantes de la JNJ en pocos días, tal igual como lo hicieron con el presidente Pedro Castillo en tan solo cuatro horas, violando la Constitución y el reglamento interno del Congreso que tiene categoría de ley orgánica que no se respetó escrupulosamente. Estan actuando alocadamente, porque sienten que nunca más tendrán mayoría parlamentaria, porque al blindar a Boluarte, responsable política de más de 60 muertos, el pueblo no los apoyará en las próximas elecciones políticas. Han perdido la vergüenza y la ética política.

Su objetivo de hoy es copar la JNJ e irán después a la caza del Sistema Electoral si los peruanos no les ponemos freno a su angurria de poder. Quieren ganar en la mesa, lo que no pudieron ganar en la cancha, es decir, en elecciones democráticas del año 2021. Solo la presión interna de los ciudadanos que se movilicen en las calles y plazas y la presión externa internacional, podrá hacer retroceder a esta derecha bruta y achorada que está ilegitimada para continuar en el primer poder del estado. Desde esta tribuna periodística digital de Arequipa Misti Press, remarcamos: “No al caballazo parlamentario” y añadimos ese aforismo popular: “No hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista”.

Hugo Amanque Chaiña – Periodista y Abogado