El informe de acción de posterior de oficio 033-2023-OCI de la Municipalidad Provincial de Arequipa del 31 de julio del 2023 que suscribió el Jefe, José Torres Peñarrieta, concluyó en forma determinante que la máxima autoridad administrativa de la entidad, el Presidente del Directorio, Eduardo Garcia Calderon Hartley, no cumplió con registrar a través del sistema de declaraciones juradas para la gestion de conflictos de intereses de la Contraloria, los datos de los funcionarios obligados a presentar su declaración jurada de intereses, correspondientes a los periodos 2021-2022, afectando el control, detección y prevención del conflicto de intereses en el ejercicio del cargo o funcion publica, lo que contraviene la legislación vigente.

El informe refiere que mediante la Ley N° 31227, “Ley que transfiere a la Contraloría General de la República la competencia para recibir y ejercer el control, fiscalización y sanción respecto a la declaración jurada de las autoridades, servidores y candidatos a cargos públicos”, publicada el 23 de junio de 2021, se establece la declaración jurada de intereses (DJI) de las autoridades, funcionarios y servidores públicos del Estado, como instrumento para la detección y prevención de conflicto de intereses, y requisito indispensable para el ejercicio del cargo o función pública, la misma que se presenta ante el sistema de la Contraloría General de la República, en adelante la Contraloría.

Asimismo, la Segunda Disposición Complementaria Final de la mencionada Ley estableció que todas las entidades están obligadas a solicitar a la Contraloría las claves de acceso al Sistema de Declaraciones Juradas para la Gestión de Conflicto de Intereses, en adelante SIDJI, de los sujetos obligados de su entidad. Agrega que mediante Resolución de Contraloría N.° 219-2021-CG de 7 de octubre de 2021 se aprobó la Directiva N.° 009-2021-CG/GDJ “Presentación y archivo de la declaración jurada de intereses de autoridades, funcionarios(as) y servidores(as) públicos(as) del Estado, y candidatos(as) a cargos públicos”; la cual tiene como finalidad contribuir al adecuado cumplimiento del marco normativo de la Declaración Jurada de Intereses de autoridades, funcionarios(as) y servidores(as) públicos(as) del Estado, y candidatos(as) a cargos públicos, promoviendo el ejercicio correcto y transparente de la gestión pública.

En ese contexto, las entidades debieron acreditar ante la Contraloría a su máxima autoridad administrativa, para luego continuar con los siguientes pasos correspondientes al otorgamiento de los accesos del respectivo sistema y el posterior registro de los sujetos obligados a presentar la DJI. Tal es así que, el registro de los sujetos obligados tiene como plazo máximo diez (10) días hábiles, contados a partir de la habilitación del SIDJI.

El informe precisa que, la Subgerencia de Análisis de Datos emitió el “Reporte de sujetos obligados a la DJI” correspondiente a los periodos 2021 y 2022, que extrajo del SIDJI, y en los cuales se identificó que la máxima autoridad administrativa de la Sociedad de Beneficencia de Arequipa no ha registrado a los sujetos obligados a presentar la DJI según lo establece el artículo 3 de la Ley N° 31227, y precisado también en el artículo 8 de su reglamento.

El informe recomienda al Presidente del Directorio, adoptar las acciones correspondientes a efectos de garantizar que la máxima autoridad administrativa realice apropiadamente el registro de los sujetos obligados a la presentación de la DJI, para lo cual se debe tomar en cuenta la situación advertida en el informe 033-2023-OCI-AQP.

El Directorio de la Beneficencia Pública tiene cinco integrantes. Dos representan a la Municipalidad Provincial de Arequipa, el actual Presidente Eduardo Garcia Calderon, quien fue designado mediante Resolución de Alcaldia 030-2023 desde el 04 de enero del 2023 y Dency Chavez Salas, designada mediante Resolucion de Alcaldia, 046-2023 el 09 de enero del 2023.

La representante del Ministerio de la Mujer es Ana Choquehuanca de Villanueva designada mediante Resolucion Ministerial 076-2021 el 12 de marzo dl 2021, la representante del Gobierno Regional de Arequipa es Shirley Alcocer Pauca designada mediante Resolucion Ejecutiva Regional 059-2023 el 31 de enero del 2023 y el representante del Ministerio de la Mujer es Jesús Zegarra Dueñas con Resolucion Ministerial 005-2022 el 08 de enero del 2022.

Breve comentario del tema

En las últimas horas en el Diario Correo de Arequipa, se ha informado que el alcalde provincial, Victor Rivera, es acusado de intromisión en la Beneficencia Pública de Arequipa, según versiones de la ex gerenta, Katya Delgado, quien refiere que dicha entidad se habria convertido en una agencia de empleos de la actual gestión municipal y la habrían presionado para que renuncie al cargo, involucrando en el caso al actual presidente del directorio.

Este tema es muy delicado, porque si bien la legislación permite que los municipios tengan representantes en las Beneficencias, en ningún artículo de la ley de municipalidades faculta la intromisión del alcalde provincial, por lo que, de comprobarse las acusaciones, se estaría incurriendo en transgresiones a la legislación con múltiples responsabilidades. En ninguna de las 34 atribuciones del artículo 20 de la Ley Orgánica de Municipalidades 27972, se faculta al burgomaestre provincial a intervenir en las Beneficencias Publicas, ya que para eso hay un directorio que representa a la Municipalidad Provincial.

En su ejercicio de fiscalización, cualquiera de los regidores provinciales deberia exigir explicaciones públicas en la próxima sesión del Consejo Municipal al alcalde Rivera, al presidente del directorio e invitar a la ex gerenta para que amplié las denuncias formuladas ante la prensa y se aclare este tema de interes público. O también, cualquiera de los 15 regidores en su ejercicio de petición, solicite a sus colegas del Concejo Municipal se forme una Comisión Investigadora que indague como se está administrando la Beneficiencia Pública en los últimos años y cuáles son los resultados.

Lo primero que debió hacer el presidente del Directorio de la Beneficencia Publica apenas fue designado por el alcalde provincial en el mes de enero 2023, es informar a la opinión pública y la prensa en qué situación recibió dicha entidad de la anterior gestión municipal y no lo habria hecho. Veremos cuál de los 15 regidores abordan este tema, sean de mayoría o minoría municipal y efectúen su labor de fiscalización y justifiquen sus dietas mensuales por lo menos, ya que, en producción legislativa, tanto en proyectos de ordenanzas o acuerdos municipales (que en otra ocasión ampliaremos), no se nota que haya una agenda legislativa o agenda de fiscalización municipal en la actual gestión edilicia que dirige el alcalde Rivera.

Hugo Amanque Chaiña – Periodista y Abogado