El presidente del Poder Judicial, Dr. Javier Arévalo, el 15 de agosto presentó el proyecto de ley al Congreso el cual pretende establecer medidas de fortalecimiento del sistema de corrupción de funcionarios publicos. Concretamente, la propuesta legislativa señala que el fortalecimiento del Sistema de Corrupción de Funcionarios, se financia al Poder Judicial – Programa Presupuestal 0086 «Mejora de los servicios del Sistema de Justicia Penal» con recursos que provienen del 1% (uno por ciento) de las acciones que ejecutan las entidades públicas, cuyo valor total de inversión o monto de convocatoria sea igual o mayor a S/ 5,000,000.00 millones de soles.

El proyecto refiere que el fortalecimiento del Sistema de Corrupción de Funcionarios, se financia con el aporte del 1% (uno por ciento) del monto de cualquier iniciativa de contratación de bienes o servicios y adquisiciones que no constituyan inversión, que ejecutan los pliegos del gobierno nacional, regional y local, entidades de tratamiento empresarial, empresas públicas en el ámbito del FONAFE, fondos y toda entidad o empresa bajo el ámbito del Sistema Nacional de Control. Para este efecto dichos pliegos o entidades deben destinar y transferir al Poder Judicial, los recursos que señala el presente numeral, con cargo a su presupuesto institucional en la categoría de gasto corriente.

El Titular del pliego, así como el Secretario General o Gerente General, Gerente General Regional, Gerente Municipal, Responsable de la Unidad Ejecutora, máxima autoridad ejecutiva o los que hagan sus veces en las entidades públicas, incurren en responsabilidad funcional cuando omiten, fraccionan, modifican, rehúsan o retardan la efectiva transferencia de los recursos al Poder Judicial según los montos y plazos establecidos en la presente ley. Del mismo modo, incurren en responsabilidad funcional el Jefe de la Oficina Nacional de Programación Multianual de Inversiones, Jefe de Administración, Jefe de Abastecimiento o Logística, Jefe de la Oficina de Presupuesto, Responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones o los que hagan sus veces, quienes, en el marco de sus funciones, deben velar por el cumplimiento de las transferencias antes indicadas.

En la exposición de motivos, el Poder Judicial señala que, el Proyecto de Ley se ha elaborado teniendo en cuenta los criterios de la carga procesal en materia penal en el poder Judicial, el significativo número de procesos por delitos de corrupción de funcionarios, que sobrepasa la capacidad de atención instalada, sumado al hecho que no existen, órganos jurisdiccionales que tramiten a exclusividad dichos procesos.

Agregan que, del análisis de la carga procesal en materia penal a nivel nacional, se ha evidenciado que existe una sobrecarga de procesos en materia penal, que mantienen un crecimiento sostenido en relación a los años anteriores que no permite dar una respuesta oportuna respetando los plazos procesales y solo en el año 2022, han ingresado 305,010 procesos penales en todo el país y en el caso de corrupción de funcionarios, el año 2022 ingresaron 12,280 procesos penales.

El presidente del Poder Judicial, Dr. Javier Arévalo, refiere también que, la capacidad operativa instalada de los órganos jurisdiccionales especializados en delitos de corrupción de funcionarios es insuficiente, situación que no permite dar una respuesta oportuna de parte del estado ante el delito y determinan que la brecha pendiente por cubrir en cuanto a órganos jurisdiccionales para la atención oportuna de los procesos por corrupción de funcionarios. En tal sentido, indica es necesario contar con 101 nuevos órganos jurisdicciones a nivel nacional y cerrar la brecha existente a fin de poder atender los procesos por corrupción de funcionarios en plazos razonables, lo que significa un presupuesto inicial estimado de S/ 252,279,222.72 millones de soles para implementar 101 órganos jurisdiccionales en todo el país.