La Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, otorgó dos funciones importantes a los órganos del gobierno local: hacer desarrollo social, luchar contra la pobreza (artículo 84), y promover el desarrollo económico local, crear las condiciones para generar empleo (artículo 86); continuando con las tareas de limpieza pública (barrido de calles, recojo de residuos sólidos); y preservación del ornato de pueblos y ciudades, como mantenimiento de áreas verdes, parques y jardines (plan de arborización).

Estando en la ciudad de Lima, por el distrito de San Miguel, ingresé para almorzar a un restaurante ubicado en la Av. La Marina, bastante grande, con tres recintos, se encontraban llenos de comensales; en eso ingresaron un grupo de seis personas, tenían puesto el chaleco de fiscalización de la Municipalidad Distrital de San Miguel, pero, sólo uno tenía su fotocheck con cinta colgado por el cuello, los demás carecían de este documento de identidad laboral, lo que está mal, pues, todos, los que en nombre de la entidad edil, actúan para inspeccionar, supervisar y fiscalizar, deben tener sus fotocheck de identidad, sin los cuales, no pueden intervenir.

Se sentaron en una mesa, los administradores y/o propietarios del negocio gastronómico, traían documentos: licencia de funcionamiento, autorización de defensa civil, zonificación, etc., al mismo tiempo, llamaban por teléfono, seguramente, a un abogado u persona conocedora, de estos operativos municipales, para recibir orientación, evitar las infracciones, para no ser sancionados.

Luego, los fiscalizadores, empezaron a recorrer, los ambientes del establecimiento, a donde tomaban fotos; abrían neveras y tomaban fotos; lo malo es, que lo hacían sin la presencia de los administradores y/o propietarios del restaurante, y, sin levantar un acta del recorrido ni del abrir la nevera; esto es represión, no es legal.

De otro lado, en ningún momento se observó, a los fiscalizadores, mostrar y explicar los protocolos, los mismos deben ser aprobados con resolución de gerencia. Tales deficiencias, es motivo de nulidad, hasta denunciar Abuso de Autoridad. Las municipalidades deben promover la economía local, y no reprimirla.

Edgar Lajo Paredes – Abogado