Las ciudades más hermosas y competitivas del mundo tienen una característica en común: un proceso de planificación y gestión urbana continuo e institucionalizado. A nadie se le ocurriría hacer una inversión sin estudiar la factibilidad de cualquier emprendimiento…; una parte de ello se llama seguridad jurídica, y la planificación brinda eso y, por tanto, orienta a los inversionistas en un objetivo común: el desarrollo de la ciudad. La gestión de una ciudad está influenciada por diferentes intereses, cada uno con variados grados de legitimidad.

Así tenemos los siguientes: el interés social por una vivienda digna vs. el interés especulativo del tráfico de tierras; el interés de inversionistas por generar proyectos inmobiliarios rentables vs. la pérdida de espacios de interés ambiental o patrimonial; las políticas de ciudad impulsadas por grupos de interés vs. los intereses partidarios y electorales de autoridades y politiqueros. La institucionalidad de la planificación es una debilidad propia de los países latinoamericanos, y el Perú no es ajeno a ello.

Así, desde el Plan Director de Arequipa Metropolitana del 2002, se planteó la necesidad de un ente que anteponga el interés común de la ciudad, con una visión a corto plazo, que no contemple más allá de cuatro años de mandato. Así, la oficina AQP Plan 21 esperó 14 años para madurar y convertirse en el IMPLA (Instituto Municipal de Planeamiento de Arequipa), bajo la experiencia de ciudades como Curitiba, Quito, Medellín, entre otras. De esta manera, se creó un ente que, en teoría, debía ser autónomo y alejar la función planificadora y de gestión urbana del aparato municipal influenciado por su visión cortoplacista y de interés particular.

Sin embargo, a diferencia de sus referentes, este nació atado de manos, con un presupuesto limitado bajo un discurso risible: “El IMPLA es un sobrecosto para la municipalidad”, lo cual quiere decir que la planificación es un sobrecosto, que es más importante invertir decenas de millones en proyectos desarticulados, como bypasses y puentes, que no llegan a resolver los problemas de la ciudad. Es como decirle a un ciudadano de a pie que no invierta en los planos de su casa, que eso es un sobrecosto, que invierta nomás sin ver la calidad del suelo, sin prever si necesitará en el futuro un estacionamiento o habitaciones para sus hijos, o prever el confort para los días de invierno o cuando llueva…

Entonces, tenemos un IMPLA que mendiga presupuesto para cumplir su encargo; la institución que debería ir más allá del plan urbano; que debería generar los instrumentos que mejoren la gestión del patrimonio, que orienten las inversiones inmobiliarias y de interés social, que regulen la especulación del suelo, que encaminen a la ciudad a una movilidad sostenible o que equilibren el desarrollo urbano en toda la provincia en lugar de concentrase solo en la ciudad, dejando así de lado a las potenciales centralidades, como La Joya, Majes-Siguas II, etc.

La provincia de Arequipa tiene enormes potencialidades y riesgos que requieren del desarrollo de planes y proyectos urbanos que garanticen nuestra competitividad y sostenibilidad hacia el futuro. ¿Qué institución fue creada para eso? ¿Es un sobrecosto?… Al buen entendedor pocas palabras. “Arequipa no tiene plan” es otra mentira alzada por intereses particulares; en Arequipa, tenemos un Plan de Desarrollo Metropolitano, que está vigente hasta el 2025. Es cierto que un área está bajo una medida cautelar, pese a que pertenece al conjunto de áreas que en el plan del 2002 estaban zonificadas como agrícolas o de protección; sin embrago, el resto del plan está en total vigencia.

Efectivamente, es necesario mejorar el plan, por supuesto, y no solo eso, sino desarrollar instrumentos y proyectos urbanos que lleven a la realidad la visión de ciudad, además de planificar la provincia con la culminación del Plan de Acondicionamiento Territorial. Nos hemos concentrado en la miopía del “zoning”, que significa creer que basta con solo pintar en un plano una zona como área agrícola y colocar “En esta zona no se puede construir” para conservar el valor paisajista y patrimonial de la campiña.

Ante la débil institucionalidad, el ciudadano informal actúa de mala manera, llenando de cemento la campiña. Así, el funcionario municipal, con sus limitadas capacidades, debe enfrentarse ante la denuncia del privado y la fiscalización del propio Estado, y, de paso, la crítica mediática, porque, claro, invertir en la planificación y su recurso humano es un sobrecosto.

Michael Alfaro Gómez – Arquitecto – Revista Institucional de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa