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El congresista Juan Burgos Oliveros presentó el 05 de julio el proyecto de ley que pretende incorporar en el Código Penal el delito de terrorismo urbano, con la finalidad de reducir los índices de delincuencia y violencia, así como, garantizar la calidad de vida de los ciudadanos y la paz pública.

La propuesta legislativa pretende incorporar el artículo 315-B del Código Penal en los siguientes términos: «El que, de manera individual u organizada, indistintamente de su motivación o ideología, crea o mantiene un estado de inseguridad ciudadana en la población o una parte de ella a través de la delincuencia, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de veinticinco años. La pena será no menor de treinta años, si se usan armas, artefactos explosivos o se genera la muerte de una persona».

En la exposición de motivos del proyecto de ley del congresista Burgos, afirma que la inseguridad ciudadana se ha convertido en una constante preocupación tanto en Lima, como en los diferentes departamentos de nuestro país. Ello se grafica con establecido por el Barómetro de las Américas del Proyecto de Opinión Pública de América Latina, que indica que: «el Perú ocupa el sexto lugar de los países con mayor percepción de inseguridad con 46.7% por los resultados sobre experiencias vinculadas al crimen, la economía y la corrupción en la región».

El proyecto de ley sostiene que la inseguridad ciudadana se define como la percepción o realidad de que los ciudadanos están expuestos a riesgos y amenazas en su entorno cotidiano. Estos riesgos pueden incluir delitos como robos, asaltos, homicidios, violencia doméstica, secuestros, entre otros. Refiere que de acuerdo al Instituto de Estudios Peruanos (IEP), el 75% de ciudadanos se siente muy inseguro y teme ser víctima de un asalto, y, un 44% considera que la delincuencia es uno de los mayores problemas del país en la actualidad. Esto se sustentaría en que, en nuestro país, el principal tipo de delincuencia que afecta a la población es el robo al paso (32%), seguido por el robo con amenaza (19%) y el robo con arma (18%). Los robos a las viviendas se ubican en un cuarto lugar (12%), seguido por la extorsión (8%).

El congresista acota que De otro lado, hay que tener en cuenta que la tipificación de nuevas conductas como delictivas, requiere de la configuración de ciertos criterios como, por ejemplo: La evolución de las prácticas delictivas, puesto que con frecuencia los delincuentes se adaptan y desarrollan nuevas estrategias delictivas para aprovecharse de vacíos legales o lagunas en la legislación existente, por lo que es necesario abordar estas prácticas emergentes y proteger a la sociedad a través de la tipificación de nuevas conductas.

Ante esta realidad, remarca que la protección de derechos exige una necesidad superior de proteger los derechos de las personas, sobre todo uno de naturaleza fundamental como lo es: la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad como fin supremo de la sociedad y del Estado, derecho fundamental consagrado en nuestra Constitución Política del Estado.