Caretas

El Procurador General del Estado, Daniel Soria Lujan, expresó su oposición a la aprobación del proyecto de ley del Congreso en segunda votación el miércoles 10 de mayo del dictamen que modifica el Decreto Legislativo 1326, norma que reestructura el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y crea la Procuraduría General del Estado, estableciendo la autonomía constitucional del Poder Legislativo y del Poder Judicial, así como de los organismos constitucionales autónomos con relación al procedimiento de designación de los procuradores públicos.

El dictamen de la Comisión de Constitución, fue aprobado con 64 votos a favor, 41 en contra y cinco abstenciones en el Congreso, y en único artículo, modifica los artículos 16, 24, 27, 31 y 32, de las disposiciones complementarias finales sexta y séptima, primer párrafo, del Decreto Legislativo 1326, dispositivo que reestructura el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y crea la Procuraduría General del Estado. Entre sus funciones del Consejo Directivo, está dirigir el proceso de selección para la designación de los procuradores públicos, con excepción de los procuradores públicos del Poder Legislativo y del Poder Judicial, así como de los organismos constitucionales autónomos, quienes son elegidos por los titulares de dichas entidades por un plazo de cinco años.

El Procurador General del Estado, Daniel Soria, afirmó que la ley aprobada por el Congreso contraviene la ley vigente que regula su sector, siendo los tres argumentos que sustentan la oposición a la norma legal creada por el parlamento. Soria, refirió que la propuesta legislativa, al proponer que el/la procurador/a público/a del Congreso de la República y de otras instituciones del Estado, sean elegidos/as directamente por sus titulares, sin ningún proceso y/o concurso público de por medio, quiebra nocivamente el principio de acceso meritocrático al cargo de procurador/a público/a que consagra el numeral 11 del artículo 6 del Decreto Legislativo N° 1326.

Agregó que la ley aprobada, afecta gravemente el principio de igualdad recogido en el numeral 2° del artículo 2° de la Constitución, en concordancia con el derecho al acceso a las funciones públicas en condiciones de igualdad recogido en el artículo 23 literal c) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al establecer -sin una justificación constitucionalmente válida- un proceso de acceso público diferenciado para un mismo cargo; y de aprobarse los proyectos de ley, tendríamos procuradores/as públicos/as seleccionados/as por concurso público de méritos y otros seleccionados directamente por los titulares de las respectivas entidades del Estado.

El Procurador General del Estado, remarcó que la ley aprobada quiebra la unidad del Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado, al proponer que la procuraduría pública del Congreso de la República y de otras instituciones del Estado, se encuentren excluidas de la dependencia funcional de la Procuraduría General del Estado y, en consecuencia, sus actividades no podrán ser supervisadas y fiscalizadas por este órgano rector.

Soria, indicó que, sin perjuicio del reconocimiento del principio de separación de poderes como pilar fundamental de un Estado constitucional y democrático de derecho, exhortó al Congreso de la República a no aprobar el proyecto de Ley pues ello constituiría una ruptura del Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado, además de colisionar gravemente con el principio de acceso meritocrático al cargo de procurador/a público/a, así como a los principios de autonomía e independencia en el ejercicio de la defensa jurídica del Estado.