CNDH

En el Perú no hay ejecuciones extrajudiciales, es decir, «que se hace o trata al margen de la vía judicial» (Diccionario Larousse). Sencillamente, porque el Poder Judicial no hace ejecuciones judiciales, por no haber pena de muerte en el Perú. Se trataría de ejecuciones arbitrarias.

Se ha cometido entonces por el gobierno de facto de Dina Boluarte delitos de lesa humanidad, como asesinatos, parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque, como ha ocurrido con la población andina en Ayacucho y Puno, Cajamarca y otras ciudades del Sur del Perú Andino.

Existe consenso internacional sobre la violación de derechos humanos, casos de tortura, estigmatización y detenciones arbitrarias por las protestas. Es de conocimiento de la opinión pública la persecución política por el Congreso de la República a congresistas de izquierda acusándolos de terroristas y de otras bancadas que con su voto apoyaban al Presidente detenido Pedro Castillo Terrones, acusándolos de delitos (persecución judicial) y desaforándolos.

Asimismo, archivando la denuncia sobre los 67 asesinatos de la Presidente de facto Dina Boluarte y del Primer Ministro y ex ministro de Defensa Alberto Otárola, y de los ex ministros del Interior, César Cervantes, y ex presidente del Consejo de Ministros, Pedro Angulo, quedando en la impunidad.

La estigmatización u ofensa pública al señalar de terroristas a quienes son sus opositores es conocida por todos. En el caso de los detenidos y heridos de las protestas a muchos se les acusa de «terrucos» o terroristas y se judicializa sus casos. Por tratarse de personas cuya ideología es la izquierda democrática o de izquierda, son tildados de comunistas, como declara con insistencia el congresista Jorge Montoya, marino retirado, ocasionando la persecución por razón de sus ideas.

El Congreso de la República por mayoría apoya los actos criminales del gobierno de facto de Dina Boluarte, afianzando el poder de Fuerza Popular o fujimorismo autoritario, que son quienes realmente gobiernan, pese a que este partido político está siendo enjuiciado por delitos de organización criminal, lavado de activos y otros delitos de su organización política y dirigencia partidaria del fujimorismo. Desgraciadamente estaríamos en manos de mafias criminales.

Javier Azálgara Neyra – Abogado Católico Premonitor