INFOBAE

En un informe de 177 páginas publicado el 26 de abril donde se recoge múltiples testimonios y hechos de los actores civiles, familiares e incluso de autoridades estatales, Human Rights Watch, confirma que el 15 de diciembre del 2022 al mes de febrero del 2023 (luego de la destitución del presidente Castillo y asunción de mando de Dina Boluarte), 49 peruanos en su mayoría manifestantes y transeúntes entre ellos, 8 menores de 18 años, murieron por las fuerzas del orden y más de 1,000 resultaron heridos, entre los cuales también estaban policías.

El informe documenta los homicidios y lesiones en un contexto de deterioro de las instituciones democráticas, corrupción, impunidad por abusos cometidos en el pasado y persistente marginación de la población rural e indígena peruana. La evidencia muestra que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP) hicieron un uso desproporcionado e indiscriminado de la fuerza contra manifestantes y transeúntes, en clara violación del derecho internacional.

La gran mayoría de las víctimas mortales falleció por heridas de bala causadas por fusiles de asalto y pistolas. El informe concluye que, en algunos lugares, la policía disparó perdigones de plomo contra los manifestantes, prohibidos por las normas internas de la policía.

Es probable que estas muertes constituyan ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, por las cuales el Estado es responsable. Los fiscales deben investigar a los agentes que dispararon contra manifestantes pacíficos o que de alguna otra forma hicieron un uso desproporcionado de la fuerza, así como a sus superiores y a las autoridades civiles.

El informe se basa en entrevistas a más de 140 personas, incluidos testigos, manifestantes y transeúntes heridos, familiares de fallecidos, agentes de policía, fiscales, autoridades gubernamentales y otros. Las entrevistas fueron realizadas durante un viaje al Perú entre enero y febrero de 2023, y de forma remota desde febrero hasta abril de 2023. Human Rights Watch también verificó más de 37 horas de video y 663 fotografías de las protestas y revisó autopsias, informes balísticos, registros médicos y otra documentación.

Por ser de interes público el extenso informe, reproducimos las recomendaciones del informe de Human Rights Watch:

RECOMENDACIONES FINALES

Al gobierno de Boluarte

Abordar las causas estructurales del descontento social

Adoptar medidas concretas para recuperar la confianza de la opinión pública y allanar el camino para el diálogo con manifestantes y comunidades afectadas:

• • Poner fin a la estigmatización de los manifestantes a través de un lenguaje que los vincula falsamente con el terrorismo o que los denigra de cualquier otra forma.
  • Condenar inequívocamente las muertes y otros abusos cometidos por las fuerzas de seguridad.
  • Tomar medidas claras para promover la rendición de cuentas por los abusos ocurridos.
  • Ordenar a las fuerzas de seguridad proteger el derecho a la protesta pacífica.
  • Adoptar medidas, incluso mediante acciones con el Congreso, para abordar las profundas desigualdades que afectan el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales y la marginación de las poblaciones indígenas y rurales, en particular a través de la protección social universal y el acceso a servicios públicos de calidad.
• Dada la desconfianza existente entre las diferentes partes, un eventual diálogo que aborde las preocupaciones legítimas de la población sobre temas políticos, económicos, sociales y culturales debería ser facilitado por mediadores independientes y creíbles con el apoyo de las agencias regionales o de las Naciones Unidas y de la comunidad internacional.

Investigar lo ocurrido

• Invitar a una comisión independiente de expertos internacionales, como ya ha sido recomendado por otros grupos de sociedad civil, y concederle acceso a la información gubernamental y a los expedientes de los casos para apoyar las investigaciones en curso y elaborar un informe sobre la crisis actual y las violaciones de los derechos humanos, de forma complementaria a las investigaciones penales existentes. La comisión debería investigar los factores que condujeron a la crisis, las causas de las protestas, los actos de violencia cometidos en el contexto de las protestas y los abusos de las fuerzas de seguridad. La comisión podría respaldar las investigaciones penales en curso mediante investigaciones sobre los hechos, la coordinación de peritajes y el asesoramiento sobre estrategias de investigación o la apertura de nuevas investigaciones. También debería formular recomendaciones para reforzar la rendición de cuentas, el Estado de derecho, los procesos democráticos y la protección de los derechos humanos.

  Los ejemplos más recientes de este tipo de comisiones en la región son los grupos interdisciplinarios de expertos independientes creados mediante acuerdos entre la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los gobiernos de México, Nicaragua y Bolivia. Estos grupos llevaron a cabo una importante labor de investigación de graves abusos contra los derechos humanos en esos países.

• Abrir investigaciones gubernamentales sobre los abusos cometidos por la policía y miembros de las Fuerzas Armadas durante la actual oleada de protestas, dirigidas por el Ministerio del Interior en el caso de la policía y por el Ministerio de Defensa en el caso de las Fuerzas Armadas.

Ayudar a las víctimas

• Proporcionar reparaciones y garantizar una atención de salud adecuada a quienes hayan resultado heridos, incluidos los agentes de la policía. La atención de salud debe incluir apoyo psicológico para las víctimas y sus familias.

Reformar las fuerzas de seguridad que desempeñas tareas de orden público

• Avanzar en una reforma policial que implique la mejora de los equipos y la formación para el control de multitudes y el uso de la fuerza, una revisión de los protocolos y de la facultad de la policía de realizar controles de identidad y una reforma del sistema disciplinario para garantizar su independencia y transparencia, entre otras medidas.
• Exigir que la policía entregue al Ministerio del Interior y al Ministerio Público informes de incidentes cada vez que los agentes utilicen armas letales y menos letales. El Ministerio del Interior debe iniciar investigaciones sobre esos incidentes si hay indicios de uso inadecuado.
• Abstenerse de utilizar las Fuerzas Armadas para tareas de orden público o para controlar multitudes. Si en circunstancias extraordinarias se recurre a ellas, se les debe prohibir que lleven a cabo operativos por su cuenta sin presencia policial y no deben enfrentarse a los manifestantes.
• Reasignar a la policía los fondos destinados a las Fuerzas Armadas para tareas de orden público o de control de multitudes.
• Asignar fondos a la policía para que pueda proporcionar alimentos, agua, artículos para la higiene femenina y medicinas a las personas detenidas en comisarías.
• Presentar proyectos de ley en el Congreso para derogar las leyes que protegen la actuación abusiva por parte de la policía, incluyendo la «Ley de Protección Policial» de 2020 y la ley de 2014 que concede inmunidad legal a los policías que matan o hieren a personas en “cumplimiento de su deber”.

Al Ministerio Público

Reforzar las investigaciones sobre hechos que atenten contra los derechos humanos

• Garantizar investigaciones oportunas, independientes y exhaustivas de todos los abusos cometidos por la policía y las fuerzas militares, así como de los hechos de violencia, juzgando a los responsables según corresponda. Los fiscales deben investigar y acusar, según proceda, no sólo a los militares y policías que cometieron abusos, sino también a sus superiores y a las autoridades gubernamentales que pueden haberlos ordenado, no haber tomado medidas efectivas para impedirlos o no haber respondido adecuadamente para impedir nuevos abusos y garantizar la rendición de cuentas.
• Confeccionar un reglamento interno que establezca la adopción de medidas investigativas urgentes en cualquier indagación de posibles abusos de derechos humanos, tales como: asegurar la escena del crimen, recoger pruebas balísticas, realizar una autopsia o un examen médico de las víctimas supervivientes, realizar pruebas de absorción atómica, decomisar armas de las fuerzas de seguridad u otras personas, buscar grabaciones de las cámaras de seguridad y tomar declaraciones iniciales de las fuerzas de seguridad y de testigos clave. En los casos en que esas medidas investigativas no puedan llevarse a cabo de forma inmediata, por razones de seguridad o de otro tipo, los fiscales deberán dar una explicación por escrito a sus superiores y explicar detalladamente cómo piensan cumplir con dichas medidas sin ulteriores demoras.
• Nombrar más fiscales especializados en derechos humanos fuera de Lima, sobre todo en el sur del Perú, y proporcionarles los recursos necesarios para llevar a cabo investigaciones adecuadas.
• Reanudar los servicios periciales llevados a cabo por la oficina de peritajes y designar expertos forenses especializados en casos de derechos humanos.

Mejorar la transparencia

• Recopilar y publicar datos sobre el número de personas heridas y fallecidas durante las protestas, el número de detenciones y el número y tipo de investigaciones abiertas; y proporcionar información actualizada sobre las investigaciones sin hacer pública información que pueda perjudicar su curso.

Reforzar la supervisión sobre la policía

• Organizar pruebas de munición, especialmente de perdigones para escopetas, y de armas menos letales utilizadas por la policía para evaluar sus daños.
• Revisar los informes de incidentes policiales y abrir investigaciones en casos de indicios de indebida conducta policial.

Al Congreso

• Dejar de priorizar intereses personales y centrarse en atender las necesidades de la población, adoptando medidas concretas y rápidas para abordar la profunda marginación de quienes habitan en comunidades indígenas y rurales, por ejemplo, a través de acciones que pongan fin a las disparidades y mejoren el acceso a derechos económicos y sociales fundamentales, incluyendo el acceso asequible a salud, educación, alimentación, agua, saneamiento y otros servicios públicos.
• Abandonar los esfuerzos por socavar la independencia de otras instituciones del Estado, como la Defensoría del Pueblo y las autoridades electorales nacionales.
• Trabajar con el gobierno para aprobar una reforma policial que dé lugar a una institución más eficaz, transparente y que rinde cuentas.
• Modificar las leyes sobre uso de la fuerza para que se ajusten a los estándares internacionales.
• Modificar o rechazar el proyecto de ley presentado por el gobierno para endurecer las penas por delitos cometidos durante los estados de emergencia, dirigido a manifestantes, para garantizar que no vulnere el derecho de reunión, la libertad de expresión y otros derechos fundamentales.
• Como institución, los legisladores deben trabajar para que aquellos legisladores que incurran en abusos o en corrupción, afectando el ejercicio de los derechos humanos de la población, rindan cuentas de manera real, incluso a lo interno de la Comisión de Ética.

A la Policía Nacional del Perú

Reforzar la transparencia y la formación

• Entregar al Ministerio Público y al Ministerio del Interior los planes de operaciones en respuesta a las protestas, así como informes de incidentes, incluyendo cada vez que la policía utilice armas letales y menos letales.
• Proporcionar al Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio del Interior datos actualizados sobre los controles de identidad. Abstenerse de utilizar los controles de identidad para dispersar protestas o intimidar a manifestantes.
• Mejorar la formación sobre el uso de armas letales y menos letales, no sólo para las unidades especializadas, sino para todo el cuerpo policial.

Garantizar la rendición de cuentas

• Cooperar plenamente con los fiscales que investigan la conducta policial.
• Abrir investigaciones internas sobre el uso inadecuado de armas letales y menos letales, sobre las lesiones causadas a manifestantes y sobre el acoso y la violencia de la policía contra periodistas.
• Establecer claramente que las armas letales no deben utilizarse para defender edificios o propiedades, sólo en defensa de la vida.

A las Fuerzas Armadas

• Entregar al Ministerio Público, al Ministerio de Defensa y al Ministerio del Interior planes de operaciones e informes de incidentes, cuando las fuerzas militares son desplegadas para operativos de orden público.
• Brindar plena cooperación a los fiscales en relación con las investigaciones sobre la respuesta a las protestas, incluso poniendo a disposición de los fiscales al personal militar para que puedan ser entrevistados.
• Establecer claramente que las armas letales no deben utilizarse para defender edificios o propiedades, sólo en defensa de la vida.

A la comunidad internacional

• Demandar investigaciones oportunas, exhaustivas e imparciales sobre los abusos que lleguen a los más altos niveles de responsabilidad, incluyendo a la presidencia y los miembros del gabinete, así como los mandos de las fuerzas de seguridad, con el fin de que los responsables rindan cuentas.
• Condenar los abusos de las fuerzas de seguridad, así como la violencia de manifestantes.
• Abstenerse de apoyar a las unidades de las fuerzas de seguridad del Perú presuntamente responsables de homicidios en el contexto de las protestas, hasta tanto se lleven a cabo investigaciones efectivas y exhaustivas y los responsables rindan cuentas de sus actos.
• Pedir que periodistas, defensores de derechos humanos y otras personas sean protegidos del acoso y de los ataques en represalia por sus actividades.
• Llamar al Congreso a respetar la separación de poderes, proteger las instituciones democráticas, incluido el sistema electoral, y garantizar que el proceso de selección del próximo Defensor del Pueblo sea transparente, se base en las calificaciones de los candidatos y garantice la permanente independencia de la oficina.
• Instar encarecidamente al gobierno de Boluarte y al Congreso peruano a que adopten medidas concretas para recuperar la confianza de la población, incluyendo a través de abordar la corrupción y las profundas desigualdades en el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales, garantizar la rendición de cuentas por los abusos relacionados con las protestas y proteger la independencia de las instituciones democráticas.
• Apoyar iniciativas para establecer un diálogo entre el gobierno y los manifestantes y las comunidades afectadas, y crear una comisión de investigación independiente.
• Dirigir la ayuda internacional a proyectos que aborden la discriminación estructural y las desigualdades en el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales, la corrupción y el deterioro de las instituciones democráticas en el Perú.
• Los gobiernos que participen en la cumbre UE-CELAC de julio de 2023 deben afirmar, en los debates bilaterales y multilaterales y en su declaración conjunta, su compromiso de prevenir el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes, condenar los abusos de las fuerzas de seguridad cuando se produzcan y comprometerse a defender el Estado de derecho y a garantizar la rendición de cuentas por las violaciones graves de derechos humano.