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El presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso de 67 años, atraviesa una severa segunda crisis política en sus tres años de gobierno nacional. El junio del año 2022, la oposición parlamentaria de mayoría izquierdista lo puso en jaque, en vista que las protestas de grupos indígenas lo culpaban por el elevado costo vida por lo que por varias semanas fueron a las ciudades metropolitanas a protestar contra Lasso lo que generó una adhesión ciudadana.

La protesta social masiva fue por tres semanas bloqueando los campesinos la red vial nacional y enfrentándose a la policía, exigiendo al gobierno de Lasso la reducción del precio de combustibles, ocasionando pérdidas por más de 1,200 millones de dólares. En dicha ocasión, la oposición política presentó una moción de destitución contra el mandatario ecuatoriano, pero no lograron alcanzar la mayoría de votos para destituirlo de la presidencia en la asamblea legislativa.

Hoy la situación es más difícil. La acusación política que pende contra el presidente se sustenta en una acusación por presunto blanqueo de capitales que deriva de un acuerdo firmado. Lasso es acusado por cargos de peculado y extorsión por no haber combatido la corrupción en la coordinadora Emco, que es la empresa petrolera ecuatoriana y la transportadora marítima de hidrocarburos Flopec de capitales privados. La Contraloría de Ecuador, afirmó que dicho acuerdo, causó al país un perjuicio de unos 6,1 millones de dólares, pese a que el contrato se suscribió en el gobierno de Lenin Moreno el año 2020.

Fue un grupo de diputados izquierdistas que el 16 de marzo del 2023, presentaron una petición de juicio político contra el presidente Lasso por ese mencionado caso de presunta corrupción, que salpica a su cuñado, Danilo Herrera. En Ecuador, para destituir al Jefe de Estado se requieren 92 votos de los 137 asambleístas. El presidente Lasso afirmó ante la prensa que la oposición no tiene votos necesarios para esta vez destituirlo, pero en otra entrevista al Financial Times, refirió que está dispuesto a disolver la Asamblea Legislativa Nacional si el juicio politico amenaza su gobierno. Es más, ha denunciado que está en marcha un “golpe de estado parlamentario”, ya que no hay ninguna prueba que lo involucre con la corrupción.

El martes 18 de abril se inició en la Comisión de Fiscalización del Congreso ecuatoriano la evaluación de los pedidos de pruebas y las comparecencias de algunos testigos. Es la fase inicial, donde los promotores de la destitución como son, Viviana Veloz, Mireya Pazmiño, Pedro Zapata y Rodrigo Fajardo, sustentan sus argumentos para destituir a Lasso, pero también el presidente y sus defensores podrán presentar sus pruebas y sus testigos.

Los asambleístas que promueven el juicio politico han solicitado 12 comparecencias y 11 pruebas documentales, entre ellas el contrato de la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) con Amazonas Tanker, en el que presumen un supuesto peculado de Lasso. Entre tanto, los defensores del presidente Lasso, han solicitado 35 testimonios, entre ellos una docena de abogados y constitucionalistas. El martes 26 de abril vence el plazo de presentación de testigos de las partes y en esa misma fecha se prevé que se presente el presidente Lasso o designe a su abogado para que asuma su defensa constitucional

Luego de la defensa política y jurídica de Lasso, la Comisión de Fiscalización el 07 de mayo, propondrá un proyecto de resolución al pleno de la Asamblea, donde se verificará la votación para la eventual destitución del Jefe de Estado. La acusación principal contra el presidente Lasso es que en el contrato firmado entre Amazonas Tanker y la Flota Petrolera Ecuatoriana, suscrito en 2020 cuando no era presidente de Ecuador, Lasso, el mandatario debió asumir la defensa del Estado y no lo hizo, por lo que hoy lo acusan del delito de peculado.

El presidente ha rebatido ese argumento, señalando que el peculado se define como un delito en el que alguien se aprovecha de los fondos públicos para su propio beneficio y él no ha utilizado fondos públicos para su beneficio personal. En Ecuador, para que prospere el juicio politico, se necesitan dos tercios de votos en el Congreso lo que supone por lo menos 92 votos a favor de los 137 legisladores del poder legislativo.

Lasso, no ha descartado la aplicación de lo que en ese país se denomina como la “muerte cruzada” por mandato constitucional, que también puede ser utilizado por la Asamblea Legislativa. Si el presidente decide invocar el artículo 148 de la Constitución para disolver la Asamblea Nacional y convocar a elecciones generales adelantadas, debe regirse por una de las tres causales que se establecen en la norma. De estas tres, solo una necesita obtener un dictamen favorable de la Corte Constitucional.

El artículo 148 en la Constitución de Ecuador, conocido como la muerte cruzada, establece que la presidenta o presidente de la República podrá disolver la Asamblea Nacional en tres situaciones:

1. Cuando a su juicio, esta se hubiera arrogado funciones que no le competan constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional (CC).
2. Si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo.
3. Por grave crisis política y conmoción interna.

El presidente puede ejercer esta facultad solo por una vez en los tres primeros años de su mandato. Este podría ser uno de los escenarios que contemple el mandatario a quien se pretende enjuiciar políticamente por los presuntos delitos de concusión y peculado, que están contemplados como causales dentro del artículo 129 de la Constitución. Con ello se busca su censura y destitución del cargo.

El presidente, Guillermo Lasso Mendoza, nació en Guayaquil el 16 de noviembre de 1955 y es el último de 11 hermanos, trabajó desde la adolescencia para aportar económicamente en su hogar y terminar sus estudios. Desde joven, soñaba con impulsar las oportunidades de los ecuatorianos. Ha escrito dos libros: Cartas a mis hijos y Otro Ecuador es posible, donde comparte con el país las etapas de su vida y sus ideales políticos. En el 2011, recibió un Doctorado Honoris Causa por la Universidad de las Américas debido a su trayectoria profesional y logros. Es un banquero que laboró como presidente ejecutivo del Banco de Guayaquil y es considerado como un politico de derecha moderada.

Ha logrado fundar organizaciones como Ecuador Libre mientras que apoya a instituciones educativas como Centro Técnico Laboral Punta Piedra y creó el Partido Creando Oportunidades (CREO). En el 2021, ganó la Presidencia tras haber participado como candidato en 2013 y 2017. El objetivo principal de su mandato consiste en reactivar el país y recuperar la alegría que caracteriza a los ecuatorianos.

La Asamblea Nacional está conformada por 137 legisladores que representan a 11 organizaciones políticas, siendo la mayoría de ellos de tendencia progresista, donde el presidente Lasso solo tiene 18 legisladores y el ex presidente Rafael Correa, tiene una bancada parlamentaria denominada “Union por la Esperanza”

Correa en su twitter lanzo el siguiente mensaje a su rival politico, Guillermo Lasso, donde se evidencia el extremado antagonismo politico: “¡Chau Guillermo! Un tipo tan ruin y básico como tú jamás debió ser presidente. Ahora irás, con sobra de merecimientos y junto a tu compinche Lenin Moreno, al tacho de la basura de la historia. Ya falta poco”.

Entre el próximo martes 26 de abril hasta el 07 de mayo serán días decisivo para la democracia ecuatoriana, ya que mientras Lasso confía que la oposición no logre obtener los 92 votos para destituirlo, la oposición considera que si lograran superar esa valla para sacar del poder al politico derechista que conduce el gobierno ecuatoriano.

Como última carta, no se descarta que antes de la votación en el legislativo ecuatoriano, Lasso, decrete la “muerte cruzada” y disuelva el Congreso, lo que también implica que se quede en el gobierno por seis meses más, gobierne mediante decretos legislativos y luego deje la presidencia y convoque a nuevas elecciones al poder legislativo y poder ejecutivo, donde no ha descartado postular nuevamente a la presidencia de la republica de Ecuador, lo que la Constitucion no lo prohíbe a un Jefe de Estado que ha sido destituido.

Hugo Amanque Chaiña – Periodista y Abogado