La Razón

Miserables y canallas, son los términos con los que se puede denominar a los 64 “seudo congresistas” que no han actuado como padres de la patria y se han opuesto a la admisión de debate de la moción de vacancia  por incapacidad moral de la impresentable Boluarte que presentó la oposición, al responsabilizarla políticamente por la muerte de 70 peruanos que salieron a calles y plazas públicas desde diciembre hasta febrero del 2023, en su ejercicio constitucional del derecho a la protesta que reconoce la Constitución Politica.

El miserable, tiene múltiples acepciones y uno de ellos es el aspecto moral. Se califica de miserable moral al individuo perverso, que no tiene valores y es un ser despreciable, porque no valora la vida, la moral, ni la ética, es decir es repudiable ante la sociedad, porque antepone lo material a la dignidad humana que es el fin supremo de la Sociedad y del Estado. Con mayor razón, se califica de miserable a sujetos que cumplen función pública como los congresistas que tienen un Código de Ética que no respetan.

Canalla, se denomina al individuo infame, malvado, perverso, inhumano y nada solidario con los seres humanos. Es decir, una persona es un canalla cuando su actuación es reprobable desde el punto de vista ético ante la sociedad a quien todos nos debemos, ya que vivir en un colectivo de ciudadanos, implica el respeto a las normales legales, morales y sociales que el canalla no respeta.

El principal argumento de la extrema derecha parlamentaria para no aprobar la moción de vacancia por incapacidad a Boluarte fue por la “estabilidad del país”. Es decir, en nombre de la “estabilidad” no les interesa la muerte de 70 peruanos caídos en las movilizaciones pacíficas, ni mucho menos el dolor de sus familiares en el interior del país, en su mayoría poblacion humilde y de bajos recursos económicos. Peor aún, no respetan ni los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, ni la Constitución Politica. ni el Código Penal, entre otras normas jurídicas que ellos debieron ser los primeros en hacer respetar, pero no lo han hecho.

Esos sujetos que fungen de padres de la patria, incumplen su funcion constitucional de control politico por el cual juramentaron a sus cargos el 28 de julio cuando asumieron sus cargos. No les interesa la muerte de 70 peruanos desde diciembre del 2022 hasta marzo del 2023, ni los centenares de heridos, quienes pacíficamente salieron a las calles a protestar contra la usurpadora quien asumió la presidencia irregularmente con la complicidad del Congreso que incumpliendo el debido proceso parlamentario, juramentó de inmediato a Boluarte, en menos de tres horas, antes de levantarle la inmunidad a Pedro Castillo como era su obligación establecida en el reglamento del Congreso que tiene categoría de ley orgánica que el parlamento no ha respetado y procesarlo por haber intentado un golpe de estado.

El tema, lo abordaremos con amplitud en un próximo comentario con mayor argumentación jurídica y tengo la seguridad que Boluarte y los miserables congresistas que han blindado a la responsable política del asesinato de 70 peruanos indefensos, serán sentenciados por la justicia continental, ya que desconfío de la justicia nacional que se ha alineado con el pensamiento conservador del Congreso.

Desde diciembre a febrero, salieron a las calles y plazas públicas miles de ciudadanos indefensos a ejercer su derecho constitucional a la protesta, pero la policía y los soldados, los asesinaron a sangre fría. En las calles de diversas ciudades del país en las movilizaciones civiles, no vimos a terroristas, ni narcotraficantes, ni organizaciones criminales con armamento pesado. Sin embargo, el saldo de la declaratoria de estado de emergencia fue una masacre con 70 fallecidos lo que generó un repudio total nacional e internacional, al extremo que el gobierno de Boluarte ha sido aislado internacionalmente.

Nunca un gobierno democrático, en tan poco tiempo tuvo tantos muertos en menos de dos meses y nunca el Congreso desde 1980 cuando retornó la democracia, abdicó y renunció a su funcion de control politico ante gobernantes que ordenaron apagar un “incendio social” a sangre y fuego como ha sucedido en el país en los últimos meses. La mejor prueba de este repudiable blindaje que pasará a la historia republicana como el peor parlamento del siglo XXI, es que hoy no tenemos ningún ministro censurado, mucho menos la vacancia por incapacidad moral de quien desde la Jefatura de Estado, avaló los crímenes de Estado.

A Pedro Castillo por cosas menores que los fallecidos, en 48 y 72 horas, los congresistas de la extrema derecha los llamaban al Congreso, lo interpelaban y lo censuraban con sus aliados de la prensa concentrada capitalina, salvo honrosísimas excepciones. Pero al gobierno de la impresentable Boluarte y el primer ministro facista, Otárola, no los tocan, porque les sirven a sus intereses políticos, económicos e ideológicos y los estan utilizando y cuando ya no les sirva a sus interes, los dejaran caer y abandonaran a su suerte. En las últimas horas el gobierno de la impresentable, facilitó un crédito de 48 millones de soles a un parlamento improductivo y deslegitimado y hoy esos seudo congresistas, le devuelven el favor, votando en contra de la moción de admisión a la vacancia por incapacidad moral.

Defender la vida, la dignidad humana, la integridad física y psíquica de las personas, es una obligación del Estado y los representantes de todos los poderes publicos y entidades públicas de sus ciudadanos. Así lo señala textualmente el artículo 01 de nuestra Constitución Politica del Perú. Eso es lo que no han protegido esos padrastros de la patria respecto a las personas fallecidas. La defensa de los derechos humanos es obligación de todos, más allá de nuestras posturas políticas e ideológicas y así lo señala la Declaración Universal de Derechos Humanos y es obligación de los Estados, promoverla, protegerla y ampararla.

Todo lo contrario, han hecho esos congresistas miserables que dejan en la impunidad esos crímenes de Estado al blindar a Boluarte y sus ministros. Confió que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tarde que temprano, emitirá una sentencia condenatoria contra nuestro Estado por la violación de los derechos humanos de 70 personas que fallecieron en los últimos meses en nuestro país.

Esos 64 congresistas miserables y canallas, nunca más deben ser elegidos por el pueblo y los peruanos en las próximas elecciones no debemos votar por ninguno de esos seudo partidos políticos que han blindado, protegido y defendido a la impresentable que hoy ocupa inmoralmente la Jefatura de Estado.  Dichos seudo partidos políticos son, Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País y Alianza para el Progreso, Podemos Perú y Somos Perú. Con esta alianza política que hoy se ha confirmado ante la opinión pública, con toda seguridad el gobierno y el legislativo se han deslegitimado totalmente ante el pueblo peruano y merecen el repudio ciudadano.

Hugo Amanque Chaiña – Periodista y Abogado