El Congreso admitió las mociones de orden del día Nros. 5762 y 5764 que proponía interpelar al ministro de Educación, Óscar Manuel Becerra Tresierra, por sus frases polémicas que tuvo contra las mujeres aimaras y por 45 votos a favor, 69 en contra y 2 abstenciones aprobó el pliego interpelatorio consta de seis preguntas, todas referidas a las expresiones que diera el titular del Minedu contra la mujer aimara en una movilización social realizada el pasado 4 de marzo.

La congresista Sigrid Bazán Narro (CD-JP), en representación de su agrupación política, señaló que el titular de Educación ha tenido comentarios racistas en más de una ocasión y no ha pedido disculpas sobre las mismas.

El Congreso aprobó tres mociones de interpelación al ministro Defensa, general EP (r), Jorge Luis Chávez Cresta, para que responda un total de 54 preguntas referidas al fallecimiento de seis soldados que se ahogaron en el río Ilave en Puno; los internados por hipotermia; y los cinco pobladores heridos, en esa región del país. La moción fue admitida, con 107 votos a favor, cuatro en contra y dos abstenciones, fue la sustentada por el congresista Jorge Montoya Manrique (RP), en representación de su bancada y también otras como Acción Popular, Alianza Para el Progreso; Podemos Perú y Somos Perú, quienes plantean 13 preguntas.

Está referida al fallecimiento de seis soldados el 4 de marzo pasado en la localidad puneña de Juli, en Puno, después que una patrulla intentara cruzar el río Ilave para evitar un enfrentamiento con manifestantes. Asimismo, Montoya Manrique se refirió a cinco militares que sufrieron de hipotermia tras caer al río, por lo que tuvieron que ser internados, y demandó respuesta sobre la destrucción que hicieron manifestantes en varios locales públicos.

Se aprobó también por amplia mayoría el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 2850/2022-CR, que plantea modificar la Ley 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, a fin de garantizar la seguridad jurídica en la regulación de las condiciones del mercado del transporte y tránsito terrestre.

El congresista Luis Aragón (AP), presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Parlamento, sustentó el dictamen y sostuvo que es necesario porque dará estabilidad jurídica en la regulación de las condiciones de mercado del transporte y tránsito terrestre, el cual ha afectado negativamente al sector debido a los cambios introducidos a través del Decreto de Urgencia N.° 019-2020.

Añadió que dicho decreto “solo ha generado inestabilidad jurídica al causar indefensión de parte de las empresas” en el sector. La propuesta modifica el numeral 5.2 del artículo 5 de la Ley 27181, y establece que: “El Estado garantiza la seguridad jurídica y el trato equitativo a los agentes privados que cuenten con autorizaciones de transporte terrestre a través de contratos de concesión o actos administrativos de la entidad, de manera que no se alteren injustificadamente los términos contractuales ni las condiciones de mercado, sobre la base de los cuales se efectúan inversiones y realizan operaciones en materia de transporte, de acuerdo a lo previsto en la Constitución y las leyes respectivas”.

A fin de lograr políticas más eficientes en la gestión de recursos humanos, mejorar los procesos de selección de los servidores públicos y reforzar la vigilancia por parte de la ciudadanía sobre la idoneidad y meritocracia del empleo público, el Pleno del Congreso aprobó unánimemente, con 112 votos a favor, la iniciativa legislativa que propone una plataforma integrada para lograr ese efecto.

El Pleno del Congreso aprobó también, por mayoría, modificar la Ley 28890, Ley que crea sierra, selva exportadora, con la finalidad de modificar sus competencias, estructura, ámbito de intervención y establecer como su nueva denominación Agro mercado.

La propuesta contempla las iniciativas legislativas 831/2021 y 1460/2021 de las parlamentarias Vivian Olivos Martínez y María Cruz Zeta Chunga, respectivamente. Obtuvo 105 votos a favor, 2 en contra y 4 abstenciones.

La congresista Nilza Chacón Trujillo (FP), presidenta de la Comisión Agraria, sustentó que la iniciativa incorpora un conjunto de disposiciones complementarias que van a contribuir a ampliar el alcance de las compras estatales a la agricultura familiar y que la entidad pública que adquiere alimentos pueda comprar como mínimo el 30 % a nuestros productores y productoras del país.