El congresista Alejandro Cavero de Avanza País presentó el proyecto de reforma constitucional para modificar los artículos 99 y 101 de la Constitución Politica para que los gobernadores regionales sean pasibles de ser interpelados y acusados constitucionalmente por infraccion a la Constitución.

Concretamente la modificación del artículo 99, pretende se incluya la modificación por el cual “la Comisión Permanente pueda acusar ante el Congreso a los Gobernadores Regionales por infracción a la Constitución.» La modificación del artículo 101 de la Carta Magna, indica que, “Los Gobernadores Regionales están obligados a concurrir al Congreso de la República cuando los llama para interpelarlos, para lo cual se sigue el procedimiento establecido en el artículo 132, en todo cuanto sea aplicable.»

En la exposición de motivos, el proyecto de Cavero, afirma que resulta importante que la Constitución Política, “incorpore un procedimiento de interpelación que incluya un pliego interpelatorio específico y puntual a una determinada problemática de interés nacional, con el fin de ejercer una acción de control mucho más real y promover un mecanismo de rendición de cuentas más eficiente. Similar al procedimiento de interpelación ejercido hacia los ministros de Estado, los gobernadores regionales estarían obligados a concurrir al Congreso de la República para que puedan responder el pliego interpelatorio de los congresistas. No obstante, es importante mencionar también que, en el caso de los gobernadores regionales, no existiría el mecanismo de una eventual posterior censura ya que estos son cargos de elección popular. Si se incluye la censura en la modificación constitucional, se estaría promoviendo un mecanismo de revocatoria legislativa a los gobernadores regionales, lo cual no es el objetivo de la presente iniciativa legislativa”.

Con respecto al hecho de que los gobernadores regionales sean pasibles de acusación constitucional por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, el proyecto indica que, “es importante destacar que la acusación constitucional —que puede resultar en la suspensión o inhabilitación de la función pública de altos funcionarios— es una acción de control político destinada a promover el buen funcionamiento de las instituciones políticas. En este sentido, la acusación constitucional es un instrumento empleado por el Poder Legislativo para prevenir la vulneración y mal uso del poder político por parte de altos funcionarios”.

El proyecto de reforma constitucional agrega que la propagación de la corrupción en los gobiernos regionales también ha sido una característica recurrente del proceso de descentralización del país. En los últimos años, el Perú ha sido testigo de reiterados escándalos de corrupción que han afectado seriamente a los gobernadores regionales. Esto es sumamente perjudicial ya que no solo vulnera los procesos de generación de riqueza y competitividad regional, sino que afecta directamente el bienestar de la población más vulnerable. Según un estudio elaborado por la Contraloría General de la República con respecto al 2020, el Perú perdió un total de S/. 22,059 millones aproximadamente debido a corrupción y a inconducta funcional. Esta pérdida representó el 12,5% de todo el presupuesto ejecutado en el 2020, teniendo así un impacto trascendental en los procesos de desarrollo descentralizado. En particular, regiones como Piura, Lambayeque, Callao, Lima Provincias, Junín, Apurímac, Moquegua, Tacna y Ayacucho, registraron niveles de corrupción regional considerados como ‘muy altos’.