Ante la decisión en mayoría (5 votos) del Tribunal Constitucional (TC), a favor del Congreso de la República sobre el proceso de elección del Defensor del Pueblo, la reforma legal contra la SUNEDU y el amparo presentado contra las denuncias constitucionales en contra del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el IDL debe señala lo siguiente.

1. Los jueces constitucionales en los casos de la Defensoría del Pueblo, Sunedu y el presidente del JNE han actuado en conformidad con sus competencias de control constitucional. La fiscalización y suspensión de actos del poder como los actos del Congreso por parte de jueces constitucionales, cuando violan la Constitución y los derechos fundamentales, no constituyen actos arbitrarios, sino que son el ejercicio del control constitucional, facultado por la Constitución y el Nuevo Código Procesal Constitucional.
2. No hay zonas exentas de la fuerza normativa de la Constitución y del control constitucional. Lo que plantea el TC es que sí hay decisiones políticas que no son susceptibles de control judicial, lo cual es incompatible con los artículos 45 y 38 de la Constitución, que reconoce que el poder debe ser ejercido en el marco de las competencias establecidas en la Constitución y las leyes, y que todos tienen el deber de respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución.
3. El propio Tribunal Constitucional ya antes ha señalado que toda decisión que viola la Constitución (como, por ejemplo, la función jurisdiccional de control del poder, o que no hay zonas exentas de control) no tiene validez constitucional.
4. El Tribunal Constitucional está violando la propia Constitución, y somete la elección del titular del Defensor del Pueblo, la contrarreforma de la SUNEDU y las denuncias constitucionales de funcionarios del sistema electoral, a un Congreso deslegitimado, donde prevalecen los intereses particulares.
5. De esta manera, el TC pierde su autonomía y legitimidad, evidenciándose como otro actor político que ahonda la crisis actual y que favorece los intereses de grupos de poder que mantienen la crisis política.
6. Es inaceptable, además, que hasta el momento esta sentencia que viola el Estado de derecho no sea pública, más aun teniendo en cuenta que viola el derecho de acceso a la justicia de quienes demandaron los amparos.
7. Es urgente devolverle la independencia al TC, revisando la forma de elegir a sus integrantes y, sobre todo, implementando garantías que eviten la filtración de intereses particulares y políticos; ya sea en un sistema de elección a cargo del Parlamento o en un sistema mixto.
8. En plena crisis política y social, el Tribunal Constitucional orilla a nuestro país a la destrucción de una institucionalidad que, aunque precaria, nos costó mucho edificar.

Pronunciamiento del Instituto de Defensa Legal