Según la Real Academia Española, el termino secuestro, se refiere al acto y al resultado de secuestrar. Es decir, privar a un individuo de su libertad de manera ilegal para exigir algo a cambio de su liberación. Po lo tanto, quien comete el secuestro (llamado secuestrador) exige dinero o algún beneficio para liberar a la víctima (el secuestrado). Políticamente e institucionalmente hablando, creo que la derecha y extrema derecha parlamentaria manejada por las cúpulas políticas partidarias representados en el parlamento nacional, en este periodo como nunca antes sucedió, han secuestrado institucionalmente al primer poder del Estado, que debe actuar al servicio de las mayorías, pero la han puesto al servicio de las minorías.

De las 13 bancadas parlamentarias, por lo menos 3 son de la extrema derecha como son, Renovación Popular, Avanza País y Fuerza Popular, mientras que 3 son de la derecha y ellos son, Acción Popular, Alianza para el Progreso y Somos Perú. Estos 6 grupos suman más de 70 votos, más que suficientes para bloquear cualquier reforma constitucional que requiere de 87 votos, por lo que son estos 6 grupos parlamentarios los que han secuestrado el parlamento nacional y protegen los intereses de los grandes grupos económicos y las transnacionales que harán cualquier cosa con tal de impedir de dejar la mamadera estatal y sus abusivos sueldos.

Podemos Perú, podría calificarse como un grupo político de centro, mientras que la izquierda parlamentaria está representada por Juntos por el Perú, Perú Democrático, Bloque Magisterial, Perú Bicentenario y finalmente, Integridad y Desarrollo, que sumados todos son 7 bloques parlamentarios que bordean los 60 votos, insuficientes para aprobar reformas constitucionales.

Hay muchos ejemplos de este secuestro institucional en los últimos meses y lo más evidente es lo que sucede en los últimos días. El permanente rechazo a adelantar las elecciones con diversas excusas. Los otorongos conservadores, estan dispuestos a adelantar las elecciones ante la pérdida de legitimidad, pero de ninguna manera van a aceptar que el pueblo sea consultado en un referéndum si desea o no una nueva Constitución. Mucho menos aceptarán una Asamblea Constituyente que ponga fin a los actuales privilegios constitucionales como los contratos ley y las concesiones de nuestros recursos naturales que es el fondo lo que ellos quieren mantener en la actual Constitución de 1993.

No me extrañaría que estén dispuestos a aceptar incluso un golpe cívico militar facista que frene las intenciones que la mayoría de peruanos reclama en las calles y plazas exigiendo un referéndum y que se vayan todos, porque nuestros compatriotas no se sienten representados ni en el actual gobierno de la impresentable Dina Boluarte y mucho menos por el Congreso Nacional que preside José Williams. Los otorongos abusan de su inmunidad e impunidad por lo que cargos que ostentan y ellos se creen dueños de los destinos del país y no le consultan a nadie sus decisiones, salvo a sus caciques que controlan sus partidos y siguen como monaguillos en sus consignas.

Sus actuaciones e intervenciones en el hemiciclo y en los medios de la prensa concentrada limeña donde son caseritos habituales, los han desnudado por completo. Ni un minino de humanidad ni solidaridad a los 60 peruanos fallecidos caídos, ni mucho menos perdón a sus familiares que fueron asesinados impunemente por la represión estatal. Los otorongos con el gobierno actual de la impresentable presidenta Boluarte y del anterior, Pedro Castillo, son los co-responsables de la grave crisis política, económica y social que atraviesa la nación.

Antes y después ya en el gobierno del cajamarquino Castillo, todos los meses promovieron interpelaciones, censuras y vacancias, haciendo ingobernable al poder ejecutivo, en abierto abuso de su funcion de fiscalización y control político que la Carta Magna le reconoce al parlamento. Al Bullying político de la extrema derecha, se sumó la cacería mediatica de la prensa concentrada limeña (con pocas excepciones) que incluyó a la familia del chotano, algo que nunca se hizo contra otros ex presidentes desde 1980 cuando retornó la democracia al país.

Ningún Congreso democrático de cualquier Estado moderno del siglo XXI, toleraría que, en su territorio nacional, las protestas sociales de la poblacion arrojen como saldo más de 60 ciudadanos muertos y centenares de heridos. Un Congrego que nació de la voluntad popular, con tantos muertos ante las protestas sociales y con un saldo escalofriante, de inmediato llamaría a interpelación y censura para que los ministros responsables políticos sean destituidos y procesados judicialmente ante tantos fallecidos. Nada de eso ha pasado en el actual Congreso donde los otorongos conservadores más bien dieron el voto de confianza al gabinete de la muerte liderados por el inefable, Alberto Otárola, donde conviven con el gobierno de turno.

El Estado nació para proteger la vida y la dignidad de la persona humana como lo señala nuestra Constitución en el artículo 1, pero el Estado, entre ellos el Congreso que es un poder estatal, ni las fuerzas armadas ni policiales, no nacieron para asesinar a mansalva a los ciudadanos indefensos. Al decretarse el Estado de Emergencia por parte del gobierno nacional, se dio un cheque en blanco a los soldados y policías para que repriman a la poblacion sin ningún tipo de limite ni control. En este tema concreto, el Congreso omitió su funcion de control político al poder ejecutivo y los ministros, volviéndose cómplices de las masacres, lo que confirma esa alianza política entre el gobierno y la mayoría conservadora del parlamento.

Para ellos, lo importante es mantener el control del gobierno y el Congreso, lo demás son “daños colaterales” como lo han afirmado los voceros de la extrema derecha, que terruquean e insultan a todos aquel que no se alinee con sus ideas conservadoras. Pero todo tiene un límite, porque nada es eterno y algun dia tendrán que rendirle cuentas al soberano y a la justicia interna y externa que no podrán rehuir, porque cuando ya no cuenten con la inmunidad que hoy ostentan, su única salida será salir del país, pedir asilo político o ir a otras galaxias, porque recibirán el repudio de la población y nunca más serán elegidos por el soberano que no les perdonará esa omisión constitucional.

Los peruanos que no pertenecemos ni a la izquierda ni a la derecha, reclamamos justicia como ciudadanos independientes, no exigimos venganza ante la masacre contra un pueblo indefenso. No convalido ni apoyo la destrucción pública ni privada y los desadaptados, deben ser detenidos y procesados respetándose el debido proceso, pero no tolero que se imponga la política del balazo ni la paz de los cementerios ni la represión indiscriminada que exigen los talibanes de la derecha al gobierno nacional.

El secuestro del parlamento por la derecha y extrema derecha parlamentaria, se observa cuando ellos en la Junta de Portavoces a espaldas de la poblacion, definen qué temas se priorizan y cuáles son los que postergan. Los proyectos que a ellos les interesa suben por el “ascensor” para ser aprobados, pero los proyectos que no les interesa lo mantienen en la “congeladora”. En ningún momento los ciudadanos somos consultados sobre la agenda parlamentaria, algo inaudito en una democracia moderna y participativa donde deberia consultársele a la poblacion en audiencias públicas. La grave crisis que hoy atraviesan la generaron los otorongos conservadores, porque sin ser gobierno elegido por el pueblo, quisieron imponerle la agenda al cajamarquino presidente que no estuvo preparado para gobernar y se rodeó de funcionarios incompetentes.

La grave crisis no la generaron los sindicatos, las universidades ni los colegios profesionales del país. Hoy mismo, el pueblo que se moviliza en calles y plazas, no exige servicios básicos, ni infraestructura, ni siquiera aumento de sueldos. Exige y demanda su derecho político a ser escuchado y gobernado por políticos decentes, honestos, probos y austeros. Es decir, no se siente representado por el Congreso ni por el gobierno nacional, lo que pone en evidencia la grave crisis de representación, donde los ciudadanos ya no creen en nadie. Eso es lo que no entienden las cúpulas de la partidocracia que hoy gobiernan en el parlamento. Sus monaguillos parlamentarios han impuesto la dictadura del voto para bloquear toda reforma que ponga en riesgo sus intereses políticos y económicos.

Han llegado al extremo de reducir a su mínima expresión el derecho al referéndum mediante una reforma constitucional, porque en el fondo se han dado cuenta, que el pueblo en su mayoría, es consciente de sus derechos y saben que, en una eventual consulta nacional, no les dará la razón y votará por una nueva Constitucion. Eso no los deja dormir y por eso estan bloqueando todas las votaciones para evitar que el pueblo sea consultado en las ánforas. Ellos creen que les hemos dado un cheque en blanco para que hagan lo quieran con el país en cinco años y estan equivocados.

Hemos tenido varios referéndums en el siglo XXI. Entre ellos, cuando se consultó al país sobre la unión de varias regiones en el gobierno de Toledo, cuando se consultó al electorado si debían devolverle a los fonavistas sus aportes, pero también en el gobierno de Vizcarra cuando se les preguntó a los peruanos en las cedulas electorales si aprobaba o no algunas reformas constitucionales como la reelección inmediata y la creacion del Senado que fueran rechazadas en las ánforas y que hoy la extrema derecha quiere resucitar y poner en agenda para asegurar su presencia en el próximo parlamento. Eso es un chantaje inadmisible, porque tanto la reelección como el Senado, fueron rechazados en las ánforas.

Hoy los conservadores no quieren referéndum porque se pone en riesgo su “sacrosanta” Constitucion del 1993, especialmente el capítulo económico y de recursos naturales. Ese es el tema de fondo que temen perder en una consulta popular, lo que evidencia a qué intereses representan en el hemiciclo.

Ellos como tienen más de 70 votos, quieren seguir utilizando el parlamento como “un peaje” constitucional”. Es decir, aprueban lo que ellos quieren y defienden los artículos constitucionales según sus intereses políticos, ideológicos y económicos, pero rechazan y bloquean otros proyectos de reforma constitucional que atente contra sus intereses. Utilizan un poder estatal no en funcion de los intereses de las mayorías nacionales, sino de las minorías que les financian sus campañas y los tienen como peones y serviles a los grupos económicos y transnacionales. No aceptan nada que choque al “libre mercado” que pregonan, pese a que nuestra Constitución tiene como principio la “economía social de mercado”, lo que en los hechos no se cumple ni se practica a plenitud.

No entienden que cualquier crisis aguda que tiene un país, la única forma de salir de ella es consultarle al pueblo para que defina su propio destino, pero la extrema derecha no quiere consultarle nada al soberano. Eso confirma que son “seudodemocratas”, porque en toda democracia moderna cuando un tema de interes público es motivo de controversia publica, es el soberano o el pueblo quien definen finalmente en las ánforas quien tiene la razón.

Solo las calles y las plazas públicas ocupadas por ciudadanos pacíficos en movilización, derrotarán tarde que temprano al gobierno de la muerte de Dina Boluarte y al Congreso secuestrado y capturado por la derecha y extrema derecha que hoy más que nunca es el más impopular en los 43 años de democracia desde 1980. Un Congreso que apenas tiene un 10% de aprobación y más del 80% de rechazo popular por su intransigencia e intolerancia, no le puede poner condiciones al soberano, ni mucho menos desconocer que el referéndum es un derecho constitucional que ningún poder estatal puede mezquinarle a los ciudadanos.

Ellos, los que han secuestrado al primer poder del Estado, tendrán hoy el poder político y económico y el apoyo de la prensa concentrada, pero no tienen el corazón, el alma y el respaldo mayoritario del pueblo que exige que se vayan todos, nuevas elecciones y que el soberano sea consultado en las ánforas. En resumen, el poder constituyente le pertenece al pueblo en todas sus esferas sociales y ningún poder constituido como el legislativo, puede estar por encima del poder constituyente que es el soberano, de donde emana toda fuente de poder en toda democracia.

Concluyo esta reflexión señalando que el derecho al referéndum, es uno de los indicadores de cualquier democracia en un Estado moderno y eso es lo que nos quiere conculcar la derecha conservadora que hoy h capturado y secuestrado el Congreso y no desean que se nos consulte a los peruanos si queremos o no una nueva Carta Magna. El gran escritor francés de renombrada fama mundial, Denis Diderot, acuñó una frase que hoy cobra más importancia que nunca en esta crisis que soportamos los peruanos: “No hay más soberano legítimo que la Nación, no puede haber más legislador que el pueblo en las ánforas”.

Hugo Amanque Chaiña – Periodista y Abogado