43 abogados del sur del país el 20 de enero presentaron ante la Corte Penal Internacional una denuncia por crímenes de genocidio y lesa humanidad cometidos por acción u omisión contra once altos funcionarios publicos del Estado Peruano. Entre ellos, contra la presidenta Dina Boluarte, el ex primer ministro Pedro Angulo, el ex ministro de Defensa y actual primer ministro, Alberto Otárola, el ex ministro del Interior, Cesar Cervantes, el ex ministro del Interior, Victor Rojas, el ministro de Justicia, José Tello, Manuel Gomez de la Torre, Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Liz Patricia Benavides Vargas, Fiscal de la Nación, Raúl Alfaro Alvarado, Comandante General de la Policía Nacional, Jorge Montoya Manrique y Patricia Chirinos Venegas, Congresistas de la República.

Entre los argumentos de hecho, los denunciantes señalan ante la Corte Penal Internacional que el 07 de diciembre del 2022 el presidente Castillo dio un golpe de estado quien fue detenido por los supuestos delito de rebelión y conspiración a la rebelión contra los poderes del Estado deteniéndolo por 7 días sin la realización del antejuicio que señala la Constitución, dictándose posteriormente una resolución judicial de su detención por 18 meses.

Desde entonces asumió la presidenta Dina Boluarte con un nuevo gabinete ministerial, lo que generó una grave crisis política e institucional desarrollándose cientos de protestas a nivel nacional quienes en sus movilizaciones han exigido la renuncia de Boluarte, una asamblea constituyente que elabore una nueva Constitucion, el cierre del Congreso y adelanto de elecciones generales.

La denuncia señala que luego algunos ministros renunciaron, y asumió el premiarato, Alberto Otárola y se designó nuevos ministros, pero el gobierno inició una criminal represión la que fue instigada y convocada por los congresistas, Jorge Montoya y Patricia Chirinos, quienes calificaron a los protestantes como “terroristas y criminales”, quienes exigieron al gobierno que saque a las fuerzas armadas, imponga el toque de queda y recupere el orden público y lo mismo hizo el periodista Philips Butters en su programa de televisión.

Los denunciantes afirman que los manifestantes han utilizado piedras, palos, han quemado llantas de vehículos en las carreteras e incendiado algunos locales publicos, pero no usaron armas de fuego ni mucho menos de guerra. Afirman que la presidenta declaró el estado de emergencia el 12 de diciembre lo que permitió que la policía y el ejército ocasionaron el asesinato de personas generadas por proyectiles de armas de fuego de largo alcance militar, atentando contra el derecho a la vida, la integridad física, el derecho a la protesta, la libertad de tránsito, igualdad ante la ley y no discriminación.

La denuncia afirma que las protestas sociales generaron en Apurímac el asesinato de 6 personas, en Arequipa 3 personas, en La Libertad 1 persona, en Ayacucho 10 personas, en Junín 3 personas, en Cusco 1 persona, en Puno 21 personas, sumando un total de 52 asesinatos y miles de heridos en el territorio nacional. Los abogados denunciantes afirman que la Fiscal de la Nación mediante resoluciones dividió las fiscalías especializadas en derechos humanos en fiscalías especializadas contra el terrorismo, desmantelando el subsistema que investiga graves violaciones de derechos humanos reduciendo la capacidad para investigar 52 asesinatos por disparos de armas de fuego.

Agregan que las fuerzas policiales han ingresado violentamente a locales de organizaciones sociales en Lima e interior del país, utilizándose el terruqueo contra los manifestantes, deteniéndose a decenas de dirigentes populares. Sostienen asimismo que el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo declaró ante una Misión de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA que en el país no habia violación de derechos humanos, sino que habia dos vertientes, entre ellos los justos reclamos de la poblacion y los actos vandálicos de algunas personas.

Entre los argumentos de derecho, la denuncia ante la Corte Penal Internacional, sostiene que en las últimas semanas se han formalizado varias denuncias penales en el Perú, pero se ven obligados a recurrir ante la Corte Penal Internacional por excepcionalidad por razones humanitarias y en atención a la proscripción de la impunidad frente a graves crímenes de genocidio y lesa humanidad, ya que el Estado Peruano suscribió el Estatuto de la Corte Penal Internacional el 07 de diciembre del 2000.

Agregan que en estos supuestos normativos calzan las conductas de los denunciados, en cuanto a su nivel de participación delictiva, unos, como autores/coautores, y otros como instigadores: la presidente de la República, el jefe de la presidencia del Consejo de Ministros y los Ministros de Defensa y del Interior han cumplido con la planificación y aprobación del Estado de Emergencia, en clara coordinación con los altos mandos militares y policiales, quienes lo llevan adelante, de tanto que actúan en un nivel de coautoría clásica: 1) decisión común, 2) reparto de roles y 3) cumplimiento del rol en la ejecución de los crímenes.

Por lo tanto, responde en calidad de coautores. Así también responden, en la estricta lógica de la cadena de mando, todos los ejecutores directos de los crímenes denunciados. En tanto que los congresistas Jorge Montoya Manrique y Patricia Chirinos Venegas, y otros que resulten de la investigación, su participación delictiva ha sido la de instigar y seguir instigando en la “necesidad” de consumar los crímenes genocidas y de lesa humanidad contra los manifestantes para “establecer” así el orden político contra los supuestos actos terroristas, que no existen. Ya que la población civil no porta armas ni ha cometido atentados terroristas con explosivos donde se hayan producido muertes.

La denuncia sostiene que la Fiscal de la Nación, siendo la primera personalidad que representa la legalidad y la protección de los derechos ciudadanos, debe responder penalmente por comisión por omisión, ya que al ser testigo de los crímenes que se vienen produciendo a nivel nacional no activa la persecución penal para detenerlos y sancionarlos, por lo que su omisión se representa en el resultado matanza y asesinatos de la población civil; y a pesar de existir denuncias contra estos crímenes, ni siquiera se han emitido disposiciones de inicio de investigación. Siendo que para detener y procesar a la población civil que está en contra del gobierno de turno y sus políticas, la fiscalía resulta muy rauda; pero, para iniciar acciones contra quienes realizan las ejecuciones extrajudiciales contra los civiles; resulta tan muy aletargada e incluso ausente.