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La congresista Ruth Luque, presentó el 16 de enero el proyecto de reforma constitucional para incluir la exigencia de consulta popular por reformas constitucionales que efectué el Congreso de la República. Luque indica que su proyecto consiste en incorporar una disposición transitoria a fin de exigir de modo obligatorio que el procedimiento de reforma constitucional al que se refiere el artículo 206 de la Constitución Política del Perú se ratifique mediante referéndum.

Plantea por lo tanto la incorporación de la Cuarta Disposición Transitoria Especial a la Constitución Política del Perú, en los siguientes términos: «Cuarta. – Hasta la realización de las elecciones generales extraordinarias para presidente, vicepresidentes, congresistas de la República y representantes al Parlamento Andino por acortamiento del mandato, se establece que las reformas constitucionales a las que se refiere el primer párrafo del artículo 206 de la Constitución Política del Perú sean ratificadas de modo obligatorio únicamente por vía referéndum”.

La congresista Luque refiere que las demandas de las protestas ciudadanas claramente no incluyen reformas electorales y/o constitucionales y sí un adelanto de elecciones generales lo antes posible, por lo que el Congreso de la República finalmente aprobó en primera votación el adelanto de elecciones para abril del 2024 con la finalidad de realizar reformas electorales y constitucionales que permitan mejorar el sistema político institucional. De modo que, circunstancialmente esta propuesta busca moderar la situación conflictiva permanente canalizando como corresponde la participación social y ciudadana a fin de democratizar durante esta transitoria al régimen político actual.

Por ello, plantea la participación popular en los procesos de reforma de la constitución de manera obligatoria y temporal a fin que las reformas constitucionales que se aprueben tengan la legitimidad debida y con ello se evite futuros desacuerdos y se agudice la crisis política. Su temporalidad esta sostenida en la grave situación de excepcionalidad que vivimos.  La congresista sostiene la necesidad y urgencia de la propuesta que se sustenta en la casi nula legitimidad del actual congreso para realizar cambios tan importantes como reformas constitucionales.

Ante este escenario se la pregunta ¿Es posible que un congreso pueda realizar reformas constitucionales cuando la población nacional pide amplia y mayoritariamente su cierre y la desaprueba categóricamente? Luque señala que el Congreso ha cerrado los canales para que la ciudadanía participe de las reformas constitucionales. Pese a que la Constitución reconoce como regla general la reforma constitucional con la participación de los ciudadanos, pese a ello, el uso de este mecanismo de reforma ha sido casi nulo en la historia del Perú desde la entrada en vigencia de la actual Constitución. La parlamentaria de izquierda indica que la actual composición del Congreso de la República ha obstruido permanentemente toda propuesta sobre referéndum, consultas populares y procesos constituyente, limitando de este modo el derecho fundamental a la participación ciudadana, pero al mismo tiempo, distorsionando el sentido y naturaleza de la dación de una Constitución, desconociendo su origen democrático y la soberanía popular que subyace en la norma normarum.

Al mismo tiempo, el actual Congreso de la República ha emitido leyes para distorsionar los preceptos que están en la propia Constitución que la propia mayoría parlamentaria dice querer conservar. La congresista remarca que la Constitución y su significado ha sido monopolizado por los actores parlamentarios, y se ha cerrado las puertas a la participación ciudadana. Esta es una de las causas directas que generan el radical malestar de la población con el fuero parlamentario, al haber sido excluido de modo sistemático de las grandes decisiones y viendo como el Congreso ha utilizado la norma constitucional a su propia conveniencia.

Ante esta situación descrita. Luque sostiene que si este congreso se propuso a dar reformas políticas y electorales estas deben ser ratificadas por la vía referéndum, de lo contrario, lejos de lograr un cambio que atenúe o salve la crisis política solo provocará mayor disconformidad y agudice los conflictos político-sociales. Finalmente refiere que seguir con el primer procedimiento de reforma de la Constitución permitirá tener un tamiz para proponer reformas políticas mejor planteadas, pues, al estar sujeto a la ratificación de la población, estarán más pensadas en cambios que atiendan los problemas del país y de amplio consenso y no serán pensadas en beneficiar intereses particulares siguiendo la lógica de negociar votos entre congresistas para poner reformas de acuerdo a la conveniencia de cada grupo. De lo contrario, será la población quien vete dichas reformas constitucionales.