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Al mes de diciembre 2022, la Defensoría del Pueblo a través de la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad, reportó que en la región Arequipa se registraba tres conflictos sociales no dándose diálogos entre las autoridades y las poblaciones en conflicto. Estos conflictos deben ser resueltos por el gobierno nacional representado por la presidenta, Dina Boluarte y ministerios del poder ejecutivo, pero también por el gobierno regional de Arequipa que dirige el gobernador, Dr. Rohel Sánchez. Dichos conflictos latentes son los siguientes:

1.- El conflicto socio ambiental desde septiembre 2022 que iniciaron los agricultores de la Junta de Usuarios del Valle del Tambo, Junta de Usuarios de La Ensenada-Mejía, Junta de usuarios de Punta Bombón, autoridades distritales y provinciales de la provincia de Islay quienes rechazan la Resolución Directoral N° 0624-2022-ANAAAA.CO, que otorga la licencia de uso de agua superficial con fines mineros de los ríos Titire y Vizcachas de la cuenca del río Tambo, en favor de la empresa minera Anglo American Quellaveco S.A. Las referidas juntas de usuarios y autoridades señalan que esta resolución afectaría el caudal de los afluentes a la cuenca del río Tambo, perjudicando las actividades agrícolas. El conflicto se ubica en la provincia de Islay.

2.- El conflicto socio ambiental que se inició en noviembre del 2020 entre los mineros informales de Calpa Renace se enfrentaron con personal de seguridad de la empresa Intigold Mining el 29 de noviembre y el 2 de diciembre de 2020 en la unidad minera Calpa ubicada en el distrito de Atico, por un presunto intento de desalojo de mineros informales. Estos últimos expresaron su desacuerdo con la empresa porque estaría exigiendo el pago de regalías del 40% como contraprestación, mientras que, la empresa manifiesta que los mineros informales habrían ingresado ilegalmente a la unidad minera. Por otro lado, mineros informales de Atico Calpa, quienes señalan tener un acuerdo con la empresa Intigold para trabajar en su concesión minera, manifiestan que habrían sido agredidos por mineros informales de Calpa Renace. Este conflicto se ubica en el distrito de Atico, provincia de Caravelí.

3.- El conflicto de jurisdicción nacional se ubica en la provincia de Caylloma donde los agricultores y ciudadanos reclaman al Poder Ejecutivo y al Gobierno Regional de Arequipa tratar sobre la ejecución del proyecto Majes Siguas II, la represa de Angostura, el asfaltado de la vía Vizcachani a Orcopampa y la conformación de un fondo minero. Los actores primarios son el Frente de Defensa de la provincia de Caylloma, Gobierno Regional de Arequipa, Ministerio de Energía y Minas (MINEM), Ministerio del Ambiente (MINAM), Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), Autoridad Autónoma de Majes (AUTODEMA).

A diciembre 2022, la Defensoría registró un total de 221 conflictos sociales en el país, de los cuales 160 eran conflictos activos y 61 eran conflictos latentes. El informe defensorial señaló del total de conflictos sociales, 137 eran competencia del gobierno nacional, 58 de los gobiernos regionales, 18 de los gobiernos locales, 3 del Poder Judicial, 3 del Poder Legislativo y 2 de Organismos Constitucionales Autónomos. El 63% eran conflictos socio ambientales, el 10% conflictos comunales, el 7% del gobierno nacional, el 6% de los gobiernos regionales, el 4.5% de los gobiernos locales, el 2.7% de aspectos laborales, el 1.8% de demarcación territorial y el 0.5% de cultivo ilegal de hoja de coca.